A propósito de lo que está ocurriendo en la Ciudad de Rosario con las bandas criminales y las políticas que proponen las autoridades nacionales y provinciales, entrevistamos a Bárbara Funes, coordinadora de La Izquierda Diario México e integrante del MTS. Nos cuenta la responsabilidad de los partidos tradicionales en el surgimiento de las bandas criminales en el país y las graves consecuencias sociales que trajo la militarización. Las propuestas de la izquierda para poner en jaque este negocio capitalista que cuenta con la participación de estamentos estatales.
México tiene altos índices de violencia por el accionar del narcotráfico ¿Cuál es el rol del Estado y las Fuerzas Armadas en este negocio criminal?
El problema de la violencia por el narcotráfico tiene una historia reciente muy sombría. Entre 1978 y 1980, Miguel Ángel Félix Gallardo, un hombre que provenía de las filas de la policía, fundó el cártel de Guadalajara. Eran tiempos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que estuvo en el poder unos 80 años y que, de nacionalista burgués, pasó a ejecutar los planes neoliberales.
El cártel de los Zetas, de la década de 1990, fue fundado por un grupo de ex militares que fueron capacitados en la Escuela de las Américas, la escuela de genocidas responsables de los golpes de Estado, que llevaron adelante los escuadrones de la muerte, detenciones y desapariciones en América Latina, donde se formaron asesinos como Leopoldo Fortunato Galtieri en Argentina. Esto es un poco para ver la génesis del crimen organizado en México.
En 2006, el entonces presidente Felipe Calderón, una figura del Partido Acción Nacional (PAN), el partido de la derecha tradicional, lanzó la llamada “guerra contra el narcotráfico”, ordenada desde Washington. La misma estrategia que se desplegó en Colombia. En 2008, durante la administración de George W. Bush, se activa la Iniciativa Mérida, un acuerdo del imperialismo estadounidense con México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Haití y República Dominicana, mediante el cual se equiparon y entrenaron el ejército y la policía de la región.
Más recientemente, podemos concluir que el desarrollo del crimen organizado, con múltiples vasos comunicantes con autoridades civiles y militares, y las políticas securitarias, entre ellas la militarización, constituye un fenómeno reaccionario que recorre Latinoamérica y el Caribe.
¿Podés contarnos alguna de las consecuencias sociales que trajo la guerra contra las drogas en México?
En 2014, el 26 de septiembre, se llevó a cabo la masacre de Iguala, en el estado de Guerrero. Unos 80 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que estudiaban para ser maestros rurales, fueron atacados por la policía local, cuando iniciaban un viaje a Ciudad de México para participar de la protesta en un nuevo aniversario de la masacre de Tlatelolco. Fueron entregados al cártel “Guerreros Unidos”, vinculados con el alcalde de Iguala y su esposa –quien había llegado al poder con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Esa noche fueron asesinadas 6 personas y 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada. Estos hechos desataron un amplio movimiento democrático en México, que hacía responsable al Estado. A la fecha el caso sigue impune y es una de las promesas que no cumplió López Obrador, el actual presidente que está en el tramo final de su mandato. Más bien al contrario, ante la exigencia de familiares de los estudiantes desaparecidos de que el Ejército entregue información sobre el caso, la respuesta oficial es buscar dividir a los familiares, sembrar la desconfianza hacia los abogados que los representan y proteger a la corporación militar.
Estos ejemplos evidencian el estrecho vínculo entre sectores de los gobiernos federales, estatales y municipales, y de las fuerzas represivas con el crimen organizado. Es imposible que haya tráfico de drogas sin el aval de al menos un sector de las autoridades. Se trata de una verdadera asociación delincuencial entre distintos niveles del Estado y las instituciones con los distintos cárteles, que extiende sus tentáculos al plano internacional, hacia países de Europa, Asia y África; y los cárteles mexicanos se han convertido en los principales proveedores de la cocaína, la metanfetamina y el fentanilo que se consume en Estados Unidos.
