Las gerencias de las empresas de la bahía de Quintero que se han negado permanentemente a invertir en mejoramientos que redunden en operaciones más seguras y limpias, incluyendo lo que ha quedado establecido en fallos judiciales desde el año 2018; hoy vuelven a la palestra. Su única prioridad es mantener las utilidades que les genera el estar instaladas en una zona de sacrificio.
Mientras se registra un nuevo derrame de sustancias tóxicas y figuras 20 niños envenenados, estas empresas vienen realizando desesperados lobbies frente a CORES regionales y otras instancias reguladoras, para que se modifique el actual PREMVAL comunal permitiéndoles disponer de 700 hectáreas que se encuentran congeladas para uso industrial. No tienen ningún descaro en hacer creer a la población que, en nuevas ampliaciones, sí van a aplicar rigurosamente medidas anticontaminantes.
Pero no son los únicos protagonistas, hay que recordar que en su momento se entregó a las autoridades marítimas desarrollar estrictos protocolos para asegurar operaciones seguras y no contaminantes en la Bahía; sin embargo el 2023 hubo más de 40 varamientos de carbón en la playa; ó simplemente las empresas hacen caso omiso de esos protocolos, ó los protocolos no sirven; pero aunque fuera el primer caso, es la misma entidad de la armada la encargada de fiscalizar dichas operaciones. ¿Se puede entender tamaña negligencia?, ¿son simples casualidades?
Lo cierto es que es un hecho el envalentonamiento en parte del empresariado, producto del viraje cada vez más vergonzoso de las actuales autoridades de gobierno hacia la complacencia con estas élites, expresado en buscar a toda costa acuerdos con los sectores políticos de centro y derecha.
Nuevamente las comunidades de la bahía deben enfrentar los embates de una economía capitalista depredadora, cuyo interés nunca ha sido el desarrollo de las comunas, ni el mejoramiento de las condiciones económicas y de salud de la población; sólo mantener e incrementar sus utilidades a bajo costo.
El llamado es de alerta, es necesario retomar el camino de la organización frente a la contaminacion, buscando unir a sectores de la clase trabajadora con la población contra estos hechos buscando ponerle frente a la tentativa de extensión de las 700 hectáreas en manos de empresas contaminantes. No podemos confiar en las gestiones de las actuales autoridades ni partidos de gobierno, por que tal como se evidenció en el conflicto contra la desaladora han demostrado cero voluntad para hacerles, el mentado Delegado Especial presidencial Alejandro Villa del Frente Amplio asignado por 6 meses resultó un fiasco; la clase trabajadora y la población debe confiar en su propia fuerza y unidad, impulsando la coordinación y movilización.
Impulsemos una unidad amplia que permita sensibilizar a todos los sectores de nuestras comunas afectados por la contaminación: organizaciones sociales y medioambientales, profesores, apoderados y estudiantes; como también pescadores, funcionarios de la salud, sindicatos de amarradores, lancheros y trabajadores del cordón industrial contra la extensión de 700 hectáreas para empresas contaminantes.
Es preciso luchar por un plan de emergencia medioambiental que tome medidas para el cuidado del medio ambiente, inversión en tecnologías no contaminante y reconversión del polo industrial controlado por sus trabajadores y comunidades para terminar con las zonas de sacrificio.
Sin embargo, para garantizar que esta batalla sea ganada es necesario cuestionar la estructura económica impuesta por la dictadura hace más de 30 años, basada en el amplio negocio extractivo y en beneficio de los Luksic, los Urenda, los Angelini, todos socios locales de los grandes capitales mundiales. | 
