Desde el estallido social que en Antofagasta no se presenciaba una movilización tan masiva en las calles, como la ocurrida el pasado lunes 25 de marzo, en el marco de un llamado a “paro nacional” convocado por la familia de la profesora Katherine Yoma. Fueron cerca de 10.000 las y los asistentes a dicha marcha, compuesta, en su gran mayoría, por docentes, profesionales y trabajadores de la educación, pero que también contó con la presencia de apoderados y estudiantes secundarios y de la Universidad de Antofagasta y Universidad Católica del Norte; al igual que docentes de establecimientos particulares subvencionados de la comuna.

Movilización que se dio en el marco de una paralización del sector educativo municipal que, este lunes primero de abril, iniciará su cuarta semana… En paralelo, Gobierno, autoridades locales y sus partidos, proponen diversas medidas “parche” para descomprimir un profundo descontento que, difícilmente, se cerrará…

Las distintas vías que impulsa el Gobierno, autoridades locales y partidos del régimen para desactivar el descontento mediante migajas

La muerte de Katherine Yoma- quien en sus últimos días enfrentó el autoritarismo de CMDS con la brutal rebaja de su carga horaria, dejándola con un sueldo de $300 mil, y cambiándola de establecimiento educacional-, agudizó una crisis existente y expuesta durante años por el gremio educativo: condiciones paupérrimas en escuelas y liceos municipales, hacinamiento y problemas de convivencia escolar, crisis de la salud mental, falta de personal y agobio laboral; todo esto en un contexto nacional de mayor precarización de la vida y descomposición social tras la pandemia, lo cual se refleja en las aulas de clases.

El Gobierno de Boric- que no ha hecho ningún cambio significativo en la entrega de recursos para la educación pública, al contrario, continúa la política de Bachelet 2.0 con la implementación de los SLEP-, junto a parlamentarios de distintos sectores- como los diputados Jaime Araya (ligado al PPD), Sebastián Videla (de la bancada del Partido Liberal), Yovana Ahumada (ahora de Demócratas) y Catalina Pérez (RD)-, sumado a autoridades de la seremi de Educación; vienen con una fuerte línea de impulsar la llamada “Ley Katherine Yoma”.

El reciente viernes 29 de marzo, en oficinas de la seremi de Educación, se realizó una reunión con los parlamentarios mencionados, el seremi Alonso Fernández, y Karina Yoma, hermana de Katherine. Desde la familia- y con un sentido totalmente legítimo de querer buscar justicia para Katherine-, exigen que se establezca una normativa que permita entregar mayor resguardo a docentes ante problemas de convivencia, pero, especialmente, ante arbitrariedades por parte de equipos directivos. Solicitan que se concreten protocolos adecuados para abordar estas situaciones y también realizan una dura crítica al estado de la salud mental y la falta de profesionales y recursos para enfrentar esta situación, que afecta a docentes, trabajadores de la educación, estudiantes y apoderados.

Sin embargo, aún no hay mayor claridad sobre qué significa una “ley Katherine Yoma”. Parlamentarios ponen el foco en mayor sanciones, apuntando los dardos a las y los apoderados y a entregar facultades a entidades regionales para aplicar medidas. Sus discursos son esencialmente punitivistas, nada muy distinto a la ya existente “ley Aula Segura”, que establece sanciones para estudiantes, expulsándolos de los establecimientos educativos y sacándolos del sistema educativo, sin resolver absolutamente nada en términos de convivencia escolar y clima laboral en las comunidades educativas.

El problema principal de esta propuesta- a la cual también se sumó el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar (Partido Humanista) y las respectivas dirigencias locales-, es que, tomando la legítima exigencia de la familia Yoma Valdivia-, busca cerrar esta crisis mediante una ley con foco en sanciones, sin una claridad en cuanto a los tiempos de legislación y promulgación, y planificada “por arriba”; sin expresar las demandas más sentidas del gremio educativo, ni mucho menos considera medidas concretas como la entrega de recursos, establecer una contratación base de profesionales psicosociales, entre otras necesidades de fondo.

