El INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) se creó en julio de 1995 a partir de la ley 24.515 dictada durante el menemismo tras el atentado a la mutual AMIA. Entre sus objetivos, plantea la la “elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones para tal fin”.
En la conferencia Adorni y el Gobierno de Milei plantearon que “no sirve para nada”, buscando fomentar el discurso reaccionario donde se busca ligar las cuestiones que hacen a la discriminación con supuestos privilegios o cuestiones de segundo/último orden. Un ataque también dirigido hacia trabajadores del organismo, donde ya hubo despidos, que busca marcar la agenda en un momento donde el ajuste se siente cada día más.
Horas más tarde del anuncio de Adorni, desde el Ministerio de Justicia salieron a aclarar que ya viene realizando recortes en el organismo despidiendo a 75 trabajadores, casi 20% de la planta del organismo, y reduciendo sueldos. Una situación que viene atravesando la mayoría de reparticiones del Estado Nacional.
En el comunicado el Ministerio encabezado por Cúneo Libarona también sostuvo que la “supresión se hará de la manera que corresponda de acuerdo a la legislación vigente”. Al ser un organismo establecido por ley, su cierre debe votarlo el Congreso, el cual era uno de los tantos artículos de la Ley Ómnibus que terminó cayendo.
El anuncio del gobierno generó una amplia repercusión, donde la decisión de avanzar en su cierre fue hasta cuestionada por la DAIA que planteó “La discriminacón en la Argentina es un problema que sufren diversos colectivos. Por eso la DAIA, junto a otras organizaciones, impulsó hace casi tres décadas la creación del INADI”.
En muchas ocasiones, el INADI se convirtió en un lugar en donde denunciar cuestiones que se ignoraban en muchos ámbitos. Por ejemplo, despidos arbitrarios cometidos por las patronales. O persecuciones políticas y gremiales cometidas contra dirigentes sindicales combativos, delegados o activistas también por parte de empresas o de Gobiernos. El INADI no resolvía esos conflictos, era un lugar para amplificar una denuncia. Al cerrarlo, el Gobierno pretende acallar aún más la voz de quienes enfrentan el ajuste en curso.
Para realizar este ataque, el Gobierno se para en las gestiones políticas previas que se hicieron cargo del INADI durante las que surgieron distintas críticas. En muchas ocasiones, también terminaron actuando en función de las orientaciones políticas del Gobierno de turno, dándole jerarquía a determinadas cuestiones en detrimento de otras.
Detrás de este anuncio, se encuentra el intento de plantear una agenda alternativa a los problemas económicos que atraviesa la gran mayoría del país producto del ajuste de Milei y Caputo, mientras estigmatiza a sectores discriminados que en muchos casos sufren aún más la situación económica como las personas con discapacidades a partir de los recortes en prestaciones, o inmigrantes y mujeres sobre quienes pesa aún más la precarización laboral y los bajos ingresos. | 
