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La Izquierda Diario
29 de enero de 2024 Twitter Faceboock

Ajuste
Mientras negocian la Ley Ómnibus, el ajuste revienta jubilaciones, salarios y planes sociales
Emiliano Trodler | Economista

El ajuste ya está haciendo estragos en jubilaciones, salarios y planes sociales. Avanzan la desregulación del comercio, las obras sociales y los alquileres. Arranca el año con nuevos tarifazos y ajuste a las provincias a las que Milei pretende "fundir y dejar sin un peso". Hay que tirar abajo el DNU, la Ley Ómnibus y el paquetazo de ajuste que ya se está aplicando.

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En medio del atolladero de las negociaciones con los bloques de la oposición dialoguista, el gobierno nacional ya anunció para este miércoles una sesión parlamentaria de 40 horas para tratar una Ley Ómnibus cuyo texto final aun se desconoce y que, a pesar de haber perdido 139 artículos, conserva el núcleo fundamental de ataques a las condiciones de vida de las amplias mayorías, con "poderes delegados" por un año para Milei, privatizaciones a mansalva, ataque a los jubilados, destrucción ambiental y desregulaciones de todo tipo.

Y mientras se desarrolla el debate en el ámbito parlamentario, el ajuste ya corre en forma acelerada luego de un devaluación histórica (120%), liberación de precios, tarifazos y vía libre para la explotación sin límites, con impacto directo en la caída de los ingresos de las amplias mayorías. Veamos:

Jubilaciones

A pesar de haber retirado el "capítulo fiscal" del borrador de la Ley Ómnibus, que incluía una nueva fórmula de movilidad en las jubilaciones, los haberes están congelados desde la última actualización de diciembre. Desde entonces la jubilación mínima es de 105.000 pesos, más un bono de 55.000 pesos exclusivamente para ese segmento. En total son 160.000 pesos de bolsillo. Los haberes medios entre 170.000 y 180.000 pesos, no tienen ningún bono adicional. La jubilación mínima no llega a cubrir el 35% de la Canasta Básica de las Personas Mayores, estimada en 500.000 pesos.

La inflación de diciembre de 2023 escaló al 25,5% y el acumulado anual fue de 211% (los medicamento subieron un 300%), mientras que el promedio de reajustes durante el año pasado a todos los beneficiarios fue del 140%.

Se estima que la inflación de enero rondaría entre un 20 y 26% mensual, pero los haberes siguen congelados y el gobierno de Milei pretende dejar la fórmula de Guzmán que recién actualizaría los haberes en el mes de abril. El saqueo al bolsillo de los jubilados es atroz. Hay que pararlo.

Salario mínimo y planes sociales

Luego del paro del 24E, el gobierno nacional decidió postergar por segunda vez "hasta que se calmen los ánimos" la reunión del Consejo del Salario que fija el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y que a su vez determina de manera indirecta distintas prestaciones sociales liquidadas por la ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el programa Potenciar Trabajo, entre otros.

Actualmente el SMVM está en 156.000 pesos y con la escalada de precios en diciembre quedó 26,7 por ciento por debajo del nivel del mismo mes de 2019. De esta manera Argentina se ubica hoy como el segundo país con salario mínimo más bajo en la región, después de Venezuela.

El salario mínimo establece una pauta legal mínima para el conjunto de los asalariados, aunque se estima que el 37% de los trabajadores informales cobran por debajo de este parámetro. Pero además establece de manera indirecta el piso de programas como el Potenciar Trabajo, que es el 50 por ciento del salario mínimo y se ubica hoy en 78.000 pesos, por debajo de la Canasta de Indigencia. Este programa continúa congelado a pesar de la escalada inflacionaria. Incluso, el secretario de Trabajo, Omar Yasin, aseguró que se está estudiando reformular el programa para desengancharlo del SMVM y dejarlo sin ningún parámetro de referencia.

Paritarias

Hasta ahora son 8 los gremios que han cerrado acuerdos paritarios con vigencia de uno a tres meses. A excepción de los aceiteros y petroleros, que consiguieron un aumento por encima de la inflación de enero, la mayoría de los gremios empiezan a cerrar a la par o por debajo de la inflación.

Camioneros cerró un aumento del 33,5% en dos tramos: un 12,5% en enero y otro 21% en febrero, cuando la inflación del primer bimestre podría superar el 50%. El gremio de los Bancarios obtuvo en diciembre un ajuste del 23,2%, mientras que en enero se incorporó otro 20% de aumento. La UOCRA cerró en un 20% de aumento para enero, luego las partes volverán a revisar la cifra de actualización para febrero. La Unión Obrera Metalúrgica acordó un 25,5% de aumento para el mes de enero, a la par del IPC de diciembre. El peor acuerdo hasta el momento es el que cerraron los estatales. La paritaria acordada con ATE-CTA estipula un aumento del 16% para enero, 10 puntos por debajo de la inflación.

Desregulación del comercio

Aunque la Ley Ómnibus establece desregulaciones varias sobre distintos sectores, el gobierno ya está avanzando en la eliminación de los tibios controles de precios que se establecieron en gobiernos anteriores y anunció la derogación de 69 normas relacionadas con Precios Justos, Ley de Góndolas y de Abastecimiento, con el objetivo de "disminuir la burocracia, fortalecer la competencia y mejorar el comercio".