Muy distinto sería si la “ley Katherine Yoma” fuese una propuesta elaborada y surgida desde las bases docentes, pensada y reflexionada por parte de trabajadores de la educación, de profesionales, apoderados y estudiantes; es decir, si condensara las demandas centrales de los sectores movilizados y que hacen a las comunidades educativas. La propuesta actual que se esboza, no considera nada estructural ante la crisis de la educación, al contrario, podría ser una propuesta que termine dividiendo aún más a docentes, trabajadores y apoderados.

A la vez, autoridades de CMDS se vienen apoyando en un sector de concejales- con Waldo Valderrama del PC y Camilo Kong de CS encabezando estas tratativas-, para descomprimir el profundo cuestionamiento, expresado en la exigencia de renuncia de toda la plana directiva de Corporación, del propio alcalde Velásquez y de la dirección del establecimiento D-68. Recordemos que el jefe comunal apartó de sus funciones- mientras dura la “investigación interna”- a la directora de Educación- hoy reemplazada por quien estaba encargado del proceso de traspaso a los SLEP-, y a la jefa de la dirección de Enseñanza Básica; mientras que el jefe de Recursos Humanos de CMDS habría sido desvinculado y el director de la Escuela D-68 suspendido temporalmente de funciones, ya que “no puede ser despedido por ser un cargo que pasó por Alta Dirección Pública”.

Ante la exigencia de estas renuncias por parte de la familia y las bases docentes, el alcalde y CMDS aplicaron estas vías para descomprimir y, en los hechos, los altos cargos de Corporación continúan vigentes, incluyendo a la directora ejecutiva, Belguin Cisternas.

En paralelo, autoridades de CMDS han mantenido reuniones y diálogos con concejales, principalmente el concejal del PC, Valderrama, quien ha enfatizado en “ciertos avances y compromisos” por parte de Corporación. Tales como una supuesta “implementación de los consejos escolares resolutivos” para “hacerle contrapeso a los directivos”; una instancia que ya existe hace años y que el gremio mira con desconfianza por tratarse de “papel mojado”, donde las comunidades educativas, en realidad, no deciden absolutamente nada y en muchos casos ni siquiera se realizan o, de hacerse, son bajo el autoritarismo de directivos y sus equipos de confianza. También se ha hablado de la “creación de un departamento al interior de CMDS”, que cuente con profesionales psicosociales, cuya labor específica sería abordar casos graves de convivencia escolar. Respecto a la contratación urgente de profesionales para atender la salud mental en cada establecimiento educacional, nada se ha hablado ni acordado. Una situación extrema que mantiene a un/a encargado/a de convivencia escolar para una totalidad que supera las 1.000 personas, como es el caso del Liceo B-13, que cuenta con 1.080 estudiantes y que, además, es parte de una lista de establecimientos que se barajan para aumentar cursos ante la falta de matrículas. Esta es la cruda realidad. Uno o dos psicólogos para comunidades que exceden los 1.000 integrantes de la comunidad educativa. Sobre una inyección de recursos para esta área, nadie se ha referido. Sumado a lo anterior, concejales piden el apoyo por parte de la seremi de la Mujer y de entidades como Mejor Niñez.

Por su parte, desde la seremi de Educación se habla de impulsar un “plan regional de educación”, con fondos del Gobierno Regional”, que contemplaría una política de programas e ideas generales de capacitaciones a los equipos de gestión y psicosociales ya existentes, mediante charlas, materiales de orientación, pero sin apostar a la inyección de recursos para la contratación de más profesionales que realmente fortalezcan los equipos actuales, los cuales están totalmente por debajo de las necesidades actuales de las comunidades educativas.

Además, seremi de Educación y alcaldía se encuentran concretando los trámites para el arriendo de una sede de la Universidad Arturo Prat, con el propósito de adaptarlo para la realización de clases con, al menos, 14 salas de clases. Esto, en medio de la crisis por la falta de matrículas, que tiene a más de 800 estudiantes de Antofagasta sin poder educarse, además de otros varios cientos en otras comunas de la región. Esta medida parche se sumaría a la propuesta de ampliación de cursos en liceos de la comuna, lo que fue denunciado- mediante un comunicado público- por docentes y profesionales del Liceo B13. Más hacinamiento, problemas de convivencia y agobio laboral, es lo que se propone desde el Mineduc a nivel regional, sumado a ideas de “programas” que nadie sabe bien quiénes podrán en el futuro implementarlos por la escasez de profesionales.

