El 29 de marzo se dio a conocer, por diversos medios de prensa, la violación de una menor de 15 años en las instalaciones del Comando Provincial de la Policía de Camargo. La menor, que había sido detenida en la noche del domingo 24 de marzo por un sargento de la FELCV (Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia), fue agredida por el mismo, que hoy se encuentra en detención preventiva en el recinto penitenciario de San Roque.

Durante esa jornada, la adolescente habría acordado reunirse con un grupo de amigos en inmediaciones cercanas al comando policial, cuando el sargento Percy W. O. C. se acercó vestido de civil. El efectivo policial la llevó al Comando Provincial con la premisa de “protegerla”, y bajo la excusa de supuestamente encontrarla en estado de ebriedad. Un amigo de la adolescente, también menor de edad, les acompañó hasta las instalaciones, donde el policía le ordenó que se retirara argumentando que la menor se quedaría hasta recuperarse. El amigo avisó a la familia que la adolescente se quedó en la Policía. Cuando la madre fue a reclamar, buscando por su hija, el policía aseguró que la menor no se encontraba allí, sin embargo, logró entrar por la fuerza, y buscar en todo el recinto. Tras encontrarla, la familia de la víctima se encargó de que el perpetrador no escape de la edificación, y tras un exámen forense, que confirmó la violación, presentaron la denuncia correspondiente.

El sargento Percy W. O. C. fue aprehendido y se encuentra en detención preventiva, imputado por uso indebido de bienes del Estado, según el comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, Marco Antonio Gutiérrez.

Son varios los casos de abuso sexual y violación por parte de efectivos de la institución policial, que han sido encubiertos y dejados en impunidad, como lo ocurrido en el caso de María Fernanda Paucara. Por eso constantemente organizaciones feministas vienen denunciando al grito de “la policía no me cuida, me viola y asesina” ante el actuar de las fuerzas policiales represoras y encubridoras, que protegen y son protegidas por un sistema capitalista y patriarcal y que hacen uso de su poder para cometer delitos de violencia machista, represiones y crímenes de lesa humanidad como en el golpe de estado.

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Resulta alarmante que la “Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia” (FELCV), la institución encargada de atender los casos de violencia contra las mujeres, sea dirigida por los ejecutores de dicha violencia, dificultando en desmedida el proceso de denuncia, y constantemente revictimizando a las víctimas y sus familias. Por esto, organizaciones como Pan y Rosas exigen constantemente que los casos de violencia contra las mujeres no estén bajo la tuición de la FELCV, sino que se conforme una comisión independiente que investigue estos casos, que este compuesta por organismos de derechos humanos y organizaciones de mujeres y que goce de reconocimiento institucional. También se pone en exigencia el desfinanciamiento de la policía, que constantemente viene recibiendo más fondos.

Las organizaciones feministas, denuncian también al sistema judicial que pone la “justicia” al servicio de quiénes puedan comprarla. En ese sentido, causa preocupación y estado de alerta la posibilidad de que este como otros casos de agentes policiales, queden en la impunidad.