Pasadas las 21 horas de este lunes 26 de febrero, con la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, la Legislatura provincial reunida en sesión extraordinaria votó que habilita al gobernador a "llevar adelante todas las acciones administrativas, judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y atropello del Gobierno Nacional, así como a recuperar los fondos perdidos".
Durante su discurso, utilizando la banca 28 de la legislatura, que nunca había sido usada hasta este momento, el gobernador Torres, que reivindicó una vez más el ajuste que llevó adelante en la provincia desde el 10 de diciembre, logró el apoyo de Despierta Chubut, Arriba Chubut, Pich y Familia Chubutense, solamente se abstuvo el diputado del FIT, Santiago Vasconcelos.
Torres en su discurso de casi una hora, manifestó que “Los fondos retenidos le corresponden a la Provincia del Chubut en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, por derecho propio. Chubut no es una Provincia que se encuentre subsidiada por el Estado Nacional, sino, por el contrario, aporta más de lo que recibe. Además, de que es uno de los motores productivos de Argentina, siendo la cuarta o quinta provincia exportadora del país”.
En otro momento planteó que los "agravios y bronca" del gobierno nacional indicando que "el objetivo no es fiscal" sino que el "objetivo real" a través del Banco Central y del Ministerio de Economía es que "es algo político", con el objetivo central "es disciplinar a todas las provincias".
Más adelante, Torres señaló que "la idea de cerrar la válvula fue de los jubilados ex ypefianos" que son los que "conocen nuestra historia" y habló "del nivel de ignorancia que hay a nivel nacional" dejando de lado esta idea y señalando que "el conflicto se va a resolver en la Justicia".
El gobierno de Chubut, igual que Kicillof, fue a la Justicia con un planteo ante el mismo juzgado que le falló a favor la semana pasada en la pulseada por los subisidos al transporte público. El gobernador chubutense, Ignacio Torres (Pro), planteó una medida para contrarrestar “la avanzada del gobierno de Javier Milei”. Presentó, en paralelo, una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia. Con una presentación ante la Corte y el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, Chubut busca desactivar el descuento de fondos de coparticipación que realiza el Gobierno nacional en concepto del cobro de las cuotas pendientes por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
La tensión nacional tiene el trasfondo que Milei entró en un cruce feroz (al menos en las redes y amenazas) con sus aliados del PRO de Chubut, sino que la gestión oficial apunta a otras diez provincias con deudas similares, por un monto total que alcanza los $392.104 millones, según precisaron fuentes del Ministerio de Economía. El listado de deudores en la mira del Gobierno, difundida por el ministro de Economía, Luis Caputo, está encabezado justamente por Chubut ($119.000 millones).
Las distancias entre el programa de Milei y el de Torres o Llaryora resultan leves. La actual virulencia discursiva encubre diferencias a la hora de administrar el ajuste ordenado por el Fondo Monetario. Pero las disidencias no afectan lo esencial: el daño económico y social debe caer sobre las mayorías trabajadoras.
Los gobernadores apuestan a mostrar a Milei como responsable único del ajuste. Sin embargo, existe un ajuste propio, definido por las gestiones provinciales.
La izquierda viene planteando la oposición a todas las políticas ajustadoras. Del gobierno nacional pero también de los gobernadores y empresarios. Propone apoya cada conflicto por salario, como ahora empiezan docentes y estatales, los primeros reclamos contra el tarifazo, como vimos en Constitución, y el desarrollo de la lucha en las calles uniendo a trabajadores, trabajadoras, organizaciones sociales, asambleas populares y los estudiantes que defienden la educación pública. Que la CGT y la CTA salgan de la tregua y el seguidismo a los Torres o los Kicillof: necesitamos un plan de lucha. |