Desde el Gobierno Regional, Ricardo Díaz (independiente ligado al PPD), promete entregar $70.000 millones, con el propósito de aumentar en 3.300 las matrículas en la región, mediante la construcción de establecimientos: una escuela en San Pedro de Atacama, otra en Mejillones, y un liceo en La Chimba (una promesa que viene de años). A esto se sumarían “proyectos de conservación” en liceos emblemáticos, cuyas comunidades educativas, mientras se construya, deberán realizar las clases en “escuelas móviles”. Estas “escuelas modulares” o “móviles” serían para Antofagasta y Mejillones y se demorarían seis meses en su construcción. ¿Cuándo iniciarán estos trabajos? No hay fecha ni plazos.

Mientras que por parte del alcalde Jonathan Velásquez- hoy ligado a personajes del Partido Republicano como Marcela Ruz, su prima y a quien se le indica como la “nueva asesora”-, la línea ha sido directamente oponerse a la paralización y dividir a docentes, trabajadores de la educación y apoderados. Primero, mintiendo ante la prensa y afirmando que las y los estudiantes no estarían recibiendo su alimentación- lo que fue negado por la dirección regional de Junaeb-; y, ahora último, llevando de sorpresa a la apoderada de la estudiante involucrada en el caso de Katherine Yoma, al concejo municipal, donde se montó toda una maniobra política, y se utilizó el testimonio de la madre de la menor para acentuar las brechas entre docentes y apoderados. De este modo, Velásquez salió con una ofensiva línea comunicacional, en redes sociales, utilizando incluso cuentas falsas y “bots” para así instalar una contraposición de versiones, desviando su responsabilidad política ante la crisis de la educación municipal y omitiendo que ha recortado el presupuesto para esta área durante los últimos años.

Crisis del poder local ad portas de las elecciones municipales y regionales

La paralización impulsada por el gremio docente se da en un contexto de fuerte crisis “del poder local”. Con un Municipio y alcalde profundamente criticados y con cuestionamientos a los partidos tradicionales y autoridades. Ninguna demanda social en la región se ha podido solucionar, al contrario, la pobreza ha aumentado, la cantidad de campamentos, mientras la salud y educación se han deteriorado.

La ubicación reaccionaria y anti trabajadores del alcalde Velásquez provocó aún más rechazo al interior del sector educativo y puso en el tapete la demanda de “renuncia” del jefe comunal. Un legítimo sentir que es utilizado por figuras de los partidos del régimen para golpearlo políticamente y sacar ventajas. Sin duda, pareciera ser que hay un consenso transversal que va desde la derecha tradicional, pasando por la ex Concertación y partidos de Gobierno, sobre sacar a Velásquez de la carrera electoral en miras de las municipales. Acuerdo que se refleja en la acusación ante el TER impulsada por un sector de concejales, quienes realizaron este punto político “exigiendo que el Tribunal determine si el alcalde ha cometido o no abandono de deberes”, pero que, contradictoriamente, el documento presentado ni siquiera considera el abandono de la educación municipal.

Concejales de derecha y de gobierno apuestan por esta vía administrativa y sumamente antidemocrática, donde, supuestamente, se podría sacar al jefe comunal solo con la decisión de tres jueces- que son electos en Santiago-, en un proceso que podría durar meses y que dependerá, esencialmente, de las maniobras políticas de los partidos.

Muy distinto sería si Velásquez tuviese que renunciar por la fuerza de la movilización, para lo cual, se requiere de una unidad en las calles que excede meramente al gremio educativo, sino que necesita de la fuerza y articulación entre distintos sectores de la comuna, que actualmente se enfrentan a condiciones sociales paupérrimas.

Pero, como se vienen las elecciones municipales y regionales, con carácter obligatorio, los distintos partidos del régimen buscan posicionarse como “defensores de la educación y de los docentes”, sin embargo, ofrecen medidas parche, mientras buscan desesperadamente parecer preocupados ante una brutal crisis que viene desde hace años y que todos los sectores la han hecho a un lado, partiendo por el propio Gobierno.

