Luego de una intensa lucha en las calles finalmente el Gobierno dio marcha atrás con la Ley Ómnibus que buscaba beneficiar a los sectores más concentrados de la economía argentina, entre ellos a los dueños del agro. En esta nota te contamos quiénes son algunas de las empresas que están detrás.
El "Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", proponía en su formato original una profunda reforma fiscal. Con un claro sesgo a favor de los grandes grupos económicos, el Gobierno de Milei buscaba con este proyecto dar por tierra con la escalada inflacionaria generando un impacto recesivo en el consumo. La drástica modificación de precios relativos que tanto el DNU como la Ley Ómnibus buscaban generar, hubiese significado una decisión de política económica sumamente regresiva.
El proyecto fiscal original - luego reformado - contemplaba para el sector agroexportador un aumento de los DEx (derechos de exportación conocidos como retenciones) para la gran mayoría de los complejos. A partir de esta propuesta todos los productos de exportación provenientes de la agricultura pasarían a tributar como mínimo un 15% (con excepción de algunas de las economías tipificadas como regionales).
De esta forma, el trigo y el maíz hubiesen tributado dos puntos adicionales por DEx y para el caso del girasol, hasta ocho puntos de incremento. En relación con la soja, la idea original era equiparar los DEx del poroto con el aceite, la harina y demás subproductos, pasando del 31% (ahora vigente) al 33%. Para el caso del biodiésel por ejemplo, considerado un producto industrial, hubiese quedado comprendido dentro de aquellos que pasaban a tributar ahora por DEx un 15%, cuando anteriormente tenían un 0%. Sobre esta decisión en particular, fue el propio Gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien se sumó al lobby patronal y sostuvo:
Estuve muy molesto el fin de semana. Me duele que un gobierno en el cual yo tenía expectativas de que iba a centrarse en los gastos superfluos para corregir el déficit fiscal; y que se iba a ocupar de la desigualdad en el reparto de los recursos y subsidios en tarifas, por ejemplo, quiera gravar a la industria que genera trabajo en mi provincia.
Según estimaciones oficiales esto le hubiese permitido al fisco hacerse de hasta 0.5 puntos de PIB o alternativamente, alrededor de U$S 1000 millones adicionales. pero a costa de un ajuste brutal sobre los sectores más desprotegidos de la econoía argentina: trabajadorxs, jubiladxs, descoupadxs, beneficiarixs de asginaciones sociales, entre otrxs.
Luego, la nueva propuesta que se había presentado volvía a establecer el 0% de retenciones para las economías regionales, y a pedido de los gobernadores se eliminaba la posibilidad (al menos en teoría, ya que se preveían facultades delegadas en materia fiscal) de que el Gobierno pueda subir los DEx.
¿Quiénes están detrás del lobby del agro?
Dada la posición dominante de los grandes grupos exportadores del agro, son principalmente los productores agropecuarios sobre quienes recae la incidencia final de los DEx, se genera lo que se conoce como un efecto traslación hacia atrás desde la comercialización final (exportación) hasta la producción. Sin embargo, más allá de está cuestión, desde el conflicto con la Resolución Nro. 125, se ha intentado instalar la idea de que las retenciones afectan al “pequeño productor” quien enfrenta costos crecientes y precios de venta no siempre suficientes. Pero en realidad, según datos del último Censo Nacional Agropecuario, el 1% de las explotaciones agropecuarias concentran casi el 40% de la tierra. Por lo que, el debate sobre los DEx no debería estar sólo en sus impactos sobre la producción o los diferenciales de precios internos y externos, sino sobre todo en la posibilidad de redistribuir la ganancia extraordinaria que un grupo concentrado de productores captura campaña tras campaña.
En base a datos de base a datos de IEF/ CTA - A, las principales explotaciones agropecuarias son la siguientes:
Casenave y Asociados: 50 mil hectáreas
Man Agro: 60 mil ha.
Maniagro: 60 mil ha.
Grupo Rio Seco: 65 mil ha.
Liag Argentina: 70 mil ha.
Grupo Boheler: 80 mil ha.
Grupo Andreoli: 100 mil ha.
Grupo Duhau: 160 mil ha.
Cresud: 130 mil ha.
Lartirigoyen y Cia.: 150 mil ha.
MSU: 165 mil ha.
AGD: 200 mil ha.
Adecoagro: 210 mil ha.
Los Grobo: 256 mil ha.