Como mencionaba antes, en distintos momentos los partidos patronales tradicionales del régimen mexicano estuvieron involucrados con el crimen organizado. Eso llevó a una crisis orgánica –siguiendo la definición del marxista Antonio Gramsci–, luego de la masacre de Iguala y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En masivas movilizaciones se multiplicaba la consigna “Fue el Estado”.
Los partidos tradicionales, el PRI, el PAN y el PRD, quedaron profundamente desprestigiados y López Obrador, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena, una ruptura del PRD), fue ganando cada vez más influencia. Canalizó el descontento social y así desplazó del poder a los anteriores partidos, que diez años después no han podido recuperarse y constituyen una oposición burguesa débil.
Durante todo su gobierno, uno de los grandes “logros” de López Obrador –que había prometido devolver el Ejército a los cuarteles y no lo hizo–, fue la recomposición de la imagen de esa institución, al que llama “pueblo uniformado” con la pretensión de que viene del ejército de la Revolución Mexicana iniciada en 1910. Se trata de una operación político-ideológica que no resiste la forzada analogía, pues hubo distintos ejércitos durante esa revolución, algunos integrados por leva forzada y otros por participación voluntaria (en particular los de Francisco Villa y Emiliano Zapata), que nada tienen que ver con el ejército profesional que existe en la actualidad.
Al mismo tiempo, el actual gobierno mexicano –que oscila entre el 55 y el 60 % de apoyo popular– ha asignado cada vez más tareas del orden civil al Ejército y la Marina, como la administración de aduanas, puertos y aeropuertos, la distribución de las vacunas contra el covid-19 durante la pandemia y tareas de seguridad pública, mientras su discurso ante la violencia fue “abrazos no balazos” y “atender las causas estructurales”, con distintos programas sociales. Siguiendo a Gramsci, podemos concluir que con esta política de López Obrador el Ejército también es parte activa del “Estado integral”, ya que hay una interrelación entre su función coercitiva y su función de consenso. Y el narcotráfico también, en lugares donde tiene control territorial.
En la actualidad, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, la oposición de la derecha, agrupada en la coalición Fuerza y Corazón por México, centra su campaña en denunciar un supuesto pacto de López Obrador con el narcotráfico, al mismo tiempo que distintos medios internacionales, como The New York Times, la agencia ProPública y Deutsche Welle desplegaron una guerra de noticias con la publicación de distintos reportajes sobre acusaciones de financiamiento de las campañas electorales de López Obrador de 2006 y de 2018. Esto se suma a la búsqueda de un sector del partido republicano de declarar terrorista al narcotráfico, para allanar el camino hacia una intervención directa en territorio mexicano.
¿Cómo afecta al pueblo mexicano este negocio criminal?
Las consecuencias tienen efecto a distintos niveles. El narcotráfico se desarrolla junto con los tráficos de armas, de personas, de órganos, la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex para su posterior comercialización, los secuestros y el reclutamiento para trabajos forzados. En el marco de la pobreza estructural que prima en algunas regiones, de la pérdida de derechos laborales y los bajos salarios, los cárteles se convirtieron en una opción para algunos jóvenes, seducidos en parte por el aura romántica de dinero y poder creada por la industria cultural –con series, películas, géneros musicales como el narcocorrido–, que funciona también para legitimar la continuidad de la militarización.
El impacto negativo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (ahora T-MEC), con desventajas para México, también ha llevado a que, para un sector de pequeños productores del campo, el cultivo de amapola y marihuana fuera la opción para sobrevivir.
¿Cuáles son las ciudades más afectadas por esta violencia criminal?
