Se trata de un punto que generó malestar en la CGT en su momento y que ahora podría ser parte de la negociación con la central y los distintos bloques que buscan facilitarle el plan de ajuste a Javier Milei.
Como parte de las primeras medidas al inicio de su gobierno, Milei implementó una contrarreforma laboral desde el mega decreto 70/23. Con el mismo buscó limitar el derecho a huelga considerando esenciales decenas de actividades, alargar el período de prueba y beneficios para empresarios que contratan sin registrar trabajadores. Dicho apartado hasta el momento se encuentra frenado por un fallo judicial.
El DNU fue posteriormente acompañado por la Ley Ómnibus, un paquete de leyes que terminó siendo derrotada en el Congreso tras movilizaciones y la negativa del Gobierno a acordar con sectores de la llamada “oposición” dialoguista y los gobernadores. Ahora el Gobierno busca volver a la carga con una nueva redacción del paquete de leyes que en esta ocasión incluiría la reforma laboral del decreto.
Para evitar una nueva derrota legislativa, que volvería a dejar expuestas todas las debilidades sobre las que se erige el plan de Milei, parece que La Libertad Avanza busca negociar con sectores de la oposición en el Congreso, los gobernadores y la CGT algunos puntos. En este caso para que pase la reforma laboral se sacaría del escrito el apartado que establece que una parte de los salarios de los trabajadores esté destinada al pago de la cuota sindical solamente cuando haya “un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”.
La reforma laboral es uno de los puntos donde amplios sectores de la oposición, a excepción de la izquierda, manifestaron acordar en su necesidad y disposición a consensuar con el Gobierno. Desde el PRO, UCR y Hacemos Coalición Federal, hasta referentes de la CGT como Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), e incluida la propia Cristina Kirchner que mencionó el tema en su carta publicada hace unas semanas.
El debate instalado desde ya no busca una reforma benéfica para la mayoría trabajadora como por ejemplo la reducción de la jornada laboral y que los salarios equivalgan a la canasta básica, al contrario, pretende profundizar las condiciones de precarización y limitar la capacidad de respuesta ante los ataques. En un contexto donde los salarios sufrieron una gran caída del poder adquisitivo en tan solo cuatro meses.
Se espera que en los próximos días o semanas, dependiendo el rumbo de las negociaciones, se conozca el texto del proyecto de ley que busca ser un nuevo ataque contra los trabajadores que ya están sufriendo despidos como en estatales. Por eso se vuelve más importante aún el canto que recorre las marchas masivas como fue el pasado 24 de marzo, que las centrales sindicales convoquen a un paro general y plan de lucha hasta tirar abajo el plan del gobierno. | 