Son estos productores y otros, los que aglutinados en la Mesa de Enlace, han presionado por el fin de las retenciones. Es está última la que concentra a tres de las principales agrupaciones de productores, las que han generado en la historia reciente un poderoso lobby para defender sus intereses productivos pero además ejerciendo un rol político muy activo, al punto de que parte de sus dirigentes han sido legisladores por diferentes partidos de la burguesía. Tal es el caso de Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria y reconocido dirigente de la UCR en Mendoza.
La Mesa de Enlace está compuesta por tres organizaciones principales, la Sociedad Rural devenida en un club de ganaderos con escasa representación gremial empresaria, la Federación Agraria con una interesante historia de luchas y reivindicaciones de pequeños y medianos productores rurales pero hoy siendo funcional a los grupos de mayor poder económico, y Confederaciones Rurales Argentina representando a la línea más dura del sector patronal del agro, actualmente aglutinando a 16 federaciones de menor grado.
Sin embargo, dada la importancia de la soja tanto en el volumen exportado como en la cadena agroindustrial, han sido organizaciones como el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) y la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) las que han estado generando fuertes presiones en materia fiscal al Gobierno. Gustavo Idígoras, presidente de ambas entidades, manifestó en la relación con la fallida Ley Òmnibus:
Este es el camino correcto y hay que trabajar apoyando al Gobierno para avanzar en un plan económico que permita el crecimiento con un fuerte desarrollo exportador. Así que (...) felicitamos al Gobierno por esta revisión de la medida.
A continuación te contamos quiénes son las empresas que conforman entidades como CIARA - CEC.
Los dueños de las exportaciones agropecuarias
De acuerdo con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) y en base a un relevamiento hecho por la Bolsa de Comercio de Rosario, éstas son las principales empresas del complejo agroexportador.
Complejo Maíz
Con casi la mitad de producción que se exporta sin valor agregado, es decir que el grano sin procesar, las empresas que explican el 83% de las ventas al exterior son: ADM Agro (EE.UU.) con 6.12 millones de toneladas, Cargill SACI (EE.UU.) 5.13 mill. de tn., Cofco Argentina SA (China) con 3.52 mill. de tn., Viterra (adquirida por Bunge por el año pasado) con 3.39 mill. de tn., AGD SA (Argentina) con 3.22 mill. de tn., Louis Dreyfus Company (Francia) con 2.49 mill de tn. y Bunge (Países Bajos) con 1.77 mill de tn.
Complejo Soja
La soja es uno de los granos que más se ha industrializado en los últimos 20 años, casi el 88% de la DJVE corresponde a derivados entre los que se destacan el aceite y los subproductos. Las empresas responsables del 86% de las exportaciones del sector son las siguientes: Viterra con 5.81 mill de tn., Cargill SACI con 2.92 mill. de tn., LDC con 2.44 mill. de tn., Bunge con 2.33 mill. de tn., Molinos Agro con 2.31 mill. de tn. Cofco Argentina SA con 1.86 mill. de tn. y AGD SA con 1.84 mill. de tn.
Complejo Trigo y otros
Para el caso del trigo, las empresas que más exportaron fueron Viterra con 0.3 mill. de tn., Molinos Cañuelas con 0.26 mill de tn. y Fideicomiso FAIM con 0.13 mill. de tn. En cuanto al girasol, Viterra exportó por 1.17 mill. de tn., AGD SA por 0.49 mill. de tn. y Cofco Argentina SA por 0.29 mill. de tn.
Lo cierto es que las exportaciones de los principales productos agropecuarios han venido cayendo (soja y trigo) o se han mantenido estacandas (maíz y girasol) en los últimos diez años. Mientras que los defensores del modelo extractivista argumentan que esta caída es producto de la presencia de los DEX, lo cierto es que la concentración cada vez mayor tanto de las explotaciones agropecuarias como de las exportaciones en pocas manos, han generado una degradación ambiental muy severa - tal como sucede en Brasil - y han propiciado el avance del monocultivo de soja con sus consecuencias sumamente negativas en materia hídrica. Por otro lado, el corrimiento del sector público del control y administración del comercio exterior han favorecido diferentes maniobras de fraude y evasión, que han impactado fuertemente en los registros de las exportaciones.
Un puñado de empresas controla el comercio exterior argentino, mayormente extranjeras. El monopolio estatal del comercio exterior, bajo gestión de los trabajadores permitiría quitarles el poder de mercado. La expropiación de las grandes explotaciones agropecuarias, de los agroexportadores, de los puertos privados por donde se exporta la mayoría de los productos, permitiría controlar las palancas estratégicas de la economía. De esta manera, todos los intercambios comerciales con el resto del mundo se podrían realizar en función de las necesidades de la población y no de un grupo concentrado de empresas.
