La movilización estudiantil se desató tras un escándalo de corrupción y nepotismo imposible de ocultar, que desenmascaró el uso que el Partido Colorado viene haciendo desde tiempos de la dictadura stronista (1954-1989) de las estructuras universitarias y del dinero público destinado especialmente a la Universidad de Nacional de Asunción (UNA).
Los estudiantes de dicha casa de estudios decidieron tomar el campus central, exigiendo la renuncia del rector y agregando luego demandas más centradas en mejorar el sistema educativo universitario paraguayo.
El escándalo se inició por la publicación mediática por parte de un diario de tirada nacional de un conjunto de datos sobre las contrataciones y los sueldos que el rector había gestionado para su familia y allegados.
Además, se descubrió que los representantes estudiantiles también fueron denunciados por cobrar favores por parte el rector y con ello garantizar su silencio.
Según información del presupuesto general de gastos de la nación, la UNA contaba con alrededor de 55 mil alumnos, y más de 25 mil docentes, lo que dejaba un saldo de menos de 3 alumnos por docente. Lo mismo sucede con otras universidades nacionales del país, como la del Este, la de Pilar y la de Concepción con promedio de menos de 4 estudiantes por docente, y las de Canindeyú, Itapúa, Caaguazú y Villarica con menos de 3. La planta docente es mucho más amplia de lo que se acostumbra en este nivel educativo.
Las tomas se sucedieron unas a otras y las exigencias comenzaron a circular sobre todo en internet y redes sociales.
El sistema educativo paraguayo está atravesado por las consecuencias del vaciamiento, la caída constante de presupuesto destinado al área, la deteriorada y escasa infraestructura y el empobrecimiento curricular. Los establecimientos privados de educación proliferan, abriendo sedes y carreras que carecen de una revisión de calidad por parte del estado y funciona de válvula de escape a una educación pública que se vacía progresivamente.
Específicamente en el nivel universitario, la institución más antigua y de mayor matrícula: la UNA, se volvió una extensión de los partidos tradicionales, que la utilizan para retribuir favores políticos, emplear a sus correligionarios y familiares o solventar ciertas luchas facciosas internas.
Tras la toma, el accionar de la fiscalía apuntó a criminalizar a los jóvenes y no a proteger la documentación, que las autoridades universitarias intentaron quemar y robar para que la justicia no pueda acceder a ella. Los estudiantes tuvieron que resguardar todo el espacio y las evidencias, mientras la fiscalía les señalaba que era ilegal lo que estaban haciendo.
La secuencia de renuncias en la Universidad Nacional de Asunción fue: Froilán Peralta (rector); Antonio Rodríguez y Vicente Renna (decano y vicedecano de Economía); Isacio Vallejos (decano de Ingeniería), Andrés Amarilla (vicerrector), Aníbal Peris (decano de Medicina); y Juan Gualberto Caballero y Mario Insaurralde (decano y vicedecano de Veterinaria).
Tras todas estas abdicaciones, el 29 de Septiembre, el Consejo Superior Universitario de la UNA nombró al decano de Arquitectura, Ricardo Meyer, como rector interino hasta el nuevo llamado a elecciones, planificadas para las próximas semanas. Meyer, quien además es candidato a la intendencia de Asunción para las elecciones de este año por el luguista Frente Guasú, tomó el cargo luego de que el decano de Ciencias Químicas lo hubiera rechazado.
Entre las primeras comunicaciones del candidato a intendente, se encuentra el desacertado llamado a “desmovilizarse” que remitió a los estudiantes que ocupaban el predio.
Además de no aceptar el pedido, otro grupo agudizó la toma, ya habiendo incorporado a las demandas la renuncia de la decana de Filosofía.
Por su parte, el ex rector Froilán Peralta será enviado a prisión porque la justicia consideró que existe peligro real de obstrucción a la investigación, por lo que será recluido en la Penitenciaría de Tacumbú.
En el contexto de la lucha universitaria, cooperativas de trabajadores, asociaciones, e incluso las familias de presos políticos y de los fallecidos en la Masacre de Curuguaty (hecho que en 2012 terminó con la vida de 11 campesinos, 6 policías y que desencadenó el juicio político con el que se dio fin a la presidencia de Fernando Lugo) donaron alimentos y acompañaron las acciones. Además, en todo el mundo se repartieron mensajes y manifestaciones de apoyo, organizadas generalmente por migrantes educativos del Paraguay.
En paralelo, los estudiantes de secundarios anunciaron un paro a partir del jueves 1 de octubre. En el marco de negociaciones con el Ministerio de Educación (MEC) y tras fallidas reuniones, los jóvenes anunciaron movilizaciones por falta de cumplimiento de una lista de exigencias que elevaron a la Ministra.
Utilizando el slogan UNAnotecalles, la organización estudiantil ha logrado en la última semana un sacudón en una de las instituciones públicas de mayor relevancia y ha conseguido que personas cuyo poder era discrecional y lo ejercían claramente en detrimento de la calidad educativa y del estudiantado, deban alejarse de la universidad e incluso estén enfrentando instancias judiciales por su accionar.
(*) La autora es Doctora en Ciencias Sociales y coordinadora Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay en la Universidad de Buenos Aires. | 
