El Tribunal Supremo ha confirmado que la expulsión de Ceuta a Marruecos que se realizó en agosto de 2021, durante el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, no cumplió ni con la Ley de Extranjería, ni con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Por lo que la noticia de que una ley tan injusta y racista como esta fuera ignorada en las deportaciones de agosto de 2021 nos deja una imagen sombría de la brutalidad con la que actuaron las fuerzas represivas del Estado.
En agosto se produjo la entrada al Estado español de unas 12.000 personas, entre ellas unos 1.500 menores cuya integridad física y moral fue vulnerada, como explica el Tribunal Supremo. Estos menores fueron expulsados ilegalmente sin que se tuviera en cuenta sus intereses ni sus circunstancias personales.
Sin embargo, el ministro de Interior Marlaska se empeña en defender la expulsión ilegal que se produjo bajo su dirección, asegurando que actuaron preservando el “interés superior del menor”. Estas aseveraciones ya han sido desmentidas por la Sala.
Estas devoluciones “en caliente” no serían posibles, sin embargo, sin la complicidad del Estado marroquí y de su policía, aplaudida por el presidente del Gobierno por su “extraordinaria cooperación” en las fronteras.
El papel de Marruecos a la hora de defender los intereses del imperialismo español es claro: no solo no hizo ningún tipo de queja sobre el modo mediante el cual se devolvió a los migrantes, sino que apoya esas devoluciones con el Acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores.
Como lo hace el activista antirracista Youssef M. Ouled, también nosotros nos preguntamos: “¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con esos niños maltratados, abandonados, humillados, expulsados? ¿Qué pasa con otras muchas veces en las que esto no se ha denunciado? ¿Qué hacemos con unas instituciones que no entienden de derechos porque operan bajo lógicas raciales?”.
Esta es sólo una pequeña parte visible de todos los abusos perpetrados y encubiertos por las fuerzas represivas y por el Estado de forma sistémica. Hay multitud de casos de medidas ilegales que se cometen continuamente contra los migrantes y racializados y que no llegan a ser denunciadas.
Este es el marco en el que se montan políticas ultra reaccionarias e imperialistas como la misión marítima en Mauritania para "defender" Melilla que propone Vox. Aunque muchos se escandalizan con este tipo de políticas promovidas por la ultraderecha, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos aplicaron parte de su programa, sin que entonces ningún miembro del gobierno lo criticara (incluyendo Podemos).
La situación de racismo sistémico en el Estado español es innegable, ya sea con gobiernos de derecha o “progresistas”. Los encarcelamientos en CIEs, las devoluciones en caliente, la persecución, los trabajos precarios, la falta de acceso a sanidad pública (y un largo etcétera), sirven para dividir a la clase trabajadora y descargar en los más oprimidos toda la miseria del sistema capitalista. Y esta deshumanización de las vidas migrantes, aplaudida por el más deplorable nacionalismo de la derecha, persiste también detrás del falso discurso progresista de los partidos del Régimen: PSOE, antes Podemos y ahora Sumar.
Frente a este profundo crimen social, no nos conformamos con el mal menor del Gobierno progresista, que dice preocuparse por cuestiones sociales, pero gobierna para las grandes empresas, deja morir a migrantes en pateras o los deporta ilegalmente.
Ante estas injusticias, desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadoras y Trabajadores (CRT), y nuestras agrupaciones Contracorriente y Pan y Rosas, luchamos por la derogación inmediata de la ley de extranjería, el cierre de las cárceles para extranjeros que son los CIEs, la regularización de todxs lxs migrantes y el freno al rearme imperialista y a sus políticas, que generan guerras y expulsan a los habitantes de sus tierras. Nadie será libre hasta que todo el mundo sea libre. ¡La clase obrera es una y sin fronteras!
