Los referentes de las organizaciones sociales del Polo Obrero, FOL, FPDS UTEP, FOL Unidad, FPDS y Territorio Evita que participaron de un reclamo durante tres días en las puertas de la Casa de Gobierno, fueron notificados el viernes pasado por la Fiscal de Neuquén Paula González, ante el inicio de causas por un acampe realizado en Casa de Gobierno. Se los acusa de “entorpecimiento de la vía pública” de acuerdo al artículo 194 del Código Penal, herencia de la dictadura de Onganía.
En la causa quedaron involucrados los dirigentes Agustín Muñoz, Luis Alberto Ramírez, Ana María Montoya, Lilian Velázquez Larroza, María Colitripay, Romina Rosales, César Parra, Diego Mauro, Soledad Urrutia y Sabino López.
El mismo día en que la justicia los instó a presentarse en sede judicial con abogado defensor, el gobernador realizó un “simulacro” de represión en Casa de Gobierno. Con un despliegue de más de un centenar de policías en motocicletas, camionetas, bicicletas y a pie, Figueroa ensaya su propio protocolo contra la protesta, en una nueva señal de alineamiento con el gobierno nacional de Milei y Bullrich.
El diputado del Frente de Izquierda, Andrés blanco, denunció que esta avanzada en la criminalización de la protesta social se da luego de que el gobierno provincial decretara un aumento en los aportes personales de todos los trabajadores y trabajadoras dependientes del estado provincial, que representa un recorte salarial del 6%. En el mismo sentido, denunció que el pasado viernes, el diputado nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo, en acuerdo con el gobernador, dio su voto para aprobar en general la Ley Ómnibus de Milei, que representa un ataque al conjunto del pueblo trabajador.
El reclamo de las organizaciones sociales
Las organizaciones sociales llevaron adelante un acampe en reclamo por 740 puestos de trabajo, mencionaron que fue “por la decisión del gobierno de Rolando Figueroa que les sacó los puestos luego de dos años que venían trabajando”. “Justo en este momento donde la canasta básica está en 600.000 pesos, nos quieren mandar a capacitar por 30.000 pesos cuando una garrafa está en 15.000 y después nos dicen que nosotros no queremos las capacitaciones”, afirmaron desde la Ctep.
Las organizaciones presentaron cómo y dónde pueden trabajar, de dónde pueden sacar los recursos para seguir sosteniéndose, pero aún no tienen respuestas. “El gobierno de Figueroa se está alineando con el gobierno nacional con todo esto, nos sale a apuntar como si hubiésemos sido los causantes de las estafas. Los causantes de las estafas era el propio gobierno”, indicaron desde las organizaciones.
“Este hecho de persecución se suma al aspecto de difamación promovido por el gobierno”, aseguraron desde el Polo Obrero.
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