El anuncio se hizo por parte de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, y por medio de esta medida busca aumentar las restricciones para aquellas personas que estén dentro del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, en las postulaciones a fondos concursables de la Universidad de Chile.

Dicha casa de estudios incorporo otros criterios, como no estar sancionado por Leyes de Acoso y Violencia de Género en la Educación Superior, Violencia Intra-familiar o la Ley Zamudio. Tienen como objetivo además que otras instituciones hagan medidas similares.

Enmarcado en una baja participación de mujeres y mucho menos de disidencias sexo-genéricas; y por parte de las académicas de la Universidad de Chile, declaran necesitar de estos fondos para poder avanzar en sus investigaciones.

Si bien la medida es un avance, sigue siento completamente insuficiente considerando que la brecha de género se profundiza a medida que se va aumentando el grado académico y de especialización; considerando que, por ejemplo, en Chile solo el 34% de quienes realizan investigaciones son mujeres, y dentro de estos parámetros ni siquiera se considera a las diversidades sexo genéricas.

Pero cabe preguntarse por qué disminuye la participación de mujeres y personas gestantes en las investigaciones académicas, doctorados y altos grados de la academia. Esto tiene relación con la doble jornada laboral de muchas mujeres, donde según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, las mujeres en promedio dedican el triple de horas al trabajo domestico y de cuidado no remunerado en comparación al tiempo que dedican los hombres.

Esta medida además refleja la hipocresía de la institución, cuando hace unos meses atrás, cerraron el caso de Margarita Ancacoy, mujer, mapuche y trabajadora del aseo de dicha universidad, quien fue asesinada camino a su trabajo a las 5.30 de la mañana, esto tras haber solicitado reiteradamente cambios de turno al alertar esta situación, quien no fue escuchada y de la que lamentamos su muerte tras haber transcurrido 5 años y sin existir ningún tipo de justicia ni reparación para su caso.

Es por esto que medidas como estas son completamente insuficientes, y un mínimo que hacen desde dicha casa de estudios para avanzar en superar la brecha de género. Ya que las condiciones de opresión y violencia calan en la estructura de la educación y sociedad, y mas directamente, son producto de las lógicas de mercantilización del sistema capitalista y neo-liberal. Es por esto que la vía para terminar con estas condiciones de desigualdad es mediante la organización desde los distintos estamentos que constituyen la comunidad educativa.