Así lo denuncian trabajadores despedidos de los Equipos de Relevamiento y Análisis documental de las Fuerzas Armadas, que aportan información a juicios de lesa humanidad. Este viernes dieron detalles en una conferencia de prensa junto a las legisladoras porteñas e hijas de desaparecidos Alejandrina Barry y Victoria Montenegro. Milei y el ministro Petri quieren más impunidad para los genocidas. Por eso despidieron a casi todo el personal de los ERyA.

Como parte de los miles de despidos que, hasta el momento, ejecutó en el Estado nacional el gobierno de Javier Milei, hay algunas áreas y oficinas que directamente quedaron vaciadas y corren serio peligro de ser desmanteladas. El cierre de algunas de esas dependencias, además de entrar en el plan general de recortes de personal y presupuesto, significa la eliminación de tareas muy sensibles para el desarrollo de procesos judiciales.

Es el caso del virtual desmantelamiento de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que, desde hace una década y media, funcionan en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Un hecho que atenta contra el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el país. No sólo hay “motosierra” por supuestos motivos fiscales, sino que además hay una decisión política consciente de atacar el proceso de memoria, verdad y justicia que sobrevivientes, familiares de víctimas del genocidio y organismos de derechos humanos vienen encabezando desde hace años.

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Hasta hace algunos días, los ERyA que funcionaban bajo la órbita del Ministerio de Defensa estaban compuestos por trece trabajadoras y trabajadores. Durante su funcionamiento llegaron a elaborar más de 170 informes que se convirtieron en pruebas irrefutables para importantes causas en las que varios genocidas fueron condenados por secuestrar, torturar, violar, robar niñas y niños, matar, desaparecer y cometer todo tipo de crímenes contra nuestras 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. De esos trece miembros de los ERyA, diez fueron cesanteados de un plumazo.

Cerrar esas oficinas es la intención del reaccionario ministro de Defensa Luis Petri, quien acaba de rendirle pleitesía junto al presidente Milei al embajador de Estados Unidos Marc Stanley y la generala del Comando Sur yanqui Laura Richardson. Como se sabe, Estados Unidos fue un gran promotor de todas las dictaduras argentinas y latinoamericanas. El mismo Petri, en el marco de la conmemoración del 24 de Marzo, acompañó el relato oficial respecto a que las Fuerzas Armadas fueron poco menos que víctimas durante los 70 y no lo que realmente fueron: una maquinaria genocida al servicio del gran capital.

“Están haciendo un daño muy grande”

Este viernes, en la Legislatura porteña, las y los trabajadores despedidos del ERyA dieron una conferencia de prensa para informar su situación, reclamar su reincorporación y amplificar su denuncia en busca de solidaridad y apoyo. Vale recordar que la precaria situación de esos puestos de trabajo, con contratos a término reiteradamente renovados sin pase a planta permanente, es heredada de todos los gobiernos anteriores y permitió que hoy La Libertad Avanza ejecute este ataque brutal contra miles de laburantes.

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De la conferencia de prensa participaron Alejandrina Barry y Victoria Montenegro, ambas hijas de desaparecidos y legisladoras de CABA, la primera del PTS-FITU y la segunda de UxP. También el abogado Pablo Llonto. Hubo acompañamiento de otros familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos. Se sumó también Érika Lederer, miembro del colectivo Asamblea Desobediente integrado por hijas e hijos de genocidas que luchan por Memoria, Verdad y Justicia. Ella también acaba de ser despedida de su puesto de trabajo (en el que llevaba años de desempeño profesional) dentro del Ministerio de Justicia.

En representación de las trabajadoras y trabajadores de los ERyA tomaron la palabra Angélica Enz y Hernán López. Vanina Agostini, una de las tres personas que no fueron despedidas por Petri, también habló en solidaridad con sus compañeras y compañeros.

Al tomar la palabra, Enz afirmó que los despidos de casi todo el personal de los ERyA son “una clara manifestación de que el área desaparece”. De hecho, “así nos lo dijeron”, relató. Según las estimaciones que hacen junto a sus compañeras y compañeros, alrededor de treinta informes que se estaban elaborando en las cuatro oficinas coordinadas para tal fin, no pudieron ser enviados a distintos tribunales que los pidieron, cumpliendo con lo que exige la normativa vigente. “Hay 30 causas abiertas que no van a recibir estos aportes” de archivos históricos y administrativos, graficó. Algunas de esas causas tienen relevancia internacional.

Según la información de que disponen, desde ahora los pedidos de jueces y fiscales por causas de lesa humanidad terminarán siendo respondidos por el propio Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas o directamente por las jerarquías del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Algo que Enz calificó de “gravísimo”, en función de que serían los propios sucesores de los acusados quienes decidirán qué informar y qué no (si es que informarán algo). “Durante más de diez años hemos desarrollado un nivel de conocimiento técnico muy específico, lo cual implica un daño muy grande”, sentenció.

Su compañero López le siguió en el uso de la palabra. Contó que, junto a otros trabajdores, ya había sido cesanteado en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri y su ministro de Defensa, Oscar “El Milico” Aguad. Años después logró ser reincorporado. “Todavía estamos asimilando el golpe, pero ésta es la primera vez en quince años que no habrá un investigador civil dentro de las Fuerzas Armadas”, relató el trabajador de los ERyA.

