Tal como hemos reflejado en una nota anterior , las cámaras empresariales de la industria pesquera han llevado al sector a una virtual paralización, donde los únicos que pierden son sus más de 2000 trabajadores.
De los más de 50 barcos que componen la industria pesquera solo 6 están actualmente activos, llevando a una situación muy crítica a los trabajadores, que en muchos casos tampoco tienen acceso a los seguros de paro que se están negociando, como consecuencia de la precarización del trabajo que llevó a que no alcancen el número mínimo de jornales que permite acceder a al seguro.
Esto no es nuevo, sino que se trata de una patronal históricamente explotadora y represiva, que permanentemente busca maximizar sus ganancias a costa del trabajo ajeno, con condiciones precarias, jornadas extenuantes y pésimas condiciones laborales. El convenio colectivo del sector vence el 30 de abril y con la excusa de la baja rentabilidad en algunas épocas del año, han paralizado al sector, pero de fondo buscan hacer caer conquistas históricas de sus trabajadores, tal como sucede con la jubilación anticipada. Mientras tanto crecen sus deudas con los trabajadores (licencias, prórrogas de seguro de paro, etc.), y con los aportes al Estado.
Una crisis estructural
Lo que sucede en este momento es parte de una serie de pujas históricas y largos conflictos en un contexto de crisis del sector pesquero.
Tal como refleja el semanario Brecha, en los años 70, y a instancias de una fuerte promoción estatal se llegó a un importante crecimiento, centralmente orientado a la provisión del mercado externo. Esto trajo aparejado que de 1millon de dólares de exportaciones en el año 73 se pasara a más de 50 millones a principios de la década del 80.
Por supuesto en ese entonces los empresarios se beneficiaron de toda la política de promoción estatal y se preocuparon más en aumentar sus ganancias que en ir renovando la flota o buscar diversificar la industria y los mercados.
Ya en la década del 90 se aumentó el número de especies capturadas y la capacidad de los barcos, pero en detrimento de la actividad en la fase industrial y buscando la comercialización hacia el exterior de lo que se pescaba, sin ningún valor agregado. El cierre de Fripur es también parte de este proceso, donde el Estado no hizo nada para mantener abierta esta planta procesadora bajo la gestión de sus trabajadoras y trabajadores.
Nos encontramos hoy con una flota totalmente obsoleta, tal como denuncian los propios trabajadores y una pérdida de mercados por falta de competitividad que lleva a una drástica caída de la actividad en el sector y del número de trabajadores ocupados.
El Estado también ha hecho su parte y juega a favor de los empresarios, en esa misma nota de Brecha se señala que “la Auditoria Interna de la Nación realizó una evaluación del funcionamiento de la Dinara en el período 2020 a 2022 y concluyó que el proceso de emisión y renovación de los permisos de pesca comercial industrial presentaba debilidades de control interno, que «no permiten asegurar que los mismos cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente [y que comprueben] la eficiencia de las operaciones, la confiabilidad e integridad de la información y la protección de los recursos hidrobiológicos». En cuatro de los cinco procedimientos auditados los niveles de criticidad hallados fueron extremos”. Sucede que no existe una mínima planificación de esta industria de parte del Estado, incluso el Aldebarán el barco de investigación científica esta parado por falta de mantenimiento. Es parte de una política estatal que le da la espalda a esta industria y deja el camino libre para que los empresarios avancen con su política depredadora y de simple maximización de ganancias en base a los volúmenes de pesca.
Una salida desde los trabajadores
Periódicamente las y los trabajadores de la pesca tienen que salir a defender sus derechos frente a una patronal que no ceja en su intento de aumentar sus ganancias y atacar conquistas y derechos laborales.
Ahora están diciendo explicitamente que quieren que haya pesca unos pocos meses del año lo que lleva a que quienes estén en esta área solo puedan tener trabajos zafrales.
En este sentido este es un primer punto a defender, hay que asegurar el trabajo estable para todo el sector, el pase a planta permanente y no en función de los caprichos empresariales.
Está clarísimo que es un trabajo que se desarrolla en duras condiciones (en buena media a consecuencia de la desidia empresarial y falta de inversiones), entonces es claro que los sueldos no pueden seguir sumergidos y que es más que justa la jubilación anticipada en esta industria.
El Estado y los gobiernos no pueden seguir haciéndole el juego a estas patronales, hay que controlar las condiciones laborales, así como asegurar que la pesca se mantenga durante todo el año con el debido cuidado de las especies y evitando la depredación y la pesca que ponga en peligro el medio ambiente y la diversidad.
Hace ya décadas se desmanteló el ente Industrias Loberas y Pesqueras del Estado (ILPE) dejando toda la actividad en manos de estos empresarios, y permitiendo a su vez que el precio del pescado sea fijado según sus antojos.
Están a la vista las consecuencias de haber dejado la industria pesquera en manos de privados, la solución de fondo pasa por poner de pie una fuerte industria pesquera estatal, bajo control de los trabajadores y toda la población, apuntando a garantizar precios accesibles que permitan incluir en la dieta popular el pescado y sus derivados, como parte de una alimentación de calidad para toda la población, y cuidando a su vez el medio ambiente y la propia diversidad de especies.
Es hora que el PIT-CNT acompañe activamente la lucha de las y los trabajadores de la pesca, están a la orden del día medidas de lucha como un paro general para torcerle el brazo a esta patronal que solo está buscando que se le reduzcan los costos para volver a hacer sus negocios. Por el contrario hay que buscar una salida que cambie estructuralmente las condiciones en esta industria, con trabajo estable, condiciones laborales dignas, en el marco de una política planificada en base a las necesidades alimenticias populares. | 
