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Hace pocas semanas, la Universidad Carlos III nos sorprendía con un nuevo protocolo normativo dirigido a las asociaciones del centro. En un contexto represivo, marcado por la aprobación del paquete de reformas universitarias por el antiguo gobierno del PSOE-UP, la universidad pública profundiza su ya intenso control sobre la actividad estudiantil. Parece que, a la nueva coalición, de nuevo pintada de progresismo barato, no sólo no le importa, sino que busca que la vida asociativa muera en manos de unas instituciones cada vez más privatizadas.
Debemos recordar que estas medidas consisten, por un lado, en la aprobación de una Ley Orgánica del Sistema Universitario, la cual sustituye la LOU de Aznar, aun dejando intactos (y, en algunos cosas, empeorándolos) los fundamentos del modelo empresarial que caracteriza la universidad pública; por otro, en la constitución de una Ley Disciplinaria Universitaria, la LCU o Ley de Convivencia Universitaria, por muchos llamada la Ley Mordaza de la Universidad, dada su contenido sancionador. Esta última, bajo el lema de proteger los principios democráticos del Estado y el supuesto sentido crítico del estudiantado, establece unos mínimos, desarrollados por los órganos de cada universidad (que, recordemos, están gobernados por empresarios que nada tienen que ver con nuestros intereses), bajo los cuales se establecen faltas y sanciones de manera poco taxativa o, dicho de otro modo, probablemente arbitrarias. Un ejemplo de para qué sirve la Mordaza se puede ver en las aplicaciones que ya se han hecho, por ejemplo, contra nuestros compañeros de la UAM por manifestarse contra la presencia de la extrema derecha.
Se aprueba la LOSU, una ley universitaria a la medida de las empresas y la casta universitaria
En este sentido, la ley establece la necesidad de crear una Comisión de Convivencia por cada una de las instituciones, la cual cumpla con el papel de vigilancia que subyace en la ley. En el caso de la Carlos III, esta Comisión está formada por personalidades elegidas por el Consejo de Gobierno (un organismo totalmente antidemocrático, dirigido por el Rectorado y con muy poca representación docente y estudiantil) a propuesta del Rector. Por tanto, con solo dos alumnos en su composición, parece evidente que la figura del Rector, decanos y sus cargos más cercanos son los que van a valorar las infracciones y sanciones que se imponen a los alumnos. En suma, si los ojos de la seguridad privada que pasea por la Universidad día y noche no fueran suficiente para controlar la organización estudiantil, ahora existen órganos dispuestos concretamente para esta misión.
Además, la facilidad con la que los órganos rectores de la universidad pueden iniciar el procedimiento para abrir expedientes universitarios (que amenazan con tener consecuencias para la vida académica posterior) parece que se han facilitado. Desde la época franquista no contábamos con una Ley Disciplinaria que habilitara abrir expedientes por poner en “riesgo” la convivencia “pacífica” de la universidad. Un "riesgo" que puede ser participar en una manifestación o hacer un pasaclases. Esta falta de precisión es clave para la aplicación de estos expedientes, siendo signo de la arbitrariedad de este tipo de Ley. Ya vimos que a Rectorado no le tiembla el pulso en amenazar con la apertura de expediente, e incluso llevarlos a cabo, como nos sucedió a mí y a otro compañero tras la protesta contra una actividad de la asociación ultracatólica Totuus Tus y el Instituto de Estudios de Género abiertamente tránsfoba.
A esto se le suma los incasables procesos burocráticos que exige la universidad para realizar cualquier tipo de actividad. Ya no solo es que se exija la legalización de las Asociaciones para poder hacer charlas o, incluso, asambleas en el césped del patio (que, recordemos, es un espacio público), sino que se impone que se soliciten permisos con 10 días hábiles de antelación para cualquier tipo de acto. Como todos sabemos, la velocidad con la que suceden los acontecimientos políticos hace de este requisito algo incumplible, lo que provoca tener a la ya mencionada seguridad privada persiguiendo a estudiantes por el campus, e incluso cerrándoles las puertas para que no puedan salir a la calle.
