La lucha por el derecho al agua no es nueva en Costa Rica, por el contrario, hay una larga tradición de denuncia y lucha comunitaria contra las iniciativas privatizadoras y en general contra proyectos que impliquen la destrucción o deterioro de importantes mantos acuíferos, nacientes, ríos y otros bienes comunes naturales. De acuerdo con los datos recogidos por Felipe Alpízar para el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la UCR, desde 1980 hasta el 2017 los medios de prensa El Semanario, La Nación y La Extra registraban al menos 441 confrontaciones por el agua, con acciones que iban desde las declaraciones públicas, hasta las huelgas y los paros.
Desde la lucha de la comunidad de Sardinal en Guanacaste en contra del Ampliación del Acueducto Coco-Ocotal como iniciativa privada que buscaba llevar el agua del manto acuífero de la comunidad hacia diversos proyectos turísticos e inmobiliarios; hasta la denuncia por contaminación del agua tanto en la comunidad de Oreamuno de Cartago y la lucha del frente Eco Cipreses por la presencia de plaguicidas en el agua, como en la más reciente crisis en donde miles de personas en los cantones de Tibás, Moravia, Goicochea y más recientemente Turrialba han sido expuestas a agua contaminada, se puede ver cómo la problemática del agua y la movilización por su defensa han sido constantes en el país.
Sin embargo, está última crisis de contaminación por xilenos, presenta una nueva oportunidad para pensar el conflicto del agua en las comunidades. Estamos en medio de una situación nacional e internacional que presenta nuevas condiciones para discutir seriamente la posibilidad de poner en pie instancias de autoorganización, por cantones o distritos. Vecinos de las comunidades junto a trabajadores y trabajadoras del AyA luchando hombro a hombro con la tarea de proteger el carácter público del agua y la necesidad de poner en nuestras manos la gestión, administración y protección del agua. De lo contrario, en manos de los gobiernos de turno y sus representantes y ministros, es una mercancía más a ofrecer al capital transnacional.
En este sentido, el Sindicato de Trabajadores del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (SITRAA) declaró en sus redes sociales que “hay que unirnos entre comunidades y trabajadores para defender el recurso hídrico, para defender las cuencas de agua de nuestro país”, haciendo un llamado a “unirnos en un Frente Único de lucha que defienda este recurso”
Agua para las comunidades
La noticia sobre la presencia de xilenos en el agua destinada a más de 100.000 personas en 3 cantones de la capital del país, a los que recientemente su sumó el cantón de Turrialba con una sustancia aún no verificada, abrió una importante discusión para el gobierno de Cháves en cuanto al manejo del recurso hídrico.
Sin embargo, no fue un rayo que cayó en cielo sereno. En los últimos 3 años las crisis de abastecimiento de agua han afectado duramente a comunidades con gran concentración de familias trabajadoras en general. Vecinos y vecinas dela comunidad de Hatillo protestaron con bloqueos de calle contra el AyA debido a las medidas de racionamiento de agua que en ocasiones dejaban a cerca de 21.000 habitantes sin agua potable por períodos de hasta 12 o 13 horas diarias en medio de la crisis sanitaria del COVID-19 en pleno 2020, pero que presentó otro ciclo de movilizaciones durante el 2022 debido al mismo problema de faltante de agua en Hatillo 6 y que recién el 12 de febrero de este 2024 volvieron a organizar movilizaciones y bloqueos de ruta por los racionamientos de agua de esta temporada.
Otras movilizaciones importantes tuvieron lugar el año pasado entre las comunidades de Guadalupe y Moravia que sostuvieron bloqueos en la intersección de ambos cantones durante octubre del 2023 debido a medidas de racionamiento de agua de hasta 4 días seguidos en ambas comunidades.
“Queremos agua limpia, no más mentiras”
Este año, el ciclo de movilización en denuncia del Gobierno por su responsabilidad en la crisis del agua contaminada tomó la calle varios días seguidos, formando una jornada de movilización en el centro de Guadalupe. Denuncias al Gobierno por cómo este asumió la crisis van en primer lugar, hacia el propio desconocimiento de la gravedad de la situación afirmando que el agua no estaba en riesgo pese a las denuncias por el olor a combustible desde el propio 23 de enero, solo para declarar la situación crítica hasta más de 48 horas después, dando como resultado 6 personas atendidas en centros de salud después de haber consumido del agua contaminada.
Esto, sin mencionar que la respuesta de Chaves a la situación fue nombrar como nuevo presidente ejecutivo del AyA a Juan Manuel Quesada Espinoza quien ejercía desde el 2022 como presidente de RECOPE, y que el propio 30 de enero insistía en “mantener la calma” y aseguraba, nuevamente, que no se estaba ante una situación crítica. El mismo se presentó durante los días de movilizaciones en Guadalupe a tratar de apaciguar a los reclamos, sin embargo, la comunidad ha mantenido una denuncia constante a la desinformación divulgada por las diferentes autoridades y representantes del Gobierno.
