El juez federal Sebastián Casanello instó a Patricia Bullrich, a cargo del Ministerio de Seguridad, que presente en las próximas 72 horas un informe que detalle los “fundamentos jurídicos” de la aplicación del protocolo antipiquetes. Esta solicitud se da en una de las causas en las que se pide la inconstitucionalidad del protocolo anunciado por Bullrich en diciembre, con la Resolución nro. 943/2023, radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, presentada por la legisladora porteña Celeste Fierro del MST-Frente de Izquierda.
El documento firmado por Casanello insta a presentar "en las próximas 72 horas" un informe que detalle los "fundamentos jurídicos considerados para adoptar los lineamientos incluidos en el ’Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos y "si fueron consultadas" la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.
Conjuntamente, solicita que se indique "pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados".
Además, el juez Casanello requiere al ministerio de Seguridad que informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete "se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia".
Las represiones ocurridas en las afueras del Congreso mientras se trataba la ley “ómnibus” fueron tan brutales que diversos organismos de derechos humanos, asociaciones sindicales y gremios de prensa, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda ya denunciaron el accionar absolutamente ilegal. Los diputados del Frente de Izquierda Unidad presentes en la sesión en el momento de la represión, Myriam Bregman, Christian Castillo, Alejandro Vilca, Nicolás del Caño y Romina del Plá, tomaron la palabra para denunciar a Patricia Bullrich, el protocolo antipiquetes, y la relación directa con la reforma penal que quieren votar para criminalizar la protesta.
También el CELS, Sipreba, Argra, y CeProDH presentaronuna fuerte denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanossolicitando “medidas cautelares a favor de los trabajadores de prensa y abogados defensores de manifestantes en Argentina individualizados para evitar futuras represiones por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, entre otras cuantiosas denuncias sobre la violencia desplegada de manera completamente ilegal.
Los próximos días continuará sesionando el Congreso para votar la ley donde Milei y Bullrich proponen que cualquier forma de manifestación callejera sea considerada delito, penada con cárcel y reprimida salvajemente. Por eso es fundamental redoblar la apuesta, mostrando que las asambleas barriales, las y los trabajadores, estudiantes, mujeres, junto a las organizaciones de izquierda se mantienen movilizadas, llenando las calles en rechazo a la política represiva del gobierno y defendiendo el derecho a la protesta.
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