El PC busca posicionarse- y a su candidato a alcalde Pablo Iriarte- mediante la política impulsada por el concejal Valderrama- junto a CMDS-, mientras que lo mismo hace Kong de CS, quien también aspira al sillón municipal. Las dos principales cartas de la centroizquierda tienen una línea ofensiva de diálogo con CMDS y de garantizar “medidas concretas” para que la paralización no escale más.

Lo propio hace el concejal Luis Aguilera, ex RN, quien pretende lanzarse de candidato a alcalde, sin la venia de los partidos de la derecha tradicionales que apuestan al Evópoli Sasha Razmilic. Aguilera se ha posicionado a favor del paro educativo, aunque sin presentar mayores propuestas en materia educativa y buscando golpear, de manera permanente, al alcalde.

Tampoco es casualidad el anuncio de inversión por parte del gobernador Díaz, quien apuesta con todo a su reelección en el GORE y deberá enfrentarse a la ex ministra de Minería, Marcela Hernando, del Partido Radical, quien ha recibido el apoyo de un sector importante de la centro izquierda… Todos quieren obtener réditos políticos en medio de esta fuerte crisis de la educación municipal, al mismo tiempo que es un arma de doble filo y un “gran dolor de cabeza” para el conjunto del régimen y para el propio Gobierno que, sin duda, no terminará, independiente del resultado de la paralización actual.

Una nueva fuerza se gesta al interior del movimiento: docentes, apoderados y estudiantes convocan a Encuentro Educativo

Las autoridades y sus partidos no son los únicos que buscan desactivar y encorsetar la movilización. También lo hacen dirigentes, por ejemplo, del PC y ex Concertación al interior del Colegio de Profesores Comunal Antofagasta. Confiando en las medidas parches propuestas y también oponiéndose a la unidad de demandas entre los distintos sectores. Una política que también expresa la dirección del Sindicato de Asistentes de Aula y el Sindicato de Asistentes de la Educación, que han presionado a las asistentes a no paralizar, se han reunido con el alcalde y autoridades, llevando una política contraria a la unificación.

Por el contrario de esto, en asamblea triestamental realizada en el Liceo Técnico surgió la idea de impulsar un “Encuentro Educativo”, fijado para este lunes primero de abril, a las 17 horas, en el Liceo Comercial (ISCA). Una iniciativa que también fue votada en asamblea en el Liceo B13 y propuesta en las asambleas unificadas del Colegio de Profesores y Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, con la intención de extenderse a todos los jardines, escuelas y liceos de la comuna. A esta importante convocatoria de unidad entre sectores, se pliegan las dirigentas Daniela Avilés- directora del SIPPE- y Carla Ramírez- tesorera del CdP comunal Antofagasta-, ambas integrantes de la agrupación Nuestra Clase, junto a docentes, delegados, apoderados, estudiantes y la concejalía de Natalia Sánchez.

El objetivo de esta propuesta es romper la división que imponen dirigencias burocráticas y autoridades, unificando las demandas de los distintos sectores que componen las unidades educativas, en un solo Pliego de Demandas que luche por fortalecer y defender la educación pública.

Ha sido en asambleas triestamentales, en las asambleas unificadas de delegados, en las marchas e instancias de reflexión, donde, una vez más, han resonado demandas transversales entre los distintos sectores, que apuntan a la urgencia de contar con mayores recursos para la salud mental y contratación de profesionales; la construcción de establecimientos educacionales para responder a la falta de matrículas y el hacinamiento; terminar con el autoritarismo y luchar por la elección democrática de directivos- y revocables- en cada unidad educativa, entre otras demandas que exigen no solo docentes y trabajadores de la educación, sino también madres, padres, tutores y los propios estudiantes.

Solo la fuerza unificada de los distintos sectores que componen las escuelas y liceos podrá, no solo evitar que esta lucha sea desviada por migajas y “medidas parche”, sino que también realmente imponer salidas concretas ante la profunda crisis de la educación municipal, que hoy golpea, esencialmente, a las familias trabajadoras y populares de la región y el país.