En medio de una coyuntura marcada por la precariedad por los incendios en Viña del Mar y Quilpué, además de las enormes dificultades financieras que sufren numerosas familias trabajadoras, la reciente revelación sobre la adquisición de 22 vehículos de alta gama por parte de ministros de la Corte Suprema ha desatado un profundo malestar en la opinión pública. La decisión de destinar $1.253 millones de pesos a la compra de automóviles Lexus, valorados en $56.990.000 millones de pesos cada uno, ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente en un momento donde la prioridad debería ser atender la emergencia provocada por los incendios más grandes del siglo XXI y uno de los más destructivos de la historia del país.

En medio de la creciente desigualdad y la crisis económica que afecta a amplios sectores de la población, la ostentosa compra de vehículos de lujo por parte de altas autoridades judiciales no es más que una muestra más de cómo la casta judicial utiliza los dineros del Estado para asegurar su estilo de vida lleno de lujos y comodidades. Mientras la clase trabajadora y los sectores populares, enfrentan dificultades con un salario mínimo que no llega a fin de mes y se ve dificultado el acceso a servicios básicos como la salud, la educación o ahora con mayor razón la vivienda.

Según detallaron desde la Corte Suprema, este exorbitante gasto, estaría ajustado al gasto presupuestario que fue revisado por el gobierno a través de la Dipres y se justificaría en base a las políticas de renovación del parque automotor y que se trata de una medida necesaria para garantizar la seguridad y eficiencia de los magistrados en el ejercicio de sus funciones, una total burla para todas esas personas que viajan día a día en el sistema público de transporte, con micros precarias o en el metro con un ambiente sofocante producto de las altas temperaturas.

Desde el gobierno han salido a desmarcarse de la situación aludiendo a la falsa “separación de poderes” y desde la Corte Suprema han convocado a un pleno extraordinario para revisar el acuerdo de diciembre del 2023.

Aun cuando retrocedan de la decisión, eso será solo fruto de que la información salió a la luz pública y por lo tanto la próxima vez solo tendrán más cuidado de ocultar este tipo de decisiones.

Hay que acabar con los privilegios de la casta judicial que viven como ricos como premio para defender esta justicia para ricos y empresarios, es decir, una justicia de clase.