Por otro lado, hay que mencionar una importante discusión sobre las propias sustancias encontradas: los xilenos. Durante los exámenes de laboratorio que condujo la Universidad de Costa Rica (UCR), se encontró la presencia de al menos 3 tipos de xilenos en el agua contaminada de Tibás, Moravia y Goicochea. Estas sustancias se suelen utilizar como material disolvente industrial; sin embargo, los xilenos también han sido identificados como precursores de drogas como el fentanilo, además de ser reconocido como solvente en los procesos de extracción y conversión de drogas como la cocaína.
En el país se debía contar con requerimientos legales para que empresas o personas utilizaran el químico, entre ellos, se debían registrar con las autoridades todas aquellas personas o empresas interesadas en adquirir xileno. Pero en diciembre del 2022 estos requisitos fueron flexibilizados por el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) Fernando Ramírez Serrano, quien fue nombrado apenas en noviembre del 2022. Este no es un hecho menor si se considera que el propio nombramiento de Ramírez fue cuestionado por un grupo de funcionarios y funcionarias del ICD que señalaban el vínculo familiar directo del recién nombrado director, con un sujeto sancionado por delitos relacionados con drogas años atrás, en específico, el padre de Ramírez un expolicía que fue condenado en 2008 vinculado a un cargamento de cocaína capturado en Peñas Blancas.
Es decir, mientras las comunidades de familias trabajadoras deben enfrentar la crisis con recortes diarios de agua, el sector empresarial dedicado al turismo, la agroindustria y la renta de condominios son premiados con mayor libertad para escurrir los mantos acuíferos. La situación se agrava cuando se suman las denuncias sobre la propia calidad del agua en Hatillo o Guadalupe, en donde el servicio es cortado regularmente y con presencia de agua contaminada. Y esto se agrava aún más si se considera el hecho de que las propias sustancias encontradas pueden vincularse con actividades como el narcotráfico.
Tampoco hay que dejar de lado que las medidas sugeridas por el gobierno y las autoridades, como el sitema de entrega de agua por medio de camiones cisterna, presentan varios problemas para vecinos y vecinas de diferentes comunidades. Para La Izquierda Diario CR vecinos y vecinas de las comunidades denunciaban la mala gestión del gobierno al tardar 4 días en tomar acciones como el reparto de agua potable a las comunidades afectadas y no presentar ningún canal de comunicación claro con horarios y rutas de los camiones que en ocasiones dejaban sectores completos por fuera de las listas.
Por último, hay que considerar que este sistema de reparto de agua no considera la entrega de la misma, es decir que el camión cumple con llegar a la comunidad pero no existe ninguna medida que garantice que familias integradas por adultos mayores, personas en condición de cuido o personas con discapacidades motoras obtengan agua potable durante las rondas de los camiones, poniendo en juego sus vidas.
Disputar el agua: apostar en nuestras propias fuerzas
El sistema de acumulación capitalista ha perdurado a costa del deterioro de los recursos naturales que explota bajo la falsa premisa de ser “inagotables”. A pesar de la innegable crisis climática y del calentamiento global, los megaproyectos turísticos, la explotación minera y el monocultivo son parte central del modelo económico extractivista de los gobiernos neoliberales en toda la región.
Basta con revisar casos como las denuncias por envenenamiento por plaguicidas en La Perla y La Perlita, o el estudio sobre la contaminación de agroquímicos y el papel del monocultivo del banano en la privación de agua potable de un 57% de la población de la Cuenca del Río Sixaola y su afectación a las comunidades indígenas de la zona para dar cuenta de la vigencia de la discusión del medioambiente y el rol del capital transnacional en la destrucción y expoliación de los recursos naturales en pro de sus intereses de mercado.
La crisis ambiental también quieren recargarla sobre hombros trabajadores. Como respuesta a la mala gestión del reparto de agua durante el racionamiento y el agua contaminada, muchas personas se vieron obligadas a comprar agua embotellada durante los días en que no se contó con los camiones cisterna y algunas incluso tuvieron que seguir pagando por agua comercializada después de la llegada de los camiones debido a la mala organización de los mismos. Si bien no se puede asegurar que el incidente de la contaminación del agua en sí mismo sea una iniciativa privatizadora, sí queda claro que la perspectiva de tener que depender de la compra privada de agua potable es cada vez más real para muchas familias trabajadoras en comunidades en donde se concentran grandes porciones de la población del país.
Para enfrentar la perspectiva privatizadora de los gobiernos serviles al capital transnacional, es necesario poner en pie organizaciones independientes, apostar por los comités o asambleas de vecinos y vecinas, como en Guadalupe, Tibás, Moravia y Hatillo. Espacios en los que se conformen Frentes Únicos donde el activismo de izquierda, la militancia revolucionaria, el activismo ambientalista, las comunidades y las familias trabajadoras disputen no solo el acceso, sino el control y la gestión de sus necesidades más sentidas.
Solo de está manera se podrán encontrar respuestas a las preguntas estratégicas de la crisis del agua, como el porqué no hay agua para las comunidades, en dónde es que realmente no hay agua y quiénes son los responsables y/o beneficiados de este acceso desigual. De esta forma será posible no solo resistir el embate neoliberal, sino demostrar que nuestras vidas valen mucho más que sus ganancias.
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