La disputa abierta por la suspensión indefinida de la Siderúrgica Huachipato refleja varias de las tensiones de la situación nacional. Entre otras cosas, muestra cómo el gobierno de Gabriel Boric, al ceñirse a pilares fundamentales del consenso neoliberal de los últimos treinta años (en este caso, la “institucionalidad técnica” de la Comisión Antidistorsiones), termina enfrentándose a los trabajadores y sus familias. Refleja también a un empresariado que pone el grito en el cielo cuando se habla de “presión ciudadana”, pero no tiene ninguna vergüenza en chantajear políticamente al gobierno (“si no me aseguras las ganancias, te hago cargar a ti el símbolo del cierre de Huachipato”) especulando con el sustento de las familias obreras. Retrata de cuerpo entero, también, a una derecha demagógica que habla a favor de los trabajadores, pero ve en el cierre de la siderúrgica una consecuencia inevitable de las leyes del mercado.

Muestra, en fin, a una clase trabajadora dispuesta a coordinarse regionalmente con diversos sindicatos y la comunidad para hacer escuchar su voz. La clase trabajadora puede ser un actor político, pero si no actúa con un programa independiente a la empresa, se arriesga a jugar el triste papel de carne de cañón en el duelo de titanes entre el gobierno, la empresa y los capitales chinos.

El rompecabezas chino

Son muchos los intereses en juego en esta disputa. La Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) es controlada por la Compañía de Acero del Pacífico (CAP). La siderúrgica tiene setenta años de historia y es una pieza clave en la fisonomía de la región del Biobío. Se creó en 1946 bajo el impulso industrializador del modelo de sustitución de importaciones. Si bien en sus inicios el Estado era dueño del 47% de la empresa, en 1982 fue totalmente privatizada por la dictadura. Actualmente, CAP es una importante empresa capitalista con operaciones en diversas regiones del país, ya no sólo siderúrgicas, sino también mineras y de infraestructura.

Aunque el holding (CAP) ha tenido importantes ganancias durante las últimas décadas, la Siderúrgica Huachipato arrastra pérdidas desde el año 2008 (2015 y 2021 fueron los únicos años que registraron ganancias). El 2023 arrojó pérdidas por US$ 385 millones. Esto se debe, sobre todo, a la enorme sobreproducción de acero chino arrastrada por la crisis en la construcción en ese país. Esto permitió a las empresas chinas vender más barato que sus costos de producción.

La jugada de la empresa fue presentar una denuncia por “dumping” (práctica de introducir productos a precios artificialmente bajos en un mercado para adueñarse de él). La “Comisión Antidistorsiones” se pronunció y definió una “sobretasa” a las importaciones de ciertas empresas chinas en un promedio de 15% para barras y bolas de acero, las cuales son insumos insustituibles para la actividad minera. Esta Comisión está compuesta por cinco miembros ligados al gobierno y tres miembros autónomos a éste (el Fiscal Nacional Económico y dos representantes del Banco Central). Los tres últimos votaron en contra de aplicar sobretasas.

Pero según la empresa, éstas son insuficientes y exige un 22% para barras y 32% para bolas de acero. Ante la decisión de la comisión, Huachipato comunicó la “suspensión indefinida” por tres meses de sus operaciones.

La jugada de la empresa es evidente: “golpear para negociar”, es decir, para presionar al gobierno. Es una presión política. La empresa lleva años con pérdidas y se da la coincidencia que CAP dejará caer Huachipato justo ahora. El símbolo de una “nueva Lota” bajo un gobierno supuestamente de izquierda, es una gran carta de presión. De hecho, las acciones de CAP en la bolsa subieron en 6,63% luego de que se anunció la suspensión.

