Este lunes 26 de febrero, un sector de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, instalaron un plantón en el Zócalo de la CDMX “hasta que haya respuesta del gobierno federal para que las investigaciones avancen y el Ejército mexicano entregue los 800 folios con información fundamental para el esclarecimiento del caso”. Dicha acción fue realizada después de la marcha que se realiza el día 26 de cada mes en protesta y reclamo por justicia para los jóvenes que fueron desaparecidos aquel día.
Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los padres señaló a AMLO por no querer cumplir con su compromiso de encontrar a los estudiantes, a pesar de que fue una de las grandes promesas de su campaña y de su gobierno. En ese sentido, Rosales declaró que “se ha dedicado (refiriéndose al presidente) a levantar una cortina de humo para distraernos, descalificando a los abogados y expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tratando de dividir a los padres”.
A pesar de las promesas y las pruebas
Recordemos que el 25 de julio de 2023, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su sexto informe sobre el caso Ayotzinapa, en el cual reveló que, a pesar de las promesas del actual gobierno de resolverlo, lo cierto es que éste ha permitido que el Ejército siga siendo opaco en cuanto a su responsabilidad en los hechos. Ya que los peritajes apuntan a la participación de agentes del Estado, especialmente el Ejército mexicano, que fue señalado por los sobrevivientes de ser cómplice en la persecución y hostigamiento contra los estudiantes.
En su momento los expertos como Ángela Buitrago y Carlos Beristain señalaron que el ocultamiento de esa información ha significado omitir responsabilidades, lo que ha constituido, en sí mismo, una responsabilidad del Estado sobre la desaparición de los jóvenes, de quienes hasta ahora no sabemos su paradero exacto. En donde el GIEI ha demostrado las mentiras y contradicciones en las que han caído instituciones como la Sedena, la Semar y el CNI (antes Cisen), quienes estuvieron al tanto en todo momento de los hechos.
En ese sentido, el gobierno de la 4T ha preferido no investigar las pruebas que muestran una muy probable participación de las Fuerzas Armadas en los hechos, especialmente del Ejército, desoyendo todos los reclamos que se relacionan con los posibles crímenes perpetrados por soldados.
Las Fuerzas Armadas y la Cuarta Transformación, una estrecha relación
Durante todo el sexenio, que en unos meses terminará, AMLO ha tenido un acercamiento sistemático con los militares, convirtiéndolos en uno de los pilares fundamentales que sostienen al gobierno, lo que los ha llevado a tener una fuerte injerencia en la vida pública, donde destacan los intentos del presidente por defenderlos. Tratando de cambiar la narrativa de la “verdad histórica” por la del “pueblo uniformado”, para tratar de deslindar a los cuerpos castrenses de los señalamientos de violaciones a los derechos humanos.
Lo que ha profundizado la militarización en el país, que fue iniciada por los gobiernos neoliberales pero que con la 4T se ha acrecentado enormemente, de una forma en que Calderón o Peña Nieto sólo la hubieran soñado, apelando a la excusa de enfrentar la violencia atribuida al narcotráfico y la delincuencia, pero su gran objetivo político es generar amedrentamiento social, mantener la estabilidad política y garantizar los negocios capitalistas (por ejemplo, en la zonas donde hay muy importantes reservas de recursos naturales). La entrada en juego de los cuerpos castrenses en temas “civiles” es una vía para fortalecer las posiciones del gobierno, al darle un firme aliado durante todo el sexenio y garantizar el despliegue de sus megaproyectos.
Esta estabilización también se encuentra relacionada con las elecciones, pues mientras que los padres de los 43 se encuentran en su plantón en el Zócalo, los grandes medios muestran lo “importante” de la participación de las Fuerzas Armadas en sectores estratégicos de la economía, o en su defecto, hablan del conflicto del presidente con el New York Times o los propios comicios de 2024. Pero ya no aluden el caso Ayotzinapa y qué decir de las luchas de los trabajadores, que ni siquiera son mencionadas y que están ocurriendo en México y en otros países, como es el caso de los trabajadores de la Biblioteca Central de la UNAM, en paro desde el lunes.
En ese sentido vemos fundamental la construcción de un gran movimiento por la desmilitarización del país, ya que la presencia de soldados no garantiza la seguridad del pueblo trabajador, al contrario, su presencia en el espacio público perpetúa la violencia. Dicho movimiento tendría que respaldar la lucha de los padres de Ayotzinapa, así como de quienes buscan a sus desaparecidos, que igualmente padecen ataques, que llegan a desembocar en la muerte o en también ser desaparecidos. |
