Fotografia : Subrayado
Los agarran en la puerta de sus casas, actúan en grupos de policías de civil que desempeñan tareas de inteligencia, y en algunos casos sin mediar orden judicial ni notificación, los meten en un auto particular y los llevan incomunicados al juzgado, los hacen declarar por horas, y luego los procesan por "atentado agravado" por haber participado en la manifestación que fue reprimida en la puerta del Codicen. Luego, el procesamiento es exprés y la condena también: 200 horas de tareas comunitarias. ¿Garantías democráticas? ¿Para qué?
Los procesamientos aumentan día a día
Ya son 9 los procesados –y uno en suspenso- entre estudiantes y docentes que luchaban por el 6 % del PBI para la educación pública, y trabajadores de otros gremios, como el del taxi, que se solidarizaban con esta lucha.
Todo indica que seguirán los procesamientos y detenciones en los próximos días. Buscan escarmentar a quienes salen a luchar, es decir, criminalizar la protesta social. A los reclamos se les responde con represión, y en esa vía, se vulneran derechos básicos elementales.
En los últimos procesamientos se apeló a los servicios de inteligencia y se violaron todas las garantías: no se dejó una citación en ningún domicilio, se llevó por la fuerza sin mediar palabra, se mantuvieron incomunicados durante las horas que duró el interrogatorio, se actuó siempre de civil y con autos particular, etc.
Es inevitable la comparación de esta metodología con la que se utilizó durante la dictadura, donde los operativos eran “secretos” y se quería esconder el plan sistemático de persecución y aniquilamiento de una generación de luchadores sociales y sindicales que floreció en los 60 y 70.
La estrategia de criminalizar la protesta social
La represión en el Codicen, el trato vejatorio y humillante en el Cuartel de la Guardia Republicana y las posteriores detenciones ilegales develan el propósito del gobierno frenteamplista: dar un escarmiento a todo aquel individuo o grupo que mantenga una postura firme contra alguna de las políticas oficiales. Buscan quebrarlos, amedrentarlos y quieren que este castigo sea “ejemplar” para todo el resto.
Violan sus propias leyes
El Ministerio del Interior sigue afirmando cínicamente que en el operativo de desalojo no se violó ninguna ley y se preservaron los derechos humanos. Pero se sabe que las fuerzas represivas irrumpieron violentamente en el edificio por la puerta de atrás, es decir sin aviso previo, y en el medio de una negociación vigente con autoridades del gobierno, a lo que se suma el hecho de tratarse de menores de edad. Una vez desatada la represión, se escucharon amenazas de los policías contra los gurises que “no verían nunca más a sus padres”, se detuvo a personas que no opusieron resistencia, se arrastraron a jóvenes por el piso llevándolos de los pelos, se golpeó entre varios policías al abogado de los estudiantes. Es decir, Bonomi miente, dice que se hizo todo en los marcos de la ley, de esta ley que está hecha contra los pobres y en beneficio del poder, pero una ley que ellos mismos violan constantemente para poder reprimir mejor.
Las primeras manifestaciones de repudio
Tanto la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) como otros colectivos de estudiantes secundarios y terciarios se manifestaron enérgicamente contra la criminalización de la protesta. También lo hicieron los docentes agrupados en el sindicato de profesores de ADES Montevideo que venían realizando paros ante cada detención ilegal. La Asociación de Magisterio (ADEMU) también convocó a una jornada de repudio frente al Palacio Legislativo. ADES Montevideo, además, votó en asamblea, lanzar una Campaña contra la Criminalización de la Protesta y por el Desprocesamiento de todos los luchadores, y hacer extensiva la campaña al resto de los gremios de la educación en la próxima Asamblea Intersindical prevista para el próximo sábado.
Prácticamente todos los gremios de la educación salieron a las calles, en vez de amedrentados, se sintieron ofendidos por quienes se regodean en su pasado guerrillero pero que hoy se escudan detrás de las fuerzas represivas y no tienen empacho en violar la legislación nacional e internacional.
Es necesario rodear de solidaridad a los procesados y detenidos, y exigir el fin de estas prácticas que socavan las libertades democráticas y criminalizan la protesta social, un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Es necesario un que miles en las calles expresemos nuestro repudio, en un gran movimiento por los derechos humanos y por la defensa de nuestras libertades.
Las organizaciones de derechos humanos deben salir a repudiar tajantemente estos atropellos, tal como lo hacen las federaciones estudiantiles y los sindicatos de la educación. Pero es necesario que este ataque sea enfrentado por todo el movimiento obrero organizado, por tanto el PIT-CNT debe convocar a una jornada de paro nacional con movilizaciones masivas en todas las ciudades del país para frenar el avance represivo de un gobierno que posa de izquierdista pero apela a las peores tradiciones para socavar el reclamo social.
A nivel internacional, ya están las primeras manifestaciones de solidaridad: en Argentina distintos colectivos de DDHH y organizaciones sindicales han salido a repudiar el accionar policial y exigen el cese de la persecución política y gremial.
En conversación con La Izquierda Diario, Sebastián Artigas, familiar de desaparecidos y miembro de la Agrupación Universitaria Tesis XI de Facultad de Humanidades, expresó en este sentido: “me parecen muy bien todas las manifestaciones de repudio que he visto en estos días. Están dadas las condiciones para que un gran movimiento por los derechos humanos emerja con toda la fuerza, no solo para frenar los abusos de hoy, sino también para exigir justicia por los crímenes de la dictadura que todavía siguen impunes”. | 
