El 11 de abril fuerzas de la infantería irrumpieron en los territorio de la Comunidad Indígena de Peñas Negras para escoltar camionetas de la minera extranjera Elevado Gold. En un escandaloso operativo con balas de gomas, arrastraron al comunero Félix Escalante de 83 años, dejándolo herido.
El arqueólogo Gustavo Pisani denunció lo ocurrido, difundiendo un comunicado donde relata el conflicto entre la empresa minera y la comunidad que lleva más de dos años y que pegó un salto represivo con los sucesos de las últimas semanas.
La empresa, con el aval de las fuerzas de seguridad de la provincia, viene avanzando sobre el territorio comunitario para llevar a cabo estudios de prospección en el cerro Alto de Salle, donde se localiza el pedimento minero Alto El Mulato, al norte del departamento de Belén, en la provincia de Catamarca y al límite con la provincia de Salta.
Pisani cuenta que "los policías, sin orden judicial alguna y el papel de pistoleros de la empresa, trataron de abrir paso al grupo de empleados de la empresa diciendo que ellos ’eran la ley’ y que las familias comuneras y las autoridades indígenas ’no eran nadie’ y que tenían que dejar que pasen los mineros. Al tiempo que la gerenta de relaciones comunitarias de la empresa, Olga Reynoso, les mostraba un contrato de pastaje firmado entre la familia terrateniente y el cacique de la comunidad vecina de Aguas Calientes, pretendiendo desconocer la posesión comunitaria indígena de las tierras que actual y ancestralmente ocupan. Ingresaron por la fuerza junto a viente personas, rompiendo Puestos, corrales, se llevaron 10 kilos de charqui (alimento de la comunidad) y algunos animales".
El cacique de la Comunidad Indígena de Peñas Negras, Sebastián Gutiérrez, y otros comuneros, llevaron la denuncia a la Fiscalía de Belén el pasado 27 de marzo, y en sus testimonios dan cuenta de los hechos de violencia que vienen sufriendo por parte de la empresa, que contrata comuneros de otras comunidades para enfrentarlos y hostigarlos. Sin embargo, la justicia viene actuando en connivencia con la empresa minera, desconociendo los derechos de las comunidades originarias e incurriendo en serias irregularidades.
Como relata Pisani, "en numerosas oportunidades, la Comunidad de Peñas Negras se entrevistó con el Gobernador Raúl Jalil y el ex ministro de gobierno Jorge Moreno, manifestándoles que ellos no daban su consentimiento al proyecto minero, ya que el mismo atentaba contra su modo tradicional de vida y su Buen Vivir, como ha quedado demostrado objetivamente en el gran conflicto intercomunitario que se produjo a raíz de la intromisión de la empresa minera en los territorios indígenas, y del mismo Estado provincial que, como socio de las empresas, en lugar de intervenir en los conflictos socioterritoriales para garantizar los derechos de las comunidades indígenas, habría acordado estrategias y acciones con las empresas y las familias terratenientes a fin de desarticular las organizaciones comunitarias, originando conflictos entre las comunidades y corrompiendo las instituciones indígenas a través de sobornos y prebendas a los caciques".
En un Asamblea realizada en julio del 2023, entre la Comunidad Indígena de Peñas Negras y la Secretaria de Minería, la Sra. Teresita Regalado y el Director de Afirmación de los Derechos Indígenas de la Provincia, el Sr. Emmanuel Fiol, se había dejado constado bajo acta que la Comunidad no daba su consentimiento para que la empresa Elevado Gold realice ningún tipo de estudio en su territorio y se pedía que la misma deje de hostigar y perturbar su vida comunitaria.
Pero en febrero de este año,Ministerio de Minería renovó el permiso a esta empresa en contra de la voluntad manifiesta de la Comunidad Indígena de Peñas Negras, en cuyo territorio se localiza el pedimento.
Numerosos colectivos llaman a repudiar el accionar represivo y denuncian que el Estado provincial es cómplice de la violencia que hoy está sufriendo la Comunidad Indígena de Peñas Negras, que no se está respetando su derecho a la consulta previa, libre e informada ni su derecho a la libre determinación. Exigen que la empresa frene con los hostigamientos, la persecusión y todo tipo de proyectos en los territorios de las comunidades que ya se pronunciaron en contra de los mismos. |
