Sobre el origen del Tribunal

El tribunal tiene su origen en el latín tribunalis (estrado semicircular donde se reunían los jueces) y designa el lugar o edificio donde, históricamente, se sustancian los conflictos y controversias; era una tarima o plataforma elevada donde hablaban los tribunos, con el propósito de dirimir las contradicciones existentes en la sociedad. En el capitalismo es un órgano público, establecido como instrumento jurisdiccional (con capacidad de juzgar) cuyo objetivo central es ejercer la resolución de los litigios.

Es fundamental ubicar al tribunal como una función estatal y como uno de los poderes del Estado llamado Poder Judicial; además, hay que señalar que el tribunal se desarrolla de manera plena en la sociedad burguesa. En la Antigua Grecia era el Areópago y, en la Antigua Roma, había dos tribunales permanentes: los decenviros y los centunviros. En la Edad Media son los tribunales eclesiásticos. En la sociedad precapitalista, el tribunal no se funda en la categoría de la subjetividad jurídica; aún no existe el derecho subjetivo y el derecho objetivo, por lo que no hay una separación entre la dimensión política y la económica [1].

Lo anterior significa que los miembros del tribunal forman parte de la clase económicamente dominante, los jueces son operadores políticos y jurídicos de la casta religiosa, clase esclavista y terrateniente; son tribunales que resuelven los casos bajo el poder directo y la fuerza bruta sin mediación alguna. Por el contrario, los jueces en la sociedad burguesa tienen como marco ideológico y material las ideas de "libertad" e "igualdad"; no obstante, son los encargados de mandatar el uso de la brutalidad directa y son, aunque muchos de ellos y ellas no lo sepan, empleados a sueldo del gran capital. A nivel del discurso formal no sucede esto, pero sí en el contenido real.

El capitalismo es el imperio de la dimensión formal sobre lo real, ya que inaugura la subjetivación jurídica; esto quiere decir que los jueces y juzgadores se convierten en sujetos iguales y equivalentes, con voluntades libres y autónomas a nivel formal para ocultar una desigualdad política y económica a nivel real [2], pero siempre cubiertos por el manto de la "neutralidad" de lo jurídico y de simples "aplicadores técnicos" de la ley. El fin práctico profundo de la mediación jurídica es el de asegurar el movimiento, más o menos libre de obstáculos de la producción y de la reproducción social, que en la sociedad mercantil se realiza formalmente mediante una serie de contratos privados. Este fin no puede conseguirse, únicamente, con el auxilio de las formas de la conciencia; esto es, de elementos puramente subjetivos: para ello se necesita recurrir a criterios precisos, a leyes e interpretaciones de leyes, a una casuística, a los tribunales y a la ejecución coercitiva de las sentencias [3].

La premisa fundamental de los tribunales en las sociedades divididas en clases sociales es, por consiguiente, el antagonismo de los intereses privados. Éste es, al mismo tiempo, el presupuesto lógico de la forma jurídica y la causa real del desarrollo que toma la forma jurídica. La conducta de los seres humanos puede ser regulada por las normas más complejas, pero en esta reglamentación el momento jurídico comienza allí donde comienza el aislamiento y la oposición de los intereses. Esta estrecha relación morfológica crea una unión evidente entre el tribunal y el duelo, entre las partes de un proceso y los protagonistas de una lucha armada; pero, con el crecimiento de las fuerzas socialmente reguladoras, el sujeto pierde su concreción material. En lugar de su energía personal aparece el poder de la organización social; es decir, de la organización de clase, que encuentra su más alta expresión en el Estado. Al abstracto e impersonal poder del Estado, que actúa en el espacio y en el tiempo con una regularidad y una continuidad ideales, corresponde aquí el sujeto impersonal y abstracto del que es el reflejo.

Tribunales populares

Luego de la toma del poder en Rusia, sobrevino la guerra civil y la invasión de catorce ejércitos extranjeros contra la revolución soviética, lo que generó enormes penurias a las masas trabajadoras y campesinas. No olvidemos que la escasez de productos generada por la confrontación militar más las viejas estructuras ideológicas que cargaban buena parte de las masas rurales (quienes representaban el grueso de la población) provocó que afloraran con fuerza problemas como el crimen y las cuestiones del orden civil.

Problemas tan cotidianos como qué hacer con alguien que había asaltado a un transeúnte o cuando se daba un divorcio surgía, en automático, la pregunta sobre cuál de los progenitores debía tener la guardia de los menores y qué parte debía proveer de la pensión alimenticia, o quién tenía derecho a una herencia que no superara los limites legales seguían tan vigentes como antes de la revolución, a lo que los soviets ensayaron diferentes soluciones.
Debe mencionarse que, durante la primera fase del comunismo, muchos de los problemas que aquejan a la humanidad persistirán por cierto tiempo. No porque la fase de transición deba ser perfecta, sino porque la sociedad siguió cargando durante un periodo los vicios de la vieja organización social en la cual nació. Siguiendo esta misma línea de pensamiento, el derecho tampoco podrá resolver de lleno la problemática social, aun cuándo se apliquen las normas según las necesidades de cada uno de los sujetos; ya que, citando al propio Marx: "El Derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado".