López complementó los detalles dados por Enz respecto a las tareas desarrolladas cotidianamente por los ERyA. Y finalizó diciendo que “en este contexto tan penoso hay que ser optimistas, espero que retomemos, de la manera que sea, nuestra labor”; y agradeció las muestras de solidaridad y acompañamiento en su lucha.

Por su parte Agostini, quien viene de coordinar los ERyA y hoy aguarda a saber qué planes tiene el Gobierno para ella y los otros dos “sobrevivientes”, coincidió con Enz y López sobre la relevancia del trabajo que realizan y afirmó que su presencia en la conferencia de prensa era para “acompañar a todos los compañeros y para defender una política pública que llevamos adelante en los últimos quince años”.

“Es fundamental la apertura de esos archivos”

Antes de las trabajadores y trabajadores del ERyA habían tomado la palabra las legisladoras Victoria Montenegro y Alejandrina Barry, convocantes de la conferencia desde la Legislatura porteña. En el salón también estaban sus colegas Celeste Fierro (MST-FITU), Gabriel Solano (PO-FITU), Andrés Lablunda, Delfina Velázquez y Victoria Freire (les tres de UxP).

“Esto se da en el contexto en el que el gobierno pide la reconciliación con las Fuerzas Armadas”, dijo Montenegro al abrir la conferencia. “Queremos denunciar el vaciamiento de un área muy sensible para el seguimiento de los juicios. Estos trabajadores no eran ñoquis del Estado. Son cuadros técnicos que todos los días trabajaron para acercarle información a la justicia”, sentenció quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.

Barry, por su parte, relacionó este ataque al equipo de archivistas con otros ejemplos en los que el Estado retacea información sobre el genocidio en Argentina. Su caso personal es uno de esos ejemplos. “Es muy importante visibilizar la defensa de los puestos de trabajo, que no queden familias en la calle, y acá también es importante visibilizar el trabajo que hacen estos compañeros”, dijo al tomar el micrófono.

La legisladora del PTS-FITU y referente de la Comisión Especial contra la Violencia Institucional de la Legislatura, recordó que hace algunas semanas “había rumores de que el Gobierno daría indultos a los genocidas”, pero que para tanto no les dio “en un país donde hicimos la enorme movilización contra el 2x1” y “donde miles y miles nos movilizamos el 24 de Marzo para decir que no vamos a dar ni un paso atrás”. En ese marco, el Gobierno “intenta avanzar en la impunidad con estas cosas, de esta manera”, afirmó.

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Para Barry, los archivos “son un material fundamental. Hace muchísimos años venimos reclamando lo que pedían las Madres de Plaza de Mayo a la salida de la dictadura, que era la apertura de todos esos archivos”. Y en ese sentido recordó su propio caso, donde esa información fue vital para el reclamo de verdad y justicia.

“Hace poquito se conoció la sentencia en el juicio a las Brigadas, en el que fui querellante por mis padres y mis tíos. El testimonio de los sobrevivientes fue fundamental, pero los archivos también lo fueron. Durante años denunciamos que los archivos estaban y exigimos su entrega. Después de mucho tiempo, recién en 2013 nos entregaron los archivos de la ex SIDE, donde descubrí información que sólo conocí previamente por sobrevivientes. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si los archivos se hubieran abierto, evitando que sean los propios sobrevivientes los que deban ir a cada juicio a testimoniar una y otra vez?”, se preguntó Barry.

La hija de desaparecidos, que siendo pequeña sufrió el secuestro a manos de los genocidas y el uso de su imagen para contar una historia falsa a través de las revistas Gente, Para Ti y Somos de la Editorial Atlántida, dijo que durante el macrismo volvió a pedir más información sobre los archivos, pero sólo le entregaron “dos páginas”, demostrando que “tienen el poder de hacer lo que quieren. Por eso es importante el trabajo de investigación que hacen estas compañeras y compañeros”.

Otro tanto se puede decir de los archivos de la ex Dirección de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (la nefasta Dippba), que fueron descubiertos a fines de la década de los 90. “Fue muy importante para los juicios de lesa humanidad pero también sobre la violación de los derechos humanos durantes gobiernos constitucionales. En mi caso también ahí encontré, además de información sobre mis padres, una ficha mía del año 1996, de cuando militaba en HIJOS, donde se decía que era una ‘delincuente subversiva’”, graficó Barry. Y finalizó alertando que “esos archivos no pueden quedar en manos de los mismos que van a garantizarse la impunidad”.

El abogado Pablo Llonto informó que junto a la doctora Mariana Maurer interpusieron una medida cautelar en el Juzgado Federal 3 de la CABA, a cargo del juez Daniel Rafecas, reclamando la reincorporación de las trabajadoras y trabajadores despedidos de los ERyA, ya que “son las personas adecuadas para las tareas que han desempeñado. Éste es el equipo que se formó para responder a la justicia y a los familiares”. Y denunció que “hay una intención de ocultamiento, de seguir ocultando para beneficiar a los genocidas”.

Entre los organismos presentes en la conferencia de prensa estuvieron la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH, al que pertenece Barry), la Comisión Provincial por la Memoria, el Encuentro Cachito Fukman, APEL, CADUH, entre otros.