Recordemos que la Ley de Abastecimiento habilita al Estado nacional a tomar decisiones como fijar precios máximos y sancionar a empresas que suban los precios de manera “injustificada”.

También se derogaron regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados y las normas complementarias al programa Precios Justos que caducó en diciembre de 2023, así como el programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, entre otros.

Estas medidas prometen contribuir al fogonazo inflacionario que difícilmente se desacelere, a pesar de la fuerte desaceleración de la actividad y la recesión, y que tendrá un nuevo capítulo con los tarifazos que ya se están aplicando, los que se esperan para los próximos meses y el más que probable salto devaluatorio que se prepara a medida que se amplía la brecha cambiaria.

Tarifazos

Desde diciembre las petroleras ya aplicaron un aumento del 140% en los combustibles y se espera para febrero un nuevo incremento del 20% cuando se descongelen el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que las empresas trasladarán directamente a los precios.

El gobierno de Milei también pretende cuadruplicar el boleto mínimo en la CABA para el tramo de hasta 3 kilómetros en colectivo, que pasaría de 76,92 a 270 pesos para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada, y a $430,00 para aquellas que no estén registradas. Para un tramo de entre 3 y 6 kilómetros pasará de $85,69 a $300,78 y $479,03, respectivamente. Para un viaje de entre 6 y12 kilómetros, se pasará de $92,29 a $323,95 y $515,92 en el caso de quienes no posean la SUBE registrada.

Para quienes tomen dos colectivos y un tren para ir a trabajar, implicaría un gasto aproximado de 40 mil pesos por mes en transporte. Para salarios promedio de 150 mil pesos, es más del 25%. Un verdadero saqueo al bolsillo de los trabajadores en beneficio de las patronales del transporte.

En el interior del país se vienen aplicando tarifazos hasta tres veces al año y luego de los aumentos de diciembre, que puso el mínimo por encima de los 230 pesos en promedio, la cámara que nuclea a las patronales denuncia un congelamiento en los subsidios del gobierno nacional y ya está presionando por un nuevo aumento.

En cuanto a la energía, aunque por estos días se están desarrollando las audiencias públicas, solo el segmento de la distribución, que representa un 25% de la factura, anticipó un pedido de incremento del 89%. Se estima que los aumentos finales para los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) podrían oscilar entre un 200% y 350% y subas estimadas del 420% promedio para las boletas de gas.

Estos aumentos se suman a los que habilita el DNU de Milei que, entre otros puntos, deroga la ley de alquileres. De acuerdo a informes del sector, en 2023 el aumento de los alquileres oscilaron entre 250 y 300%. En la CABA, el alquiler de un monoambiente promedia actualmente los 250.000 pesos, mientras que un departamento de dos ambientes cuesta cerca de 300.000 pesos. El DNU habilita la dolarización de los contratos y un endurecimiento en las condiciones de acceso que perjudican a los inquilinos.

El DNU también habilita los aumentos sin control de la medicina prepaga, que ya acumula un incremento del 40% en enero y que se estima volverán a incrementarse en febrero en un 21 a 28%.

Obra pública y transferencia a las provincias

Luego de amenazar con "dejar sin un peso" y "fundir a todos" si no se aprueba la Ley Ómnibus, Milei finalmente decidió retirar el capítulo fiscal y avanza en un plan para descargar el ajuste sobre las provincias congelando las transferencias no automáticas que se destinan para la obra pública, complementos salariales (como el Fonid de los docentes), cajas previsionales, subsidios al transporte, etc.

La primera medida en este sentido surgió a partir de la decisión del Banco Central de limitar la capacidad de endeudamiento de los gobiernos provinciales con bancos comerciales, cortando la posibilidad de los estados provinciales y municipales a fondearse con los bancos para adelantar los haberes del sector público sin esperar el ingreso de fondos de la administración pública nacional. Esto ya está provocando la demora en el pago de los salarios docentes en provincias como Santa Fé, San Luis y San Juan. Anticipando la restricción, el gobierno de La Rioja autorizó la creación de una cuasi moneda denominada "Bocade", por un total de 22.500 millones de pesos, que seguramente tendrá un tipo de cambio devaluado respecto de la moneda de curso legal nacional, y que el mandatario provincial y las empresas podrían usar para el pago de los salarios.

Huelga general hasta tirar abajo el DNU, la Ley Ómnibus y todo el ajustazo de Milei y el FMI

Hasta ahora el gobierno nacional solo ha retrocedido en los capítulos de la Ley Ómnibus que afectan a las grandes empresas exportadoras y terratenientes, como el aumento en las retenciones al agro y la industria. Los diputados de la oposición dialoguista radical y peronistas se han erigido en lobbistas de estos sectores.

Sin embargo, por abajo proliferan las asambleas y los cacerolazos. Y una primera respuesta de masas con el paro del 24E, con un millon y medio de personas movilizadas en todo el país a pesar de los límites impuestos por las propias conducciones gremiales, que ahora se han llamado a silencio.

Es necesario un nuevo paro nacional y movilización en todo el país para cuando se trate la Ley Ómnibus en el Congreso, en la perspectiva de una huelga general hasta tirar abajo todo el paquetazo de ajuste de Milei y el FMI.

 
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