Han sido días de gran incertidumbre para miles de familias de las comunas de Viña del Mar y Quilpué. Los voraces incendios que consumieron cerca de 15.000 viviendas configuran una de las catástrofes sociales más importantes de la historia del país y posiblemente la más grave desde el terremoto del 2010.
La lenta respuesta del Estado no ha estado a la altura, la militarización de la zona con el toque de queda y las medidas de restricción de movilidad a través de la restricción vehicular y ahora la imposibilidad de subir autos particulares a las zonas afectadas, están dificultando la llegada de la ayuda que se ha organizado en todo el país y que desde mediados de la semana pasada, ha comenzado a llegar.
Se organiza la ayuda obrera y popular
Desde el día sábado, cuando las llamas aún ardían, diversas organizaciones como el Sindicato de Starbucks intentaban hacer llegar ayuda a las zonas afectadas, en algunos casos para sus propias familias. Desgraciadamente los incendios se mantienen activos y el caos que reinaba en la comuna de Viña del Mar hizo imposible el acceso.
Pero, haciendo memoria de la tragedia del 2014 (gran incendio en Valparaíso) o los del 2022 (Forestal alto-Viña del Mar), diversas organizaciones comenzaron a organizar los primeros centros de acopio. Desde las casas Marx de Santiago y Valparaíso, se habilitaron los espacios y se comenzó a catastrar a familias afectadas para llevar ayuda directa a quienes lo perdieron todo.
El día lunes, con el suelo aún caliente, el sindicato de trabajadores de Starbucks logró llevar ayuda de emergencia como agua, alimentos e implementos de seguridad para comenzar la remoción de escombros. Palas, guantes y mascarillas comenzaron a ser repartidas a familias de la Villa independencia, que poco a poco lograban despejar sus hogares incendiados. El gobierno, que el día anterior dictaminó el “Estado de Catástrofe”, junto con la imposición de un toque de queda y la militarización de la zona, buscó limitar la movilización a la zona afectada, dificultando la llegada de ayuda.
Días después salió a la luz que la Municipalidad de Viña del Mar no tenía vigente el Plan de Emergencia Comunal ni un Plan de Evacuación ante incendios, que el responsable había plagiado un informe que además derivó en un sumario contra el encargado. Esto es escandaloso, sobre todo por la situación que se vive año a año en la región, haciendo pagar estos desastres a las familias trabajadoras, a organizaciones como bomberos, mientras permiten que los empresarios forestales, del negocio inmobiliario y concesionarias de carreteras, hacen un festín con la tragedia.
Pero la privatización de las emergencias llegan a absurdos tales, como que CONAF no tiene ni un helicóptero, y en cambio son arrendados año a año. Son empresas privadas las que “prestan sus servicios” de helicópteros y aviones para el combate de incendios, y por supuesto cobran lo que ellos estiman conveniente.
El día martes, desde la Casa Marx de Santiago, sale temprano un auto cargado de solidaridad hacia el sector de “El Olivar”, una de las zonas más afectadas. Acompañados de una cuadrilla de profesores de la agrupación Nuestra Clase, ayudan a una de las familias del sector a despejar el terreno mientras comprometen volver el fin de semana con lo recolectado durante la semana.
Entre el miércoles y el viernes, se acopian los aportes que comienzan a llegar desde varias comunas de Santiago, desde la Villa Los Músicos de la comuna de San Joaquín. el Sindicato Sanitas, funcionarios de Universidades Estatales, pero también desde Antofagasta. La Concejala del PTR por la capital minera, Natalia Sanchez, realizó un importante aporte que permitió la compra de insumos que serían entregados el día sábado, logrando llegar también a familias de sectores más distantes como “Achupallas”.
El día sábado, desde las 08:00, un grupo de voluntarios toma rumbo hacia la quinta región para hacer llegar toda la ayuda recolectada. En total se entregaron más de 30 cajas de insumos para familias de las zonas de El Olivar, Villa Independencia y Achupallas. En total la ayuda entregada, sólo por iniciativa de estas organizaciones, llega casi a los $3.000.000, un enorme esfuerzo para ir en ayuda de nuestros hermanos y hermanas de clase.
En momentos en donde el apoyo a los damnificados, a las miles de familias afectadas pasó a segundo plano - tras la muerte de Piñera y los esfuerzos de los medios de comunicación y todo el arco político por blanquear su imagen - la solidaridad obrera y popular es fundamental para dar respuestas a las necesidades más inmediatas.
Pero es urgente la exigencia de la requisación de suelos por un plan habitacional y de urbanismo gestionado por sus trabajadores y las comunidades afectadas, financiado con impuesto a las inmobiliarias y grandes fortunas, una ley de incendio que ponga freno a los negocios de forestales e inmobiliarias. | 