La frontera norte de México, integrada por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, es una de las regiones más violentas y donde más floreció la industria maquiladora de exportación. La frontera se superpone con parte del llamado triángulo dorado –integrado por Chihuahua, Sinaloa y Durango-, donde se cultiva amapola y marihuana. En el sur, Michoacán –el principal productor de aguacate– y Guerrero –también con zonas dedicadas al cultivo de marihuana y amapola– tiene importantes reservas minerales. Jalisco, un importante estado con producción industrial también es un foco de violencia. Más recientemente, Chiapas –donde se dio el levantamiento zapatista de 1994 y, años después, se desarrollaron las comunidades zapatistas– desde un tiempo a esta parte es escenario de una disputa entre distintos cárteles sin intervención del Ejército ni de la Guardia Nacional creada por López Obrador –una corporación integrada por policías, militares y marinos, bajo la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional–; Guanajuato –un estado con presencia de varias transnacionales, como General Motors– y Zacatecas –con importantes recursos mineros y también industria– son otros dos estados donde ha crecido la violencia en los últimos tiempos.
Las disputas por las plazas entre los distintos cárteles, las escaramuzas con sectores del Ejército y la Guardia Nacional, crean un clima de violencia cotidiana que resulta funcional para liberar territorios codiciados por trasnacionales, para crear nuevos parques industriales, para desplegar parques de producción de energías renovables, para apropiarse de bienes naturales como hidrocarburos, minerales, tierras raras, agua. Y a la vez son funcionales para mantener el control social.
Esto sucede en regiones como el sudeste mexicano: proyectos como el Tren Maya –que incluye trenes de carga– y el Corredor Transístmico –con infraestructura para logística y el plan de construcción de nuevos parques industriales–, o a nivel estatal el caso particular de Chiapas donde hay alrededor de 40 megaproyectos –enfocados en minería, turismo y recursos energéticos–.
En síntesis, el florecimiento del crimen organizado y la militarización están vinculados con un nuevo salto en el saqueo de la región, tanto en el plano de los bienes naturales como en el mantenimiento de bajos salarios y pocos o nulos derechos laborales, la gran “ventaja comparativa” de México para trasnacionales y magnates como Carlos Slim, dueño de Telmex, Grupo Carso y América Móvil, entre otras empresas, o Germán Larrea, dueño de Grupo México, una de las principales mineras mexicanas. Se puede aplicar a este fenómeno el concepto de “acumulación por desposesión” que desarrolló el geógrafo marxista David Harvey, subordinada a la acumulación por explotación, pues toda la región del sudeste está atravesando un proceso de transformación que modificará la estructura económica y creará nuevos batallones de la clase trabajadora con personas migrantes y la población local despojada de sus territorios.
Las mujeres y la juventud son uno de los sectores más atacados por esta violencia criminal que, como contás, tiene raíces estatales ¿nos podés contar más sobre esto?
Desde 2006 a 2023, son más de 153.000 los jóvenes asesinados. Fenómenos terribles como las desapariciones forzadas –para 2021 se calculaban alrededor de 88.000 personas–, los desplazamientos forzados, las ejecuciones y los feminicidios se multiplicaron exponencialmente. Sólo entre 2006 y 2021 fueron asesinadas en México cerca de 43.000 mujeres, según cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se crearon numerosos colectivos de madres buscadoras y familiares, quienes corren todo tipo de peligros para dar con sus desaparecidos. Son quienes más descubren fosas clandestinas y en ocasiones, en esta búsqueda, son asesinadas.
También fueron asesinados periodistas que investigaron y/o dieron a conocer casos de asociación entre altos funcionarios civiles o militares y el crimen organizado.
¿Cómo afecta la violencia a las personas migrantes, teniendo en cuenta que México es la principal ruta para llegar desde el sur a Estados Unidos?
Con el auge de políticas antimigratorias –que se endurecen durante la administración del republicano Donald Trump y ahora el demócrata Joe Biden está haciendo lo propio–, las personas migrantes se ven obligadas a tomar las rutas más peligrosas, y están expuestas tanto a la violencia del narcotráfico como al hostigamiento y persecución por parte de agentes migratorios, la Guardia Nacional y el Ejército. En la historia reciente hay algunos ejemplos: hace poco más de una década, el 22 de agosto de 2010, tuvo lugar la primera masacre de Tamaulipas –conocida en México como masacre de San Fernando–, donde 72 personas migrantes fueron asesinadas. En la misma localidad, al año siguiente, se produjo otra masacre, de al menos 193 migrantes.
