El Gobierno realizó este jueves una audiencia pública donde presentó la nueva segmentación en los subsidios a las tarifas de luz y gas y estimó la Canasta Básica Energética. En los hechos el plan de Milei y Caputo implica una quita masiva de subsidios en busca de seguir haciendo crecer el superávit fiscal para pagar deuda. En la audiencia, con una serie de diapositivas, el equipo de la Secretaría de Energía estimó la Canasta Básica Energética: las familias argentinas tendrán un gasto promedio de entre $30.000 y $40.000 por mes si tienen un "consumo razonable".
También presentaron un gráfico con la escala de subsidios: los hogares que perciban $392.605 de ingreso mensual recibirán un subsidio parcial del 20% de la CBE; los que reúnan $319.467 un 40%; los de $233.509 un 60%; y los que demuestren ingresos por $132.749 recibirán un 80% del subsidio. Teniendo en cuenta que la canasta básica con la que el Indec mide la pobreza para un hogar de tres integrantes en enero fue estimada en $475.141, podemos afirmar que no serán pocas las familias que se encuentran sumergidas en la pobreza que pierdan el acceso a los subsidios.
El Gobierno quiere restringir fuertemente las condiciones para acceder a la subvención estatal, a partir del cruce de distintas bases de datos. Además del criterio por ingresos, planean dejar afuera a los hogares que cuenten, entre sus integrantes, a titulares de medicina prepaga no vinculada con el empleo que poseen en relación de dependencia; a quienes hayan viajado al exterior a países no limítrofes más de una vez en los últimos cinco años, y quienes hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses.
Pero no termina ahí, también proponen excluir a quienes registren consumos en tarjeta de crédito o billeteras virtuales superiores a cinco salarios mínimos ($900.000 desde marzo) y consumos en telefonía móvil superiores al 25% del salario mínimo ($45.000). Asimismo, se excluyen a los hogares que tengan un auto con antigüedad menor a cinco años o dos autos con antigüedad menor a 10 años.
La secretaría de Energía estimó que a partir de marzo, las boletas de luz llegarán con alzas de hasta el 150 % para la mayoría de las familias (y en algunos segmentos podría llegar al 300 %). En el caso de los usuarios de altos ingresos, ya no reciben subsidios y abonan el costo pleno del suministro. Las tarifas del nivel 1 (es decir, los ingresos más altos) irán de $13.900 a $34.332, lo que significa un aumento de 150%. Y para el nivel 2 (bajos ingresos) la tarifa se ubicará en alrededor de los $7500, lo que representa un alza del 70%. Para los del nivel 3 (ingresos medios), el alza estimada rondará el 65%.
Con el aumento de tarifas eléctricas AMBA, el gobierno redujo las categorías residenciales (R) de 9 a 4. Un usuario q era R7 (consumo entre 600 y 700 kWh) ahora es R4. Los usuarios de cargo fijo pasarán a pagar de $ 5.789 a $ 30.054 x mes, más allá de si es de ingresos altos, medios o bajos.
Mientras el Gobierno hace recaer las consecuencias del ajuste sobre las grandes mayorías con el argumento de que “no hay plata”, Edesur, una de las principales empresas distribuidores, declaró ganancias en 2023 por casi $ 80.000 millones. Los recursos del Estado deberían dejar de destinarse para pagar deudas fraudulentas y ponerse en función de garantizar servicios básicos (como la luz y el gas) a bajo costo para las familias trabajadoras, mediante la nacionalización de los recursos energéticos, su producción y distribución.
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