Maduro sigue en carrera en su curso privatizador, y lo de la Ferrominera, como de su alcance a Sidor, no sería una gran novedad, solo marca su pulso acelerado entreguista bajo el mayor de los secretos. Desde el inicio de la crisis se ha venido en un proceso de privatizaciones bastante avanzado en el sector petrolero y otras áreas. Es sabido que en el sector el sector agroindustrial, supermercado y hotelería son decenas las empresas que desde hace mucho tiempo han pasado a manos de privados.
En el caso de la Ferrominera Orinoco, parte del emporio de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG), esta empresa tiene una capacidad instalada anual de 25.000 toneladas de mineral de hierro y tiene reservas probadas de 4,2 millones de toneladas. Es un conglomerado industrial que se encarga del procesamiento de minerales en una zona rica en estos recursos y con acceso directo a energía a bajo costo por su cercanía con la Hidroeléctrica Simón Bolívar.
El nuevo acuerdo de la empresa india y el Gobierno de Maduro fue informado por la agencia Bloomberg ya que, por la opacidad de las operaciones gubernamentales y el secretismo, no se informa, y esto bajo el amparo de la mencionada Ley Antibloqueo. También lo han señalado trabajadores y sindicalistas de la empresa, al detectar la constante presencia de representantes y especialistas de la empresa Jindal Steel & Power, no solo en la Ferrominera sino también en la acería Siderúrgica del Orinoco (Sidor).
En agosto del año pasado dirigentes sindicales de Guayana había alertado sobre la presencia de técnicos y especialistas de una empresa india. En declaraciones al medio Correo del Caroní, el sindicalista Carlos Ramírez, del movimiento sindical Unidad en la Coincidencia, declaraba en ese entonces que “desde abril del 2022, cuando el presidente de la empresa JSP, Naven Jindal, visitó a Sidor, acompañado por el ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, hasta la presente fecha [agosto, 2023], la presencia consuetudinaria de representantes y técnicos de la empresa India en Sidor es tal que parece indicar la inminencia de un acuerdo; es decir, de un negocio a puertas cerradas, de modo nada transparente que pudiera afectar el interés nacional”.
Al mismo tiempo denunciaba que Jindal Steel & Power es internacionalmente conocida por su “cultura laboral” de corte esclavista, donde “la seguridad social no es un derecho humano, es una ficción” para esta empresa. Evidentemente la suspensión de los derechos laborales contemplados en las contrataciones colectivas, la limpieza con los despidos masivos bajo la cobertura de los “no esenciales” y las jubilaciones prematuras, los salarios por el piso y bonificados sin incidencia en los pasivos laborales, es otra de las grandes atracciones para esta transnacional.
Se especula que Jindal Steel & Power podría exportar alrededor de 600.000 toneladas métricas de materia prima por mes para finales de este año, luego de una supuesta inversión de US$ 800.000 para potenciar la producción de las plantas y para “mejorar los equipos existentes”. Todo esto en base al informe de Bloomberg, dada la discrecionalidad de los acuerdos. Con estos activos en remate y las condiciones de sobreexplotación de los trabajadores en estas empresas, la súper ganancias para estas transnacionales es solo un paseo.
Todo esto bajo el mayor de los expolios, garantizado por el gobierno nacional. “La Ley Antibloqueo lo permite todo, ¡hagámoslo!” afirmaba Maduro, y eso es lo que ha venido haciendo desde que se promulgara su Ley entreguista. “En un sentido, la revelación del impulso privatizador de Venezuela es un claro avance positivo” se jactaba en decirlo la agencia especializada en noticias económicas Bloomberg a mediados del 2022.
Por ello, cuando se anunció la Ley Antibloqueo, escribíamos: “Avanzan con toda una cadena de privatizaciones de empresas con total discrecionalidad en el marco de todo el secretismo de la Ley ‘Antibloqueo’. Un país a remate llevado a cabo por el Gobierno de Maduro. Todos lo festejan, aunque algunos le cuestionan que no se realiza como en los años 90, observando la cuestión de la discrecionalidad, pero no el entreguismo, como si la relativa ‘transparencia’ del remate de entonces (por ser un régimen de varios partidos y sin el nivel de autoritarismo actual) no hubiese implicado negociaciones a espaldas de los intereses de los trabajadores y el pueblo, y los más variados secretos para beneficiar tanto a compradores transnacionales y locales como agentes del Estado.”
Como hemos venido planteando desde La Izquierda Diario, enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.
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