Por último, aunque el panorama es desolador, hay algunas experiencias que vale la pena ponderar. Aún con el clima de violencia que impera en los estados del norte, se han desarrollado interesantes procesos de lucha de clases. Uno de ellos fue el movimiento 20/32 en Matamoros Tamaulipas, protagonizado por obreras y obreros de las maquiladoras, que exigían aumento salarial del 20 % y el pago de un bono de 32.000 pesos en 2019. Otro caso fue el de trabajadoras y trabajadores estatales, jubilados y profesores en Zacatecas, en 2021, que confluyeron en las calles contra el recorte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) y por el pago de salarios adeudados.
Apenas en 2023, en el poblado de Texcapilla, Estado de México, hartos de extorsiones, una comunidad de agricultores se rebeló contra la Familia Michoacana, el cártel que domina la zona, y atacaron a los narcotraficantes con machetes y escopetas. En la refriega cayeron 10 integrantes del cártel y 4 pobladores.
Es decir, cuando llega la gota que rebasa el vaso, el escudo de control social de la violencia y la militarización puede ser rebasado por la acción de la clase trabajadora y los sectores populares.
¿Hay organizaciones sociales, políticas, que tomen medidas progresivas contra esta violencia criminal?
La cuestión del narcotráfico, por todo lo que comenté antes, está estrechamente vinculada con la militarización. A fines de 2010 surgió la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización (COMECOM) –que luego devino en Coordinadora Nacional contra la Militarización– tras la jornada de protesta en Ciudad de México contra la represión sufrida por estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez por parte de policías federales durante la Caminata Contra la Muerte, realizada en esa ciudad fronteriza.
Esta coordinadora estaba integrada por distintas agrupaciones, colectivos e individuos de la UNAM, UAM, UACM, IPN y organizaciones sociales. Entre sus reivindicaciones se encontraban: Contra la militarización en Ciudad Juárez y el país; contra los juvenicidios y feminicidios; solidaridad con Ciudad Juárez; en defensa de las autonomías universitarias; no a la criminalización de la protesta social; si tocan a uno nos tocan a todos; Juárez no es cuartel, fuera ejército de él. En 2011 se realizó la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad hacia Ciudad Juárez.
En años recientes, el Movimiento Cannábico Mexicano entre 2019 y 2021 mantuvo un plantón frente al edificio del senado, para exigir la despenalización del cannabis y exigir el cese de persecución de las personas que hacen uso de la planta. Esto se dio en el marco de que en 2019 empezaba la discusión de un proyecto de ley para regularizar el consumo de marihuana con fines recreativos.
Desde el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS) han analizado en profundidad sobre los responsables del avance de este negocio sangriento ¿qué proponen ustedes para poner en jaque esta alianza criminal entre sectores de la burguesía y el crimen organizado?
Nosotros partimos de que la militarización es la expresión más abyecta de las consecuencias de la subordinación económica, política y en materia de seguridad a los Estados Unidos, así como de la descomposición y degradación resultado tanto de la histórica opresión imperialista sobre México –cuya frontera con el vecino del norte se extiende por más de 3.000 kilómetros–. Para terminar con esto es fundamental la ruptura con el imperialismo y sus órdenes. Algunas medidas medulares son desmilitarizar el país, legalizar las drogas y expropiar a los capitales del narcotráfico, que ninguno de los partidos que representan los intereses capitalistas están dispuestos a llevar a cabo, ni el Morena de López Obrador, con todo y su discurso del “humanismo mexicano”.
Consideramos que la clave es impulsar una perspectiva antiimperialista, anticapitalista y socialista, que debe iniciar con las medidas que enuncié antes, que favorezca los intereses de las grandes mayorías, que ponga un alto a la espiral de violencia y degradación social, que son consecuencia directa del capitalismo y la opresión imperialista. |
