Las fotografías de los compañeros y compañeras detenidas desaparecidas ocuparon la primera fila de la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata; una sala colmada de encuentros, abrazos y emociones compartidas, en tiempos de negacionismo y derechas envalentonadas.
En esta oportunidad, las abogadas María Luz Santos Morón, Pía Garralda, Carolina Vilchez y el abogado Nicolás Tassara, integrantes de la querella Justicia Ya! fueron los encargados de cerrar los alegatos de la parte acusadora en el juicio unificado conocido como “Brigadas”, donde se juzga, desde 2020, a 12 represores, por los crímenes cometidos contra 611 personas en las Brigadas de Investigaciones de Quilmes, Banfield y Lanús, durante la última dictadura cívico- militar- eclesiástica.
Un alegato enmarcado en un contexto político de negacionismo por parte del gobierno de Milei y Villarruel, que “obliga a remarcar la importancia de estos procesos en los que buscamos Verdad y Justicia. Verdad y justicia para seguir tejiendo una Memoria que sea una barrera que impida que hechos atroces sufridos por las víctimas, actos como los que hemos escuchado durante este juicio, se vuelvan a repetir.”
Justicia Ya! solicitó la pena de prisión perpetua de cumplimiento efectivo para los imputados por encontrarlos coautores del delito de Genocidio, ya que fue demostrado, una vez más, que los delitos cometidos “son parte de un plan sistemático de exterminio parcial del grupo nacional argentino, contra una generación militante, de activistas y luchadores, al que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas”.
En este sentido, la querella sostuvo que la impunidad biológica de la que gozan los genocidas tiene su contracara con el fallecimiento de sobrevivientes y familiares, teniendo en cuenta que estamos frente a un delitos cometidos hace casi 50 años, en un juicio que lleva cuatro años: “A lo largo de estos años de audiencias, hemos constatado que casi un 25% de los testigos propuestos fallecieron, un enorme número no se encuentran en condiciones de declarar, ya que algunos hechos han ocurrido hace casi 50 años. Genocidas muertos en el camino, algunos imputados como Miguel Etchecolatz. Otros ni siquiera pasaron por un tribunal muriendo impunes, sin siquiera haber sido procesados”. Por lo que exigieron se revoque la prisión domiciliaria de los imputados imponiendo la prisión efectiva en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal.
Así mismo remarcaron la necesidad de juzgar a los responsables civiles del genocidio, que ningún gobierno lo propició lo que implica “seguir sosteniendo la impunidad de los actores económicos que propiciaron y se beneficiaron con la sangre de nuestro pueblo, hoy lo estamos pagando, ya que son esos mismos sectores impunes los que propician y se benefician con este plan económico. Más del 60% de pobreza, más de 7 millones de argentinos y argentinas bajo la línea de pobreza, así lo atestiguan”.
Se señaló a través de los testimonios de sobrevivientes y familiares que tanto el Pozo de Quilmes como el de Banfield formaron parte de los centros de operaciones del Plan Cóndor, en cuanto a la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay. Por estos centros clandestinos pasaron al menos 37 personas de nacionalidad uruguaya de las que se tuvieron datos en este juicio.
En este juicio cobró relevancia el número de mujeres embarazadas que fueron vistas en estos centros clandestinos, en especial el la Brigada de Banfield conocida como “el hospital”, lugar donde “ejercía” el médico torturador Antonio Bergés, imputado en esta causa.
La declaración de Clara Petrakos fue clave en el entendimiento de la maquinaria genocida sobre la apropiación de menores, habiendo indicios del robo de bebés por parte de Bergés desde los años 60. Según los testimonios y la investigación que realizó Petrakos en la búsqueda de su hermana nacida en cautiverio, estuvieron secuestradas 37 mujeres: 13 fueron liberadas, aunque una de ellas años más tarde fue desaparecida, 3 fueron asesinadas, una de ellas antes de dar a luz y 22 continúan desaparecidas.
Otro número de gran impacto fue la cantidad de menores que fueron secuestrados y trasladados a alguno de los centros. Sobre un total de 45 niñas y niños secuestrados, 11 permanecen desaparecidos.
Dada la envergadura de la reconstrucción realizada por Clara Petrakos, la querella solicitó al Tribunal que se remita a instrucción, su declaración para que se investiguen los hechos ocurridos con el robo de menores, al mismo que se exigió la apertura total de los archivos y la particular investigación de la plantilla del personal de las Brigadas: "Constantemente escuchamos a los sobrevivientes hablar de las guardias, ¿nos seguimos preguntando por qué no se utilizan las plantillas de personal de las brigadas y se investiga a la totalidad de los agentes que formaron parte? Esos listados existen desde la causa 44 y luego recopilados en los años 90".
La querella también destacó la importancia de ser este el primer juicio sobre crímenes de lesa humanidad donde hay una querellante de la comunidad travesti- trans. Su testimonio es “prueba total de la persecución que sufrieron las diversidades sexuales y de género antes, durante y después de ese periodo por parte de las fuerzas represivas que ejercen un genocidio silencioso hacia la comunidad travesti-trans no binarie”.
Con respecto a los delitos sexuales señalaron que “la violencia sexual hacia las mujeres, varones y cuerpos feminizados fue parte del plan genocida.genocida. Consistió en una práctica uniforme y sistemática que se aplicó en todos los centros clandestinos de detención y exterminio del país, como lo demuestran miles de testimonios que dan cuenta de los juicios tramitados. Toda persona que estuvo detenida en los centros clandestinos de detención que aquí se juzgan padeció una o más formas de violencia sexual”, por lo que se exige “su reconocimiento y condena con perspectiva de género”.
Para finalizar y, alzando las voces de las 611 víctimas de este juicio, la querella cerró su alegato con estas palabras:
“Desde la querella JUSTICIA YA LA PLATA, de la mano de compañeros y compañeras que lucharon durante gran parte de su vida por lograr los juicios, compañeres como ADRIANA CALVO, NILDA ELOY, CRISTINA GIOGLIO, PATRICIA CHABAT, CACHITO FUKMAN, JORGE “EL TURCO” SOBRADO, OSCAR YOMHA en quienes nombramos a todos y cada una de los que no pudieron llegar a ver este juicio, va nuestro homenaje:
En tiempos donde invitan a olvidar y ser sumisos, en tiempos de mirar a otro lado. En pozos donde entierran a la historia, Nos sabemos unidos y hermanados. En tiempos donde hablan por la libertad y no la escuchan, pues ella es hija de la madre de los que luchan. Nunca de los que creen en el dios Mercado. Pues entiendan que no hay libertad posible, si en las panzas de los niños hacen ruido las tripas de los desolados. Si sigue habiendo cuerpos que duermen sobre cartones, sepan ustedes señores, que, con nuestro hambre, no construirán sus imperios.
Como hemos dicho siempre y seguiremos diciendo:
CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS.
NO A LAS EXCARCELACIONES Y DOMICILIARIAS.
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
SON 30.000, FUE GENOCIDIO”. | 
