Este miércoles 7 de octubre, pasadas las 19hs, la Cámara 11 del Crimen en un juicio que incluyó jurados populares condenó, por unanimidad, a Gonzalo Lizarralde por el crimen de Paola Acosta. La sentencia indica que el crimen fue agravado por alevosía, y por la tentativa de homicidio de su hija. Esta pena máxima era la solicitada por la querella representada por Juan Carlos Sarmiento y el fiscal de Cámara Diego Albornoz que intervino en los alegatos con la colaboración de la Fiscal Eve Flores, quien instruyó en la causa por la desaparición de Paola y Martina, tras el apartamiento del Fiscal Oyhanarte. Por el contrario, la defensa había requerido la absolución de Lizarralde.
Un dato no menor para la justicia cordobesa fue que no prosperó el pedido de agravante de femicidio. Tanto el fiscal Albornoz, como la fiscal de Cámara Eve Flores, alegaron solicitándolo: "el femicidio es la violencia física extrema, pero antes de llegar a eso, el acusado sometió a la mujer a violencia económica y psicológica. Asumió el patrón sociocultural que sostiene la preeminencia del hombre sobre la mujer", sostuvo Flores durante la última jornada del juicio.
Por su parte la defensa a cargo del abogado Walter Ferrero remarcó la falta de certezas en los elementos probatorios contra Lizarralde, afirmó que las manchas de sangre encontradas en la camioneta "habían sido plantadas" y solicitó la exclusión de los agravantes de alevosía y femicidio. Para esto último Ferrero expresó, "El femicidio es un proceso prolongado de abuso de dominación de un hombre hacia una mujer. Los actos que se sindican como violencia de género ejercidas por Lizarralde no son propios de violencia física, psíquica, moral ni económica".
La ultima palabra la tuvo el propio acusado, "Yo no asesiné a Paola y no generé ninguna lesión a mi hija"
Alevosía en la manifestación de la violencia machista
Durante más de tres horas, Diego Albornoz, fiscal de Cámara, explicó al jurado por qué consideraba que Lizarralde cometió homicidio calificado por violencia de género y por alevosía contra Paola, y homicidio calificado por el vínculo, violencia de género y alevosía, en grado de tentativa, contra Martina. La argumentación buscaba demostrar que el crimen fue premeditado y planificado.
Comenzó dando un resumen de lo expuesto en las cinco audiencias que tuvo el juicio y al argumentar sobre los agravantes destacó: “Nunca he visto tan clara la figura de la alevosía como en este hecho: atacó, agredió a un persona inferior en peso y estatura, y a una bebé de 1 año y 9 meses; planificó todo para que estuvieran indefensas, llevó el momento hasta lograr la indefensión, la soledad y ahí atacó con la intención de causarles la muerte".
La fiscal Eve Flores tuvo a su cargo justificar el agravante de violencia de género. Para ello, explicó las distintas formas de violencia a las que Paola se encontró sometida desde el momento en que le comunica su embarazo a Lizarralde y en su periplo judicial para que éste reconociera a su hija. “La violencia de género rebasa las fronteras de la violencia doméstica, porque esa violencia es sólo una de sus manifestaciones, pero la violencia de género puede ser sexual, laboral, obstétrica, y alude específicamente a patrones socioculturales que ponen a las personas en situación de desigualdad. Este patrón estuvo presente cuando el acusado niega la existencia a la niña, lo que es negarle también el derecho como mujer a una vida en dignidad y con el pleno reconocimiento de sus derechos”.
El machismo presente en la defensa de Lizarralde
Walter Ferrero, defensor del acusado, comenzó intentando poner en duda que su defendido fuera el autor del crimen. Para ello habló de que la sangre da la camioneta fue implantada, mencionó supuestas contradicciones entre los testigos respecto al horario en que vieron a la camioneta de Lizarralde frente a la casa de Paola y frente a la alcantarilla en la que sería encontrado el cuerpo de ésta y su hija.
Lo controversial estuvo presente en su pedido de que se quitara el agravante de femicidio, porque según el abogado: "El femicidio es un proceso prolongado de abuso de dominación de un hombre hacia una mujer. Sin dudas, que los actos que se sindican como violencia de género ejercidas por Lizarralde no son propios de violencia física, psíquica, moral ni económica. Ya que él estaba dispuesto a cumplir con sus obligaciones". Y sostuvo, la ley 26791 que fijó el femicidio es "ambigua" y que hay causa "políticas" para incluir esta figura en el Código Penal.
En una interpretación extraña del concepto de violencia contra las mujeres, que no surge de la ley 26485 como marco regulatorio a nivel nacional, para la defensa de Lizarralde, el fin de la relación con Paola al enterarse del embarazo, la negación a reconocer a la hija de ambos, las constantes demoras en entregar la cuota alimentaria, el no inscribir en la pequeña en la obra social, establecer un régimen de visitas, serían razonesque no pueden encuadrarse en la violencia de género.
Un juicio signado por la lucha de las mujeres
Se llega al final de un juicio enmarcado en la incansable lucha y movilización que desplegó Marina Acosta, hermana de Paola, junto a la organización en la cual milita, y que tomaron como propia las organizaciones de mujeres en Córdoba.
Los familiares expresaron estar conformes con la sentencia. Así lo sintetizó Luis Acosta, padre de Paola: "Estábamos esperando eso, la perpetua, se tiene que pudrir en la cárcel, no salir nunca más. Tenía fe en la justicia, se han dado los pasos como corresponde. Quedamos conformes”. En tanto, a través de su cuenta de twitter, Maru señalaba: "Por fin un poco de justicia". En algunos medios de prensa se explayó diciendo: "estamos conformes con la condena perpetua que es lo que buscábamos. No lo enmarcaron como femicidio pero vamos a seguir exigiéndolo”.
Por su parte, la legisladora del Frente de Izquierda y dirigente de la Agrupación de mujeres Pan y rosas, Laura Vilches expresó: “estamos conformes con el resultado del juicio, en tanto es lo que venía pidiendo la familia con respecto a la reclusión perpetua. Cabe decir, sin embargo, que es toda un gesto que la justicia se niegue a señalar en el fallo que existió violencia machista contra Paola y Martina, demostrando que si se llegó hasta acá en este juicio, fue exclusivamente por la movilización y la lucha que desplegamos las organizaciones de mujeres y la población, en un caso conmocionante para nuestra provincia y el país”.
Luego indicó que “hemos tenido que lamentar que, desde el crimen de Paola 11 mujeres más hayan perdido la vida a manos de la violencia femicida en Córdoba. Y este fallo, que no le devuelve la vida a Paola ni a las demás víctimas, sigue dando cuenta de que la demanda de Ni Una Menos que plantamos en las calles el pasado 3 de junio, está vigente. Porque además de la Justicia que en general no actúa, los gobiernos nacional y provincial son responsables de que a 4 meses de la histórica movilización no hay una sola medida de emergencia para paliar esta situación. Los oficialismos han respondido demagógicamente, creando comisiones burocráticas que no funcionan y cajonean los proyectos como el nuestro o sacan medidas inocuas para frenar la violencia machista.
Seguimos exigiendo que se vote en la Legislatura y en el Congreso Nacional el proyecto de Ley Plan de Emergencia contra la violencia hacia las mujeres que presentamos desde el Frente de Izquierda, junto a Nicolás del Caño y Myriam Bregman. Por eso, seguimos sosteniendo que nuestra pelea está en las calles y organizándonos en los lugares de trabajo y estudio. Con esta perspectiva iremos el próximo fin de semana al Encuentro de mujeres en Mar del Plata". |
