Conmoción nacional trajo el asesinato de tres carabineros el día sábado en la ruta P-72 en la comuna de Cañete. Si bien las investigaciones aún no determinan la causa o los responsables tras el hecho, rápidamente la derecha y sus medios de comunicación levantaron una campaña de criminalización contra el pueblo mapuche asociándolo, sin pruebas, al ataque.

El centro de los dichos se sostienen en una supuesta asociación entre los grupos como la CAM o la Weichán Auka Mapu, con las bandas dedicadas al robo de madera y por lo mismo, que apuntan al crimen organizado de la zona.

Pero hasta ahora, todos estos señalamientos no pasan de ser hipótesis que nunca han sido lo probado, totalmente opuesto a lo que sí se ha logrado acreditar a través de las investigaciones de las propias policías y los tribunales: existe una complicidad entre las empresas forestales y las bandas ligadas al robo de madera.

En 2022 un extenso artículo publicado en CIPER detectó que entre las causas abiertas entre los años 2020 y el 2022, las investigaciones realizadas por fiscalía y las policías, lograron identificar un alto número de camiones robados, que a su vez transportaban madera robada, que una vez detenidos y devueltos a sus dueños, al poco tiempo volvían a ser detectados con encargo por robo y transportando madera con origen desconocido.

Así versan las distintas querellas ingresadas por las principales forestales como Arauco o CMPC donde las mismas patentes se repiten, los mismos recursos judiciales para liberar los vehículos, los mismos abogados de las mismas empresas piden la restitución de los camiones que meses después vuelven a ser detenidos con cargas ilegales.

Según la Comisión Investigadora de Robo de Madera del congreso, que sesionó en el año 2022, el negocio de robo de madera alcanzó los US$92,4 millones de dólares, lo que equivale a unos 50mil camiones cargados y circulando por las carreteras. El diputado (DC) Eric Aedo (hoy vicepresidente de la cámara) señaló que la asociación entre pueblo mapuche y el robo de madera “no es efectivo y no refleja la realidad”. Lo que sí se puede observar es la relación entre los hechos y grupos de crimen organizado que han actuado bajo la bandera de empresas legales para blanquear el robo e incluso venderlas a las propias forestales como CMPC o Arauco.

Para ilustrar esta situación, la Comisión Investigadora determinó que “cada una de esas talas ilegales requiere de un capital inicial de 1.000 millones de pesos, entre la maquinaria que se utiliza para cortar el bosque, los camiones, camionetas para el transporte y la mano de obra que se requiere para hacer esa tala ilegal de eso estamos hablando”. Justamente es tal la envergadura del capital necesario para originar el negocio que no basta simplemente con robar un camión con madera ya cortada y llevarla a un aserradero y listo. El nivel de logística necesaria para cerrar el ciclo, puede llegar a más de 200 personas involucradas, eso sin considerar el despliegue de maquinaria, la complicidad con las certificaciones e incluso el acceso a puntos de extracción de la madera como un puerto seco.

Por ejemplo, en 2023 una investigación logró identificar a seis empresas que se dedicaban al robo y venta de madera que luego facturaron a grandes forestales e incluso tenían los certificados FSC como garantía de “legitimidad”.

La empresa Los Coigües SpA, vendía madera adquirida ilegalmente a empresas con “prestigio” y que luego eran vendidas nuevamente a otras forestales. Las empresas Forestal e Industrial MBM Ltda, Forestal FC SpA, Tulsa S.A., Forestal Demian SpA, Forestal Arauco S.A, Forestal Los Andes SpA y Forestal Collicura Ltda.

Esta empresa y sus representantes articularon una red para el blanqueo de la madera robada que fue investigada por la PDI y el ministerio público que señaló a Walter Fernando Araneda Parra como el jefe de la operación y que contaba con redes operativas suficientes para encubrir el negocio. La relación con la causa mapuche brilla por su ausencia.

Además, durante la formalización de la organización, el Ministerio Público hizo referencia a la impunidad con que actuaban, llegando al colmo de que en varias oportunidades los camiones que transportaban madera robada fueron fiscalizados por carabineros y no fueron detenidos. Cosa que coincide con la investigación de CIPER que revisando las carpetas judiciales cita varias declaraciones de las empresas denunciantes de que al llamar a Carabineros, estos no mostraban interés en capturar los vehículos, llegando al extremo de cortar las llamadas o excusarse en que el camión en persecución había ingresado al puerto seco de Coronel.

En diciembre de 2021, según varias querellas de Arauco, un camión marca Mack, que venia siendo denunciado en tres oportunidades como responsable del robo de madera, volvió a la carga, nuevamente en el fundo El Guindo. El 21 de ese mes habría sido detectado por personal de la forestal, que a las 18:43 horas se comunicó con Carabineros para avisar del supuesto delito en flagrancia. No hubo buena respuesta “El personal forestal es atendido por el oficial de guardia Cabo Primero Oyarzo, quien al recibir la denuncia e identificar el predio forestal corta la comunicación sin que sea posible restablecerla”, aseguró Arauco en dicha oportunidad.