Lejos de ajustar a la casta, como pregonaba en campaña, el presidente Javier Milei descarga su política de ajuste en las espaldas de quienes menos tienen. Entre ellos, una enorme mayoría de jubilados y jubiladas se encuentran entre los principales afectados. Según la Defensoría de la Tercera Edad, hace al menos una década que no llegan a cubrir siquiera el 40 % de la canasta básica de un jubilado: lo mínimo que una persona adulta mayor necesita para vivir en esos últimos años de la vida.
“La mayor parte del ajuste de enero y febrero de este año estuvo relacionada con la baja en términos reales de las jubilaciones y pensiones”, dice Del Caño, y destaca que “comparado con enero de 2023, en el primer mes de este año el Gobierno recortó un 32,5 % lo destinado a estas categorías”, agrega y subraya que se trata de “un nuevo robo a los jubilados y jubiladas, de al menos 767.876 millones de pesos, para seguir cumpliendo con los mandatos del FMI”.
No es exagerado. Según el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal - IARAF, las personas que cobran la jubilación mínima van a terminar el mes de marzo con una pérdida de poder adquisitivo del 43% respecto al mismo periodo del año 2023. Una muestra de que la licuación de jubilaciones y salarios del primer bimestre de este año explica “la mitad de la reducción total de gasto primario ejecutada en el periodo”, dice el informe de IARAF. En tanto, de los datos aportados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), también se desprende que los bonos extraordinarios para quienes cobran los haberes más bajos tampoco fueron ninguna solución: si se los incluye, la pérdida es del 27,8%.
“Esos números tienen un reflejo cotidiano, en los bolsillos y el cuerpo de millones de adultos mayores. Cayó el consumo de remedios, en muchos casos esenciales para la salud. Comparada con la jubilación mínima, la canasta de medicamentos PAMI aumentó un 20% entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Las organizaciones sociales cuentan que cada vez concurren más adultos mayores en busca de un plato de comida, que encima el gobierno no manda a los comedores”, dice el proyecto que impulsa Del Caño junto a sus compañeros del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, Christian Castillo, Alejandro Vilca y Romina del Plá.
Asimismo, el texto señala que este hachazo a las jubilaciones “está ocurriendo también debido a que la fórmula previsional dejada por Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández se actualiza cada tres meses y la inflación se disparó en diciembre”, y advierte que los bonos y moratorias no han sido una solución. El salto inflacionario provocado por el gobierno actual, para licuar salarios y jubilaciones, profundiza esta línea. Con un bono de $ 70.000 en marzo, dejará al haber mínimo en apenas $204.445.
“Mientras tanto, hay un conjunto muy reducido de personas que cobran mensualmente jubilaciones millonarias, de privilegio. Son un puñado de jueces, obispos y funcionarios y ex funcionarios con pensiones graciables, aunque sólo hayan sido presidentes por una semana”, dice Del Caño, y adelanta que en los próximos días volverá a insistir en la derogación de las jubilaciones comprendidas en las leyes 22.731, 24.018 y 21.540, como ya hizo bajo los gobiernos del Frente de Todos como de Cambiemos (UCR-PRO), sin que ninguna de esas fuerzas, ni los partidos del régimen que los acompañaron, como el de La Libertad Avanza, quisieran darle tratamiento.
“Gracias a estas excepciones, unas 800 personas se llevan mensualmente el equivalente a lo que perciben 25.000 jubilados en la mínima”, denuncia el diputado del FITU y remarca que “todos los gobiernos se encargaron de desfinanciar el sistema previsional con ventajas impositivas para los grandes empresarios, que la siguen juntando en pala, y cumpliendo a cuentagotas con las metas que mandata el FMI”.
Qué propone el proyecto
“Nuestro proyecto plantea una salida de emergencia, inmediata e integral, para atender las necesidades de los millones de jubilados y trabajadores que están en la miseria: que se le toque el bolsillo a los fugadores seriales de capital, a los grandes empresarios, a los bancos y los acreedores de deuda y no a los que menos tienen; que realmente haya un aumento inmediato de la jubilación mínima para todos los trabajadores, jubilados y jubiladas, que se incluya una actualización inmediata en la que ninguna jubilación pueda quedar por debajo de la inflación, y obviamente restituir los aportes patronales para que todas las jubiladas y los jubilados puedan tener el 82% móvil del mejor salario en actividad y un haber que como mínimo permita cubrir la Canasta Básica para Jubilados y Pensionados, que debe considerar las múltiples necesidades especiales de alimentación, salud, vivienda y atención médica y actualizarse mensualmente, según el costo de la canasta de vida o la evolución salarial (RIPTE), el mayor". Esta Canasta, elaborada por la Defensoría de la Tercera Edad, valorizada al día de hoy ronda los 580 mil pesos.
Para alcanzar esos fines y priorizar las necesidades de asalariados, trabajadores, jubiladas y jubilados, el proyecto prevé financiar al sistema previsional retornando las alícuotas de las contribuciones patronales al 33 %: el nivel vigente antes de la reforma menemista impulsada por Domingo Cavallo, que ningún gobierno modificó. También propone anular todas las rebajas de retenciones y otros beneficios impositivos otorgados mediante decretos y leyes en beneficio de los agronegocios, las mineras y la industria, así como la llamada “economía del conocimiento”, con su principal beneficiario Marcos Galperín. Finalmente, "en el sentido contrario a la profundización de la regresividad del sistema tributario", el proyecto propone que se dupliquen los pagos del Impuesto a las Ganancias de las sociedades y empresas, y un impuesto especial a las ganancias de los bancos obtenidas a través de los intereses por las Letras de corto plazo que emite el Banco Central, en particular las Letras de Liquidez (Leliq), los pases remunerados y todo otro instrumento financiero similar.
En este sentido, cuenta Del Caño, "este proyecto está alineado con otro que presentamos en diciembre pasado, que propone un aumento de emergencia de los salarios, haberes jubilatorios y programas sociales ante la escalada inflacionaria, de modo que su percepción equivalga como mínimo al costo de la Canasta Básica Total, indexados mensualmente de acuerdo a la inflación". Ese proyecto, rubricado bajo el expediente 4901-D-2023, también garantiza la prohibición de despidos y suspensiones tanto en el ámbito público como privado y la prohibición del aumento de tarifas.
La iniciativa del Frente de Izquierda, que define que las jubilaciones y pensiones serán “mensuales, móviles, vitalicias e inembargables y quedarán excluidas del impuesto a las ganancias o ingresos personales”, desde los 60 años para las mujeres y 65 para los varones, “con independencia de la cantidad de períodos aportados, o que reúna 30 años de aportes al Sistema Previsional Argentino con independencia de su edad”, puede leerse completo aquí:
Proyecto L_jubilaciones Mínimas y 82 Por Ciento Móvil by Sol Bajar on Scribd
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