Por si todo lo ya mencionado fuese poco, la Universidad ha aprobado un nuevo Protocolo dirigido a las Asociaciones Estudiantiles, que aumenta la represión que ya vivíamos. Esta nueva medida, aprobada hace unas pocas semanas, ha sido respuesta de la incipiente movilización estudiantil que ha surgido tras la apatía a la que esta institución está acostumbrada (y que, por sus intereses propios, fomenta). La organización de estudiantes independientes bajo el Comité de Solidaridad por Palestina, el cual reúne estudiantes que rechazan el terrible genocidio que estamos observando estos meses, provocó el enfado de la universidad, al verse señalada en sus relaciones con empresas que financian el ilegítimo Estado Israelí.
Además, la movilización del estudiantado en otro órgano aglutinador, la Asamblea de Estudiantes, también provocó rechazo de la institución. Estudiantes y trabajadores de la universidad llevamos viendo años cómo los supuestos órganos que deben representar nuestros intereses, como puede ser la Delegación de Estudiantes o ya ni hablemos del Claustro, siguen la corriente de empresarios y catedráticos, sin tener en cuenta las demandas de la mayoría universitaria. Frente a esto, la Asamblea de Estudiantes emerge como órgano independiente que, poco a poco, va ganando legitimidad entre la comunidad, escuchando las demandas de estudiantes y llevando a cabo peleas como la que mencionamos en este artículo contra este Protocolo.
Por mencionar algunas de las muchas medidas represivas aprobadas con esta nueva medida, destaca la imposición de no poder utilizar el nombre de la institución en las campañas llevadas a cabo por las Asociaciones; es decir, la universidad no quiere que, si participa en un genocidio como el Palestino, la comunidad universitaria denuncie su complicidad, por ejemplo. Además, impide utilizar las siglas UC3M en los nombres propios de las asociaciones, quitándoles entidad e intentando alejar la organización estudiantil de sus campus. También establece el control del contenido de dichas asociaciones, estableciendo que se debe pedir permiso con 10 días hábiles de antelación para hacer cualquier tipo de campaña informativa. Es decir, impone el control de la información, no dejando que haya datos en su contra. No parece muy democrático por su parte.
Por todo esto, desde Pan y Rosas y Contracorriente, como organización militante en la universidad Carlos III de Madrid, pero, sobre todo, como organización internacional que lucha contra la represión en todas sus manifestaciones y pelea por una universidad al servicio de la clase trabajadora y los grandes retos de la sociedad, participamos y damos nuestro apoyo a la Asamblea de Estudiantes por esta acción contra el horrible Protocolo que nos quieren imponer. Llamamos, como siempre hacemos y demostramos, a la organización estudiantil permanente, a la movilización, a la protesta contra la limitación de nuestros derechos.
Sabemos que solo desde la lucha estudiantil, de la mano con el resto de la comunidad universitaria, como investigadores, profesores, trabajadores de mantenimiento o administración, existe la posibilidad de mostrar una perspectiva nueva, mejor, autoorganizada en grandes asambleas y que realmente responda a nuestros intereses. No queremos ni más Consejos Sociales, ni más órganos gubernamentales de nuestras instituciones públicas repletos de empresarios, representantes del PSOE y el PP y demás figuras que nada tienen que ver con nuestros intereses y con los de la clase trabajadora. Debemos luchar por un movimiento independiente, revolucionario y socialista, que sea capaz de plantear una alternativa a esta deriva reaccionaria. En suma, cuestionar la universidad de clases para cuestionar la sociedad de clases en sí misma.
UC3M: “Exigimos una universidad gratuita, autogestionada y al servicio de las necesidades sociales, no de un puñado de empresarios” |
