La cumbre de los gobernadores de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, al que fue invitado el presidente Milei, aunque se descarta su participación -hasta este momento- se iniciará este 7 de marzo a las 18 horas en el hotel Rayentray, ubicado frente al Golfo Nuevo, en Puerto Madryn.
Luego de la tensión entre la provincia de Chubut con el gobierno nacional por la retención de la coparticipación federal se realizará esta reunión de los gobernadores patagónicos para pensar iniciativas comunes que profundicen el extractivismo, gestionar y avanzar con el ajuste y el pago de la deuda en cada provincia.
El gobernador de Chubut, tras una semana donde discutió y amenazó al presidente de la nación con cortar el envío de petróleo por el recorte de la coparticipación federal, tras el fallo judicial a favor de la provincia, salió a apoyar rapidamente al presidente Javier Milei tras su discurso en el Congreso y su propuesta de un pacto de 10 puntos para la reconstrucción nacional.
Torres, una vez más, salió a bancar a Milei y su plan, que busca conseguir algún consenso político para seguir profundizando el ajuste fiscal y las contrarreformas, luego del fracaso de la derrotada ley Ómnibus, que le exige el FMI. Pero antes de ir a firmar a Córdoba el pacto cuyos puntos ya redactó el presidente, en otro capítulo de la novela entre el gobernador del PRO y el presidente, lo invitó a hacerse presente en Puerto Madryn.
El gobernador de Chubut, que se jacta de apoyar un 90% la política de Milei y de haber aplicado un ajuste en la provincia mayor al del gobierno nacional y de imponer con el apoyo de la legislatura provicnial y Patricia Bullrich, un Comando Unificado de Seguridad, habilitando la intervención de las fuerzas federales de seguridad, quiere avanzar nuevamente con la megaminería y está intentando avanzar con la exploración en Sierra Chacón Sur y Sierra Cuadrada en Paso de Indio, una de las localidades de la meseta chubutense, donde según la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, solo viven 1.000.000 de guanacos.
El gobierno nacional, por su parte, aceleró la convocatoria a todos los gobernadores para el viernes 8 de marzo con la intención de avanzar en la discusión de los 10 puntos que planteó en el Congreso Nacional el pasado 1° de marzo.
Los ejes del Pacto de Mayo son un calco del Consenso de Washington, las viejas recetas neoliberales que le gustan al FMI: inviolabilidad de la propiedad privada, innegociable equilibrio fiscal, fuerte reducción del gasto público, reforma tributaria, mayor explotación de los bienes comunes naturales, reforma laboral, reforma previsional, reforma política y apertura comercial.
Algunos gobernadores ligados al PRO han saludado la propuesta, otros están dispuestos a sentarse a negociar. Mientras el peronismo deja correr las medidas de ajuste.
En este marco, los gobernadores de las provincias patagónicas realizarán esta reunión en Puerto Madryn para plantear "una agenda común" de ajuste al pueblo trabajador y saqueo de los bienes comunes naturales al servicio de las multinacionales, de las grandes empresas y el FMI.
En estes sentido, uno de los objetivos de la cumbre es unificar criterios para avanzar en la explotación de los recursos energéticos, minerales, turísticos, pesqueros, frutícolas, lanares y cárnicos, y lanzar una Agencia de Desarrollo Patagónico para impulsar estas políticas, donde además se pondrá el acento en las energías renovables y el "hidrógeno verde".
El bloque de gobernadores patagónicos está sentado sobre uno de los negocios rentistas más importantes de Argentina y quieren su tajada. Una pelea de "buitres" entre los gobernadores y el gobierno nacional
La pelea con el gobierno nacional unificó a la casta política patagónica, pero mostró que los gobernadores no tenían la intención de avanzar en una dirección muy distinta a la de Milei ya que aplican el ajuste en sus provincias.
El trasfondo de una de las discusiones entre los gobernadores nacionales y el gobierno nacional está vinculado con las centrales hidroeléctricas que están en Río Negro, Neuquén y Chubut, ya que las provincias patagónicas quieren participar del negocio en las futuras adjudicaciones por considerar que es un patrimonio provincial, cuestión que desde el Gobierno central no comparten.
En este sentido, el Juzgado Federal de Rawson N° 1, a cargo del juez Hugo Sastre, se declaró competente en una presentación realizada por el ex senador y actual gobernador Ignacio Torres (Pro), que en abril de 2023 reclamó que el Estado nacional se abstenga de tomar medidas en relación a la concesión de la empresa Hidroeléctrica Futaleufú, la central ubicada en cercanías a Trevelin, cuya concesión -en manos de la empresa Aluar- vence a mediados de 2025.
En el caso de Neuquen y Rio Negro se podría dar la misma discusión por las represas hidroeléctricas que operan sobre los ríos Limay y Neuquén que tienen sus contratos vencidos y se encuentran en un bucle de prórrogas desde agosto de 2023.
En ambos casos, los gobernadores Weretilneck (Río Negro) y Figueroa (Neuquén) ya intimaron al gobierno de Javier Milei para acelerar una respuesta sobre este tema.
En el caso de la represa de Futaleufú, la provincia de Chubut es propietaria del 33,51% de las acciones de la empresa (Aluar controla el 60,2%), pero cuando la concesión caiga, la propiedad de la presa pasará a manos del Estado nacional. El hoy gobernador, Torres fue a la Justicia Federal a tratar de sentar un antecedente antes de que se comience la discusión legal.
En este tema, la puja por quién se queda con las ganancias que generan las represas, como con la energía eólica, tanto los gobernadores como el gobierno nacional quieren mantener el modelo neoliberal que implementó el menemismo en la década del ’90, un modelo que benefició a las empresas multinacionales y nacionales con ganancias extraordinarias y que pagó el pueblo trabajador.
Este tema, que no se anunció como parte de la agenda, seguirá en la agenda por lo que es necesario desarrollar una política independiente. La izquierda propone la expropiación y estatización de las empresas de energía. Como propuso Nicolás del Caño, diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad quién en 2023 presentó "un proyecto que propone la expropiación y estatización de las empresas de energía eléctrica porque hay que terminar con la estafa de las privatizaciones".
Esa estafa, como sostiene el proyecto que se presentó desde la banca de la izquierda, tiene sus raíces en la dictadura militar: el exorbitante incremento de la deuda pública y el desfinanciamiento de las empresas del Estado, que generaron las condiciones para una futura privatización en la que los acreedores del Estado Nacional tendrían acceso privilegiado a la venta de las empresas públicas. Y así fue. "Un proceso que comandó el Fondo Monetario Internacional junto al Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, siguiendo los lineamientos del Consenso de Washington".
La propuesta del Frente de Izquierda, de expropiación y nacionalización de las empresas de servicios eléctricos, sería el paso inicial para avanzar hacia la conformación de una empresa nacional, que integre el conjunto del sistema energético, incluidos los recursos petroleros y gasíferos, "que garantice el servicio a toda la población y avance hacia una transición en la matriz energética sustentable y amigable con el ambiente", unificando la producción, el transporte y la distribución. Hoy en manos de empresas disociadas entre si lo que genera un enorme coste para los usuarios y un descontrol en materia tarifaria y de prioridades.
Esta pelea es parte de enfrentar el ajuste de Milei y los gobernadores al servicio del FMI. | 