Mientras miles de trabajadores viven momentos de angustia e incertidumbre, la empresa apuesta en la ruleta política y financiera. Su discurso a favor de los trabajadores es pura hipocresía. Sus ganancias son lo que realmente le importan. El cierre de Huachipato significaría la pérdida de hasta 22 mil empleos, entre trabajadores directos, contratistas y una serie de negocios conexos. Las cifras de cesantía en la región podrían pasar de un 8% a un 12%, situación sólo comparable con el cierre de las minas de carbón de Coronel y Lota en 1997.

Los guardianes del orden

La crisis en Huachipato es expresión de la dependencia nacional a los capitales extranjeros. Huachipato es el único lugar en Chile en el que se produce acero de alta calidad a partir de materias primas como el carbón, el hierro y la caliza. Se trata de un material esencial no sólo en la construcción, sino de importancia estratégica para la minería. Su cierre aumentaría aún más la dependencia y atraso del país.

Sin embargo, los grandes gremios empresariales sólo piensan en su propio interés y negocio particular. Están dispuestos a vender a la abuela y su hermana, porque están ligados por uno y mil lazos a los capitales imperialistas y de las grandes potencias. CAP actúa pensando en obtener condiciones favorables para su negocio (¿o para hacer pagar al gobierno el costo de un cierre que ya tiene programado?). La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) criticó el establecimiento de sobretasas por “criterios políticos”. Los exportadores de fruta, en voz de Iván Marambio, mostraron “preocupación” por el avance de “medidas proteccionistas”. Están preocupados de una posible respuesta de China contra productos agrícolas chilenos. Empresas como Elecmetal, socia comercial de las empresas chinas, planteó su "absoluta sorpresa y rechazo" a las sobretasas.

La gran burguesía representada por la CPC llamó a respetar la “institucionalidad” económica: hay que ceñirse a criterios técnicos para juzgar si hay o no “dumping”. El Mercurio ve con preocupación que el gobierno “ceda ante las presiones” y llama a tomar medidas de “mitigación” ante el cierre. La derecha, ya sea tradicional o populista, aprovecha para desgastar al gobierno de cara a las elecciones municipales. Pero evitan decir públicamente que comparten exactamente la misma posición que los grandes gremios empresariales. Si la empresa tiene que caer, debe caer.

Por otra parte, Rosario Navarro, presidente de la CPC advirtió que "los trabajadores estaban movilizados y ahí se está incubando algo muy potente. Hay que estar atentos". Se cuela el fantasma de la lucha de clases, preocupación fundamental de los guardianes del orden capitalista.

El gobierno no tiene un programa propio ni tampoco tiene inserción en los trabajadores siderúrgicos. ¿Qué intereses debe preservar? Nicolás Grau, el pusilánime y falto de carisma ministro de economía, se deshace en explicaciones ante los trabajadores que lo increparon. “¿Sabe qué, ministro?, dentro de nuestras organizaciones sindicales estamos pensando en parar la región”, es lo que le dijo Iván Montes, líder la “Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria”. El ministro respondió que hay que respetar la institucionalidad, los plazos de apelación y las instancias restantes.

El gobierno se decidió a respetar el orden económico. Aunque la decisión definitiva está aún pendiente, podemos descartar de antemano que el gobierno tome alguna decisión audaz. Todo indica lo contrario. Durante este gobierno se cerró una fundición de Codelco y otra de Enami sin ningún plan de reconversión tecnológica y ecológica. El plan nacional del litio finalmente se redujo a un acuerdo favorable a SQM con Codelco y nuevos espacios de negocio para las empresas extranjeras.

El gobierno opta por los consensos neoliberales en contra de la clase trabajadora

Lo que pasa en Huachipato es una muestra de un problema mayor. Al decidir preservar el orden económico, político y social el gobierno se está enfrentando a los trabajadores. Hay ciertos “consensos neoliberales” que para Gabriel Boric son intocables. Desafiarlos aunque sea verbalmente, trae aparejada la reacción política de la derecha y los grandes gremios. Y ya sabemos cómo opera el gobierno ante el chantaje: disculpas, volteretas y excusas. La “institucionalidad económica” es uno de esos consensos. Respetarlo significa tomar partido por el gran capital y enfrentar a las y los trabajadores de Huachipato.