Desde 1917 los soviets se erigieron como los órganos legislativos locales que tenían los decretos como principal herramienta. Su legitimidad venía no de una constitución (según Umberto Cerroni pocas veces se hacía referencia a la constitución soviética de 1917) sino del programa político y la acción revolucionaria de las masas y del partido bolchevique. Los decretos tenían, a su vez, el objetivo de generar una organización práctica y ágil dirigida a la población de obreros y campesinos. Jerárquicamente, las leyes supremas eran los acuerdos tomados en el soviet panruso, aunque cabe señalar que a pesar de que había un soviet nacional, los soviets locales estaban en posibilidad de discutir las políticas aprobadas, incluso llegaron a no tener acuerdo y desobedecieron las directrices.

El soviet tenía la forma de una cámara única, legislativa y ejecutiva a la vez. Los jueces eran elegidos por sufragio universal y revocables por sus electores. Las medidas sociales tomadas incluyen la abolición del trabajo nocturno y la entrega de las fábricas y talleres abandonados a cooperativas obreras para que las pongan a producir al servicio de la ciudad.

La confianza para superar las miserias de la sociedad capitalista fue tan alta, que muchos jueces y soviets locales clausuraron la mayoría de los tribunales; incluso, se dieron casos de manifestaciones que incendiaron los edificios judiciales, lo cual expresó el odio que inspiraban las instituciones zaristas. No se trataba de convertir los tribunales en escuelas de civismo, sino que estos órganos judiciales funcionaran por un breve tiempo, ya que la necesidad de estos duraría mientras se superaba la etapa de transición. Los tribunales judiciales (no los populares) operaron como mediación estatal respecto a la población, donde se arrogaba la capacidad de juzgar bajo el velo de la imparcialidad. Los soviets rompieron esto, ya que se constituyeron como espacios de juzgamiento o nombraban comisiones para casos específicos [4].

El 22 de noviembre de 1917 se promulgó el decreto número 1 referente a los tribunales. Se abolieron todos los tribunales prerrevolucionarios, se abrogaron las leyes que contrariaban los principios de la revolución, pero se permitía aplicar las normas acordes con la revolución y con la consciencia jurídica revolucionaria. Luego, en marzo de 1918 se fundaron los tribunales populares. Los jueces y demás trabajadores judiciales recibían el salario promedio de un obrero y su actuar estaba en constante escrutinio por parte de los votantes que los habían elegido para la función y, en todo momento, podían ser removidos del cargo. Esta forma de proceder garantizó que los puestos judiciales no fueran objeto de codicia por parte de sujetos que los buscaban por las altas remuneraciones y el poder político que representaban.

En esta etapa los jueces elegidos para los tribunales populares eran obreros y soldados, en parte porque la mayoría de los abogados estaban impregnados por la ideología dominante y se negaban a ejercer los cargos, pero la razón más de fondo de esta situación era el carácter social de la revolución; puesto que, los trabajadores dirigieron sus destinos, también tomaron en sus manos el problema de la impartición de justicia. Stucka señalaba que casi no existían conocimientos técnicos de parte de los nuevos jueces, no obstante, al final lo que se analizaba eran las relaciones humanas y cualquier persona era capaz de cumplir con esa tarea [5].

Asimismo, y luego del decreto número 1 sobre los tribunales populares se introdujo la figura del jurado para hacer un contrapeso a la figura del juez, que, si bien se buscaba que fuera un obrero, tenía una gran relevancia dentro del proceso. Este jurado era elegido entre los ciudadanos soviéticos y tenía la finalidad de escuchar a las partes (un fiscal y la defensa del acusado) y decidir, en función de las pruebas y la argumentación, sobre la culpabilidad o inocencia del acusado. Al principio este sistema operó más o menos bien, pero luego tuvo problemas en su funcionamiento debido a la guerra civil, por lo que el soviet decidió modificarlo. La reforma consistió en incluir a dos asesores populares, que junto al juez debían votar y aprobar por mayoría la determinación del juzgador [6]. No obstante, con la victoria de Stalin los asesores populares se convirtieron en simples figuras decorativas, ya que todo el poder de decisión recayó en la figura del juez.

A diferencia de los tribunales populares de la revolución francesa, que en 1792 constituían medicaciones necesarias entre el pueblo y los enemigos de la revolución, los juristas asumieron el papel de juzgador popular, pero aparentando una "imparcialidad"; es decir, que no eran parte de las masas en lucha, más bien eran parte de la pequeña burguesía que no compartía la plenitud de los intereses de los insurrectos y, por ello, eran tribunales "populares" ajenos a la revolución, de tal manera que sus procesos y sentencias no constituían ningún peligro para los aristócratas feudales.

En resumen, los tribunales constituidos por la revolución de 1917 fueron otra prueba de que las masas pueden tomar en sus manos cualquier actividad política, incluso las que parecen más complejas e incomprensibles como es la de la impartición de justicia durante la era burguesa. Ahora, es de resaltar que los tribunales populares tenían el mismo carácter transitorio que el derecho y el Estado. Cuando la sociedad pudiera superar completo la ley del valor y prevaleciera una profunda democracia obrera, la institución del tribunal perdería razón de ser y se iría extinguiendo.