El lugar dado a la cautelar se debió a que los fuertes aumentos a aplicar en febrero no respetaban el proceso de la realización de audiencias públicas, donde distintos sectores pudieran participar. Esas instancias previstas legalmente para las modificaciones en los cuadros tarifarios habían sido reemplazadas desde la Secretaria de Transporte de Milei por un lugar en la web Mi Argentina para dejar comentarios. Si bien la suspensión es tan solo por 5 días y pone el foco en la inexistencia de audiencias públicas, la medida proveniente del poder judicial es un nuevo traspié para el Gobierno, que viene cosechando amparos y cautelares en otros fueros.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora aceptó este miércoles la medida cautelar solicitada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, para suspender las subas en los boletos del colectivos y trenes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciados por la Secretaría de Transporte de Javier Milei. Los aumentos anunciados buscan subir la tarifa mínima de colectivos a $270 y la del tren a $130, un aumento de 251% y 169%, respectivamente. La suspensión tiene un plazo de 5 días, hasta que se "readecúe el proceso de participación ciudadana".

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El juez Ernesto Kreplak del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°3 hizo lugar a la medida cautelar ya que el modo en que el Gobierno pretendía aplicar las fuertes subas, se incumplía el debido proceso de llamar a audiencias públicas previas para garantizar la participación de diversos sectores de la sociedad.

Dicha instancia fue reemplazada por un mero espacio en la web Mi Argentina donde se pudiera dejar un comentario de 5.000 caracteres.

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Según la resolución judicial, se suspenden "los efectos del proceso de consulta pública establecido por la Resolución 1/2024 del Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Infraestructura - Secretaria de Transporte, conforme la Resolución 616/2018 del entonces Ministerio de Transporte, con los fines de modificar el cuadro tarifario del transporte automotor de pasajeros urbano y suburbano de jurisdicción nacional y del transporte ferroviario de pasajeros de jurisdicción nacional". Y esto será “por el plazo de cinco días, tiempo durante el cual se deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos enunciados, readecuando el procedimiento de participación ciudadana”.

Aunque probablemente sea una suspensión temporaria, se trata de un nuevo escollo en los planes del Gobierno en distintas áreas. La cautelar actual en materia de transporte se suma al amparo presentado por la CGT que llegó ya a la Corte Suprema, junto al lugar dado a cautelares respecto a las subas en las prepagas, o a importaciones y exportaciones, entre otras.