Pero no es el único. La “responsabilidad fiscal” es otro de esos imperativos. Los gremios y todo el régimen claman por mayor ajuste fiscal. El gobierno se celebra a sí mismo por haber ejecutado uno de los ajustes más grandes de las últimas décadas. Esto significa que no habrá un peso más para salud, educación, pensiones, vivienda. Cualquier aumento sólo podría venir de una reforma tributaria, es decir, queda sujeta a la voluntad de la derecha. Esto enfrenta al gobierno con trabajadores de la educación y la salud. La movilización de docentes en Antofagasta y la crisis en Atacama son símbolos de la crisis de la educación pública.

Pero no sólo eso. El discurso de mano dura y respeto de la propiedad privada implica amenazas de desalojo a los campamentos. El gobierno se enfrenta ahora a las y los pobladores que se movilizaron de manera unitaria este martes 2 de abril. Y podríamos seguir. La política de descarbonización ha significado cientos de despidos de portuarios y el abandono de terminales portuarios públicos. Por eso la Unión Portuaria anunció un paro nacional de 3 turnos para el jueves 4 de abril.

Son ellos o nosotros. Son intereses materiales en pugna. Sin embargo, con el aumento de las movilizaciones sociales y la instalación de cierta “cuestión social” –que pone al centro las problemáticas y luchas de la clase trabajadora–, también cobra peso la estrategia de “diálogo social” por parte de las conducciones sindicales. Esto tiene distintas expresiones. En el caso de Huachipato se expresa en que varios dirigentes sindicales simplemente reproducen el discurso e intereses de “la compañía”, sembrando la ilusión de una empresa dispuesta a compartir el salvavidas con sus trabajadores. Pero el problema de Huachipato es estructural. El llamado de los gremios y el gobierno a respetar la institucionalidad económica constituye un verdadero callejón sin salida que sólo llevará al cierre de la siderúrgica.

Hay quienes se limitan a observar con nostalgia “los últimos vestigios de la clase obrera” como los académicos Patricio Herrera y Juan Carlos Yáñez, cayendo en un fatalismo justificatorio del gobierno. No hacen ningún análisis concreto de los intereses en pugna. Compañeros como Miguel Silva llama a los trabajadores a “luchar por sus derechos”, lo que compartimos. Pero si esta lucha es hegemonizada por las directrices de la empresa, no tiene destino. Los trabajadores deben tener voz y programa propio y abrir el debate sobre salidas de fondo como la nacionalización bajo gestión de los trabajadores y la comunidad.

Pero el diálogo social también se expresa en la CUT. Sus dirigentes fueron reprimidos por su mismo gobierno, y aún así plantean como programa del paro nacional del 11 de abril el “diálogo social” para que el gobierno no sólo escuche a los gremios, sino también a las organizaciones sociales. Asumen un discurso crítico, probablemente presionados por el clima de descontento y desilusión, pero su programa apunta a darle “base social” al gobierno en la negociación de las reformas y no a fortalecer un movimiento sindical y popular independiente del gobierno con un petitorio de demandas sociales estructurales. Lo mismo debemos decir del Colegio de Profesores, que no han planteado ningún plan de movilización que permita nacionalizar la lucha de los docentes de Antofagasta, tanto para evitar su aislamiento como para plantear una salida a la grave crisis educativa que el mismo Mario Aguilar denuncia.

Muchos trabajadores perdieron la paciencia. Hay malestar, hay desilusión. Empieza a haber respuesta activa a los ataques. Pero si el programa que guía ese descontento es el de la derecha o el del gobierno (bajo la forma de la “presión” para el diálogo social), entonces el descontento será sólo una moneda de cambio para los políticos del régimen. Pelear porque surge una referencia alternativa e independiente, es una de las peleas del momento.