Romero es asesinado en medio de un proceso revolucionario abierto
Moseñor Romero fue asesinado en medio del proceso revolucionario que vivía El Salvador, una revolución abierta que se profundizaba a medida que arreciaban los asesinatos masivos del gobierno genocida del momento. Es que, desde 1977, el movimiento obrero urbano y popular salvadoreño se encontraba en una total actividad, que combinaba protestas sociales con huelgas masivas con ocupaciones de fábricas. Se iniciaba así una dinámica de luchas en escala ascendente que llegará a su apogeo a fines de la década y principios de los 80. La transformación de la lucha huelguística en política y luego en revolucionaria se fue dando en forma acelerada. Y si este era el estado de las luchas obreras y populares, un fenómeno similar ocurría entre los campesinos pobres y semiproletarios del campo. Las masas se vieron compelidas a actuar por todas las circunstancias objetivas producto de la crisis general que vivía el país.
Este ascenso también lo experimentarán las organizaciones guerrilleras, surgidas a inicios de la década, bajo el impacto de la revolución cubana, y que influenciaban a sectores importantes de la población. En 1979, cuando triunfa la revolución nicaragüense, el movimiento de masas, muy fortalecido y combativo, entró en una etapa de euforia. La situación política del país se convulsiona aún más con el asesinato de Romero. El 10 de octubre de 1980 fue creado el FMLN (Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional) como un organismo de coordinación de las cinco organizaciones político-guerrilleras que participaron en la guerra civil entre 1980 y 1992, contra el gobierno militar de la época. Se abría entonces una guerra civil que durará 12 años en los que, según las cuentas más conservadoras, murieron más de 90 mil personas. Luego de la derrota del movimiento. El FMLN se constituyó en partido político legal a partir de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992.
Su elección como arzobispo y su giro político
Oscar A. Romero es nombrado Arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977, por el Papa Pablo VI, para suceder a monseñor Luis Chávez y González. Su elección causó extrañeza en el clero salvadoreño, no por algún perfil de reformador de la curia salvadoreña en ese entonces sino porque el Papa lo elegía justamente porque Romero era el candidato de los sectores conservadores de la Iglesia católica salvadoreña, que deseaban contener a los sectores de la Iglesia arquidiocesana que defendían en ese entonces la “opción preferencial por los pobres”, conocidos como clero medellinista. Romero era crítico por entonces de las nuevas vías abiertas por el Concilio Vaticano II, e incluso su elección fue recibida con cierta alegría para el gobierno y los grupos de poder, que vieron en este religioso de 59 años un posible freno a la actividad de compromiso con los más pobres que estaba desarrollando la Arquidiócesis de la capital, San Salvador.
Serán los acontecimientos políticos, en el convulsionado país centroamericano, los que llevarán a operar un giro en la postura política de Romero. A pocos meses de ser designado arzobispo, se dan una serie de asesinatos de sacerdotes y laicos, destacándose la muerte del sacerdote Rutilio Grande (quien había promovido la creación de comunidades cristianas de base y la organización de los campesinos de la zona), amigo personal de Romero, así como eran expulsados del país otros tantos que no eran de origen salvadoreño. Era el período de los últimos años del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina, a quien le exigió una investigación, celebrando una misa única el 20 de marzo a la que asistieron más de cien mil personas, a pesar de la oposición del nuncio apostólico y de otros obispos. Romero también decidió no acudir a ninguna reunión con el Gobierno hasta que no se aclarase el asesinato, y no asistió a la toma de posesión del presidente entrante, el también Coronel Carlos Humberto Romero a principios de julio.
Desde entonces pasó a denunciar en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes, y de todas las personas que recurrieran a él, en el contexto de violencia y represión militar que vivía el país, especialmente hechos violentos como los asesinatos cometidos por escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas, cometida por los cuerpos de seguridad. Entre esos años también fueron asesinados los sacerdotes Alfonso Navarro, el 11 de mayo de 1977, Ernesto Barrera Moto el 28 de noviembre de 1978, Octavio Ortíz el 20 de enero de 1979, Rafael Palacios el 20 de junio de 1979 y Alirio Napoléon Macías 4 de agosto de 1979. Pero Romero, también criticaba las acciones violentas de las organizaciones guerrilleras que para ese entonces habían alcanzado gran desarrollo y capacidad de acción, y que contaban con amplio apoyo de masas, y quienes también lo tomaban como su bandera.
Los responsables siguen impunes
Este 24 de marzo se cumplieron 44 años del asesinato de Óscar A. Romero, muerto por los escuadrones de la muerte de El Salvador, cuando un disparo hecho por un francotirador impactó en su corazón mientras celebraba una misa. Los funerales, celebrados pocos días después en la Catedral Metropolitana de San Salvador, convocaron a millares de salvadoreños transformándose en un acto político de masas, que terminaría en una batalla campal en la que las fuerzas de seguridad acometieron contra miles de salvadoreños concentrados en la plaza de la catedral. El resultado: más de 40 muertos y doscientos heridos. Cuarenta y cuatro años después del asesinato, se conoció el nombre de quién disparó contra Monseñor Romero, un subsargento de la extinta Guardia Nacional llamado Marino Samayor Acosta. Pero el encargado y responsable directo, quien organizó todo el operativo, fue el siniestro mayor Roberto d’Aubuisson, creador de los escuadrones de la muerte y fundador del partido político derechista ARENA (Alianza Republicana Nacionalista). Los verdaderos responsables continúan impunes, y más allá de que algunos hayan fallecido, como d’Aubuisson, muchísimos continúan libres, militares de alto rango, grandes empresarios, e incluso gozando de su poder económico, en medio de la gran impunidad a que llevó la amnistía general luego de los acuerdo de paz de 1992, que ha permitido que genocidas de miles de obreros, campesinos, estudiantes y del pueblo pobre aún se paseen libres.
No compartimos el pensamiento religioso de Monseñor Romero, y más allá de nuestro enfoque político, su asesinato fue expresión también de los millares de asesinados por los distintos gobiernos militares, de las juntas cívicos militares, del gobierno de los demócratas cristianos y de Arena. Un genocidio que aún sigue completamente impune, como las muchas masacres que fueron perpetradas durante las décadas que convulsionaron a El Salvador. El crimen está en la impunidad, incluso bajo los gobiernos del FMLN, no se juzgó a los culpables. La investigación sobre su asesinato se encuentra detenida hace un año. "Pedimos que se haga justicia (por Romero) tal vez el que dio la orden ya esté muerto, pero los ejecutores están todavía afuera, entonces que se haga la justicia que necesitamos", declaraba este domingo una manifestante en una marcha que congregó a centenares de salvadoreños este domingo.
El 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización de Mons. Romero, proceso que estuvo bloqueado durante la época de Juan Pablo II. Entre los enemigos de Romero en el proceso de canonización dentro del Vaticano figuran dos influyentes cardenales, como los colombianos Alfonso López Trujillo, ya fallecido y conocido por sus posiciones ultraconservadoras y Darío Castrillón Hoyos, jubilado, los cuales ocupaban en la década del ‘90 importantes cargos en la Curia Romana. El 23 de mayo de 2015 fue beatificado en la plaza Salvador del Mundo, en El Salvador, y el 14 de octubre de 2018 fue canonizado por el papa Francisco en la plaza de San Pedro en Roma. |
