Ser un trabajador con hijos parece ser motivo suficiente para ser parte de “la casta” según el Javier Milei. Utilizando las atribuciones del decreto publicado apenas asumir, el Poder Ejecutivo dividió casi a la mitad el máximo de ingresos que pueden tener los asalariados para poder recibir asignaciones familiares. El tope establecido a nivel individual pasó de $ 1.980.000 a $ 1.077.403 y el familiar se redujo de $ 3.960.000 a $ 2.154.806.
Con la inflación en niveles muy elevados cientos de miles de trabajadores registrados (tanto en el sector público como en el privado) perderán componentes de su sueldo que los ayudaban a poder sostener a sus familias.
Un nuevo ataque para seguir licuando los gastos del Estado y los empresarios, a costa de quienes se ven obligados a dejar sus vidas en las oficinas, comercios o fábricas. A medida que pasen los meses el deterioro será cada vez mayor ya que el índice de movilidad jubilatoria será el criterio que se aplicará para actualizar tanto de las asignaciones como de los límites de ingresos para percibirlas. Con los precios subiendo muy por encima de los salarios, las asignaciones familiares caerán a la par de las jubilaciones que vienen siendo el eje del ajuste de Caputo y Milei.
En la resolución publicada en el Boletín Oficial se sostiene: “Que el Sistema de Seguridad Social es una herramienta indispensable para la redistribución de los recursos y sus procesos de modificación resultan una herramienta fundamental para asegurar que la cobertura alcance a la población para la cual se han diseñado las políticas públicas, actualizando las decisiones a la realidad imperante y tomando en consideración la sustentabilidad del régimen”.
Esa “realidad” y la “sustentabilidad” son las impuestas por la política del Gobierno orientada a pagar la fraudulenta deuda externa, sin importar las graves consecuencias que ya están sufriendo los trabajadores estatales (como los docentes que realizaron un importante paro este lunes), los jubilados que perderán en marzo entre un 20 y un 40 % de sus ingresos o los estudiantes que ven peligrar sus cursadas en universidades y terciarios de todo el país.
Las asignaciones familiares son recibidas por los trabajadores registrados que tengan hijos menores de 18 años, así como también la ayuda escolar anual. El tope ahora rebajado también juega para definir el cobro de prestaciones por nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal. Las asignaciones son decrecientes a medida que sube el escalón salarial, siempre dentro del techo previsto.
Con la suba de las jubilaciones prevista para el mes que viene en un 27,18 %, el beneficio de la prestación por hijo para los trabajadores registrados irá desde unos $ 26.000 hasta $ 5.526. Tengamos en cuenta que estas "asignaciones" son a lo sumo un paliativo: hoy la pobreza infantil afecta a más del 60 % de los niños y niñas (según las últimas estimaciones de la UCA).
La medida es parte del acelerado plan de ajuste fiscal en curso, uno de los más brutales de la historia del país. Según el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en enero las partidas más afectadas fueron programas sociales (-59,6% a/a), jubilaciones y pensiones (-32,5% a/a), gastos en personal (-18,0% a/a), asignaciones familiares (-17,7% a/a), transferencias a universidades (-16,5% a/a) y transferencias corrientes a provincias (-53,3% a/a).
Las medidas de fuerza llevadas adelante por distintos grupos de trabajadores pueden ser un primer paso para enfrentar el plan de guerra de Milei y el poder económico contra los trabajadores, jubilados y el pueblo pobre. Es urgente evitar que la crisis social se continúe profundizando y sólo un plan de lucha convocado en común entre las centrales sindicales, las organizaciones sociales y las asambleas barriales puede derrotar los planes del Gobierno. | 
