La directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales cuenta a La Izquierda Diario los rasgos “novedosos” de los operativos conducidos por Bullrich, que hirieron a manifestantes, periodistas y abogados. Junto al Sipreba, Argra y el CeProDH, el CELS le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que intervenga. “Se arma este dispositivo porque el Gobierno quiere evitar lo que les pasó en 2017 con la reforma previsional”, sentencia.
Impedir violentamente que la gente se manifieste en las calles aledañas al Congreso. Disparar balas de goma a la cara de manifestantes que, encima, están sobre la vereda. Lanzar sobre ojos, narices y bocas el lesivo gas pimienta MK-9 Magnun Stream, que intoxica y quema la piel. Detener a personas que caminan por la vereda sin cometer ningún delito. Y si no nacieron en Argentina, amenazar con expulsarlas del país. Mandar a gendarmes y prefectos a cortar avenidas para que no la corte antes la movilización. Violar el propio “Protocolo de Orden Público” que se dice aplicar. Y muchas criminalidades más.
Todo eso acompañado de un discurso propalado por funcionarios, diputados y propagandistas mediáticos que, a lo sumo, hablan de “excesos” pero justifican la represión a la manifestación de miles de personas que “atentan contra la democracia” y “buscan que el Congreso no funcione”. Un discurso que no se sostiene en los hechos, pero que a fuerza de un bombardeo constante de fake news y operaciones hace que buena parte de la sociedad no disponga de la información certera sobre lo que ocurre.
Tres postales de la “nueva era” represiva inaugurada por La Libertad Avanza: jubiladas y jubilados que sólo portan una bandera son violentados por gendarmes pertrechados hasta los dientes; más de una veintena de trabajadoras y trabajadores de prensa patoteados y baleados por las tropas “antidisturbios”; y el disparo al ojo del abogado defensor de derechos humanos Matías Aufieri, quien se encontraba en la plaza relevando casos de heridos y detenidos y hoy lucha por recuperar su visión. Ni por la red X (de la que es fanática) ni en sus declaraciones públicas, Bullrich pidió siquiera disculpas por esa violencia.
Las evidencias de ese temerario combo represivo fueron reunidas por sindicatos de prensa y organismos de derechos humanos e incorporadas a una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que ésta intervenga urgentemente y exhorte al Estado argentino a ajustarse a las convenciones internacionales que garantizan las libertades democráticas de la población.
El escrito ante la CIDH fue presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH, del que forma parte el doctor Aufieri) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra). En otra nota de este diario se puede leer completo.
Paula Litvachky es abogada, docente universitaria y directora ejecutiva del CELS. En diálogo con La Izquierda Diario, sintetiza los objetivos de la nueva presentación ante la CIDH, a la ver que detallas las características “novedosas” de los operativos represivos comandados por la ministra de Seguridad.
¿Cuál es el “espíritu” o el eje de la presentación que hicieron ante la CIDH?
Básicamente le pedimos una intervención de protección urgente a la Comisión Interamericana, por el riesgo en el que se encuentran particularmente trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos en el contexto de las protestas que se están dando, y que van a seguir, contra las políticas del gobierno de Milei. La idea es llamar la atención sobre la CIDH y brindarle toda la información posible de lo que fueron las últimas prácticas el gobierno. Centralmente de los operativos que armó el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich en conjunto con la Policía de la Ciudad, para restringir la protesta, operativos muy violentos, que pusieron en riesgo de vida a mucha gente, entre ellos a trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos como Matías.
¿La presentación es una especie de medida cautelar?
Sí. El planteo es una medida cautelar para que la Comisión Interamericana intervenga de forma urgente para hacer cesar de estas prácticas y de esta política que restringe directamente la protesta en Argentina. Sobre todo es una medida de protección para el riesgo futuro que van a tener quienes ya fueron heridos y vuelvan a protestar. Y también para otros defensores de derechos humanos y trabajadores de prensa, en virtud de que en las últimas protestas salieron heridos, gaseados, con balas de goma. Si los operativos siguen de este modo, van va a seguir sucediendo casos como el de Matías Aufieri del CeProDH o el de Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria, que también recibió balazos de goma.
Paula Litvachky | Foto Prensa CELS
¿En qué debería traducirse una respuesta favorable de la CIDH?
Lo que le solicitamos a la CIDH es que le pida al Estado argentino que adopte medidas de protección para trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos, a la vez que garantice el ejercicio del derecho a la protesta. Y que garantice también las investigaciones de los hechos ocurridos, como las lesiones que tuvo Matías. Si la Comisión concede la cautelar, lo que hará es un llamado de atención al Estado por sus prácticas contrarias a derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Le exigirá que tome medidas de protección concretas.
¿En este caso cuáles deberían ser esas medidas?
