Cerca de las 10 de la mañana, la Sala de Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la discusión sobre uno de los proyectos emblemáticos del gobierno, la reforma a las pensiones. Este proyecto, busca establecer un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo. Además, busca mejorar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y realizar ajustes regulatorios en la materia.

La iniciativa llega a la Sala después de intensos debates y negociaciones entre el Ejecutivo y los parlamentarios en las comisiones de Trabajo y Hacienda, donde el Gobierno tuvo que aceptar una nueva propuesta de distribución del 6% de cotización adicional, evidenciando un cambio de postura frente a las posiciones iniciales.

Lo que salió de las comisiones

El día lunes, la Comisión de Hacienda aprobó y envió el proyecto a la Sala de la Cámara. Se respaldaron los aspectos pendientes de la normativa, centrados principalmente en el pago de la PGU y su forma de financiamiento. Además, el ejecutivo comprometió el envío de una ley, que si es aprobada con celeridad, implicaría el aumento de la PGU a $250mil para fin de año.

También se aprobaron modificaciones al beneficio del Seguro de Cesantía, para abordar el problema de las lagunas previsionales.

A lo anterior se suma lo aprobado la semana pasada, la creación del Seguro Social Previsional, con la distribución del 6% de cotizaciones adicionales. Este monto se dividirá en partes iguales para la capitalización individual y el sistema de reparto, propuesta realizada por la DC y la gran concesión que hizo el gobierno en torno al debate sobre si profundizar o no la lógica de la capitalización individual, que es lo que sostiene el modelo actual.

De esta manera, un 3% se destinará a la capitalización individual con solidaridad intrageneracional, mientras que el otro 3% irá al seguro social, permitiendo el pago de una garantía de 1 Unidad de Fomento (UF) por cada 10 años cotizados.

Además, como ocurrió anteriormente en la Comisión de Trabajo, se aprobaron otros aspectos como división de la industria de pensiones en dos nuevas áreas: se crean los Inversores de Pensiones Privados (IPP), que sustituirán a las AFP, y normas sobre el Inversor de Pensiones del Estado (IPE), un ente público que gestionará fondos de pensiones. Si se aprueba la reforma, los IPP serán los nuevos responsables de seguir utilizando los fondos de la cotización de cada trabajador para la ruleta del mercado de capitales.

Durante el día de hoy seguirá la discusión y finalmente la votación, lo que mantiene sobre la cuerda al gobierno, si no logra sortear la votación de hoy, será otra reforma clave en el programa de gobierno que no logra pasar el congreso, lo que dejará con una perspectiva muy negativa al gobierno en torno a sus promesas de campaña.

Los votos

Para que el proyecto avance, se requieren 78 votos a favor, votos que el gobierno aun no tiene pero se encuentra haciendo un intenso lobby al interior del congreso para asegurar que el proyecto no caiga.

La derecha, fiel defensora de los intereses del negocio de las AFP ya aseguró que votará en contra del proyecto, mientras que algunos diputados de la DC o del PDG han anunciado su voto a favor, sin embargo aún no hay claridad si se logrará o no superar el piso.

A pesar de la claudicación del gobierno que pasó de firmar el compromiso de terminar con las AFP y hacer suya la propuesta de la coordinadora No más AFP, tras el debate parlamentario, el gobierno terminó defendiendo a penas dos ideas que no están ni cerca de modificar radicalmente el sistema de jubilaciones que hay en el país.

Por una parte se refuerza el modelo de capitalización individual que, aun cuando tendría un componente solidario muy mínimo, mantiene la lógica neoliberal de rascarse cada quien con sus propias uñas. Por otro lado, la división del sistema en dos entidades (IPP e IPE), tampoco modifica radicalmente la crítica que se hiciera a qué se hace con los fondos de pensión, ya que ese fondo seguirá en manos de especuladores que transan enormes sumas de dinero al servicio de los grandes bancos y los principales grupos económicos nacionales y extranjeros.

Finalmente la reforma no es más que un poco más de lo mismo, una política en la medida de lo posible y a la medida de los grandes grupos empresariales y las propias AFP.

Acabar con las AFP y las pensiones de miseria

Para acabar con las pensiones de hambre que entregan las AFP hay que avanzar a un sistema de reparto, solidario, controlado por comités de jubilados y trabajadores, que discuta y resuelva, democráticamente, qué hacer o donde invertir esa enorme bolsa de dinero que hoy está al servicio de los bancos y grupos como Luksic o Paullmann que acceden a créditos baratos para capitalizar sus propias empresas o financiar sus inversiones, aumentando exponencialmente sus riquezas, eso mientras las y los jubilados depende de pensiones de hambre y que el Estado, a través de la PGU.

Luchar por un nuevo sistema de pensiones es una tarea pendiente que quedó planteada durante la revuelta y que claramente este gobierno, ni ningún gobierno que tenga compromisos con los empresarios, podrá resolver.