En la conferencia matutina de hoy, al presidente López Obrador se refirió a la iniciativa que presentó para reformar el Poder Judicial, el cual dijo que está tomado, secuestrado al servicio de una minoría rapaz, de la delincuencia organizada y de cuello blanco. Dijo que sólo con la participación de la gente, eligiendo jueces, abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar.

Explicó que la presentación de sus iniciativas de reforma (el pasado 5 de febrero) está vinculada con las elecciones, para lograra la mayoría calificada en el Congreso y que puedan ser aprobadas.

Como cada lunes, se informó sobre ¿quién es quién? en los precios de los combustibles y los alimentos, así como sobre el Tren Maya. Sobre esto último, se anunció que el 29 de febrero se inaugurará el tramo Cancún-Playa del Carmen.

A continuación la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, expuso los principales ejes de la propuesta de reforma al Poder Judicial y habló de cuatro objetivos:

1. Una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): se reduce el número de ministras y ministros de 11 a 9 y se reduce el periodo del encargo, de 15 a 12 años. Además, desaparecen las dos salas y sólo habría sesiones en pleno, públicas. Se elimina la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros y ministras y se reitera que sus remuneraciones debe ajustarse al tope máximo, que es lo que percibe el presidente.

2. Elección popular de ministros, magistrados y jueces: habría una elección extraordinaria integral en 2025, en la que podrían participar los actuales jueces, magistrados y ministros.

Los ministros de la SCJN, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina se elegirán a nivel nacional, en elecciones ordinarias, a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes: el Ejecutivo propondría hasta 10 candidaturas; el Legislativo, hasta 5 por cada Cámara, por mayoría calificada; el Judicial, hasta 10, a través del pleno de la Suprema Corte, por mayoría de seis votos.

En el caso de los 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito, se elegirán en cada uno de los 32 distritos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión).

El Senado verificará que se cumpla con los requisitos para las candidaturas, las elecciones serían organizadas por el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que se crearía de aprobarse la reforma electoral), los partidos políticos no podrán realizar proselitismo y el Tribunal Electoral sería el encargado de resolver impugnaciones y declarar los resultados.

3. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: se integra el Tribunal de Disciplina Judicial, con 5 magistrados electos por voto popular, por seis años, propuestos por los Poderes de la Unión. Se encargará de recibir denuncias y vigilar que no haya corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, etc., así como de implementar sanciones. Además, se integra el Órgano de Administración Judicial. En ambos casos se tendría autonomía respecto a la Suprema Corte.

4. Nuevas reglas procesales: justicia expedita; habrá plazos de seis meses para asuntos fiscales y de un año para asuntos penales. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces. Una vez que concluyan los juicios pendientes, se reintegrarán los fideicomisos del Poder Judicial al Fondo de Pensiones de Bienestar.

Como parte de la disputa entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, si bien podemos considerar que la iniciativa incorpora elementos progresivos, se queda corta en términos democráticos, por ejemplo, al dar todavía mucho margen para que ministros, magistrados y jueces ganen sueldos altísimos que los separan de las masas trabajadoras, preservando instituciones de casta privilegiada como la SCJN, o al no contemplar que haya juicios mediante jurados populares.

Más adelante, AMLO habló sobre la iniciativa para desaparecer algunos organismos públicos como el INAI. Según el presidente, no debe pensarse que los trabajadores de esas dependencias se van a quedar sin empleo, pues solo se afectaría a los de arriba, a los que ganan 250-300 mil pesos mensuales. Dijo que, con todos los gastos superfluos y privilegios que hay, es mucho lo que se ahorraría y que ese dinero se iría para las becas. Sin embargo, no aclaró qué pasará con los trabajadores de esas dependencias.