Implementar un operativo policial totalmente diferente al que están implementando en contexto de protestas. Los operativos no deberían hacerse para limitar o directamente afectar el derecho sino para protegerlo y garantizarlo. Por supuesto que eso pondría directamente en discusión el “protocolo”, las multas, las detenciones arbitrarias y el tipo de operativo policial conjunto que hacen, tan desproporcionado, donde algunos están portando armas de fuego directamente o usan armas conocidas como “menos letales” pero que se usan para tirar en la cara de manifestantes, periodistas o abogados.
¿Qué particularidades tiene esta represión del Gobierno de Milei respecto a otra sufridas antes?
Vemos muchas particularidades. Es como si las políticas del Gobierno directamente hubieran “pasado de pantalla” en términos represivos, particularmente en el tema de la protesta. Hay una definición política, que ya venían haciendo en campaña tanto Milei como Bullrich, en relación a que la protesta tenía que ser limitada y restringida. Es como si dijeran que ahora la protesta está habilitada sólo para “los argentinos de bien” y cualquier tipo de disidencia y manifestación callejera se tomará como una afrenta al Gobierno. Por eso lo primero que hacen es implementar el “protocolo antipiquetes”, basado en la idea de que “la gente” está cansada de los cortes y tiene que tener derecho a transitar. Con la excusa de “ordenar el tránsito” y de que supuestamente la protesta “ya no tiene legitimidad”, lo que se establece es directamente una política y una regulación en contra de la protesta.
De todos modos el “protocolo” viene fracasando bastante
Es que son políticas muy complicadas para la tradición y la historia argentinas. Para la experiencia de la protesta social, no sólo en nuestro país, la idea de que no se puede protestar en la calle y hay que hacerlo en la vereda es absurda, ridícula. Pero les da la excusa para disponer un operativo muy fuerte para contener y dispersar la manifestación e intervenir con la represión cuando esa “regla” no se cumple. Pero a su vez tampoco cumplen sus propias reglas. Hemos visto represión y detenciones directamente a personas que están en las veredas o sobre la plaza, con lo cual el dispositivo de “ordenamiento del tránsito” es, más bien, el empleo de un operativo represivo que busca intervenir en términos muy disciplinantes sobre grandes manifestaciones. Así se da el uso de la fuerza y las detenciones en cualquier lado, haya o no corte de calle y sobre personas que están manifestando o que están desconcentrando.
Además se ve una saña especial en quienes reprimen
Y volvió a haber policías con armas de fuego en las primeas líneas, en contacto con los manifestantes. También empezó un despliegue del uso de armas “menos letales” que no se habían visto en otros gobiernos. Creo que en estos días se vio que el Gobierno tiene la idea de que no les va a volver a pasar lo que les pasó durante la discusión del proyecto de reforma previsional de 2017. Es como la contracara de “las toneladas de piedras”. Se va a armar un dispositivo para evitar que vuelva a pasar eso. Y eso se vio ahora con la idea de que la manifestación “no va a impedir el normal funcionamiento del Congreso”. Es un planteo político, una especie de demostración de fuerza y de pelea para que no les vuelva a pasar lo que les pasó la otra vez. En este contexto aparecen los heridos como Matías Aufieri y como tanta cantidad de periodistas. Están mostrando el tipo de fuerza que están dispuestos a utilizar. Y después viene toda la estigmatización mediática y las declaraciones públicas, que piden multas a las organizaciones “instigadoras”, la reforma del Código Penal para justificar legalmente lo que están haciendo, el modo en el que se refiere el vocero presidencial cuando los periodistas le preguntan, con una justificación de absolutamente todo. Esas son particularidades que no se han visto en otros gobiernos.
Estamos siguiendo muy atentamente el tema. Judicializamos el protocolo antiprotesta, pedimos su inconstitucionalidad y nulidad. Hoy eso está en discusión. También discutimos y nos opusimos mucho a la reforma del Código Penal que está planteando el Gobierno en la Ley Ómnibus, en lo que hace a la protesta social y también a la ampliación de la “legítima defensa”, que quita cualquier tipo de control posible del uso de la fuerza por parte de la Policía. Venimos trabajando con otras organizaciones para hacer monitoreo y defensa legal en casos de detenidos o de represiones. Además de esta presentación ante la CIDH hicimos otra ante la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional, NdR) para que se investigue penalmente las heridas y detenciones arbitrarias durante el operativo. Y venimos impulsando en los ámbitos internacionales, en Naciones Unidas, que haya un reclamo internacional al Estado argentino por estar implementando una política que pretende anular el derecho a la protesta con características nuevas, que directamente implica afectar el derecho a la organización de sindicatos, movimientos sociales, organismos de derechos humanos, etcétera. Ése es nuestro planteo ahora y nuestro rol, discutiendo en el frente jurídico, en el frente político y en el frente internacional; tratando de abrir una discusión en la opinión pública sobre lo que significa el recorte de este derecho y el despliegue represivo vinculado con la protesta o con cualquier tipo de disidencia.
