Argentina es uno de los países donde la libertad de prensa se vio más afectada en el último año, según el informe global de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), que ubicó al país en el puesto 66, 26 puestos más abajo que en 2023.
“La llegada al poder de Javier Milei, abiertamente hostil con la prensa, marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país”, señala el estudio, difundido este viernes en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa.
RSF denuncia que el Presidente “alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política”, mientras que “sus partidarios lo difunden ampliamente”. Asimismo, clasifica como “un acto simbólico y preocupante” el ataque a la agencia estatal de noticias Télam.
La situación a nivel nacional se enmarca en un contexto global en el que, según la ONG, “la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas”.
RSF considera a “libertad de prensa” como “la posibilidad efectiva para los periodistas, como individuos y como colectivo, de seleccionar, producir y difundir informaciones, en aras del interés general, independientemente de las interferencias políticas, económicas, legales y sociales, y sin menoscabo para su seguridad física y mental.” La puntuación de cada país depende de cinco indicadores de contexto, que permiten entender la libertad de prensa en un territorio, en toda su complejidad: contexto político, marco legal, contexto económico, contexto sociocultural y seguridad.
En el informe de este año, el indicador político es el que más desciende, con una caída de 7,6 puntos. “Un número creciente de gobiernos y autoridades políticas fallan en su papel de garantizar un marco ejemplar para el ejercicio del periodismo y para el derecho de la ciudadanía a una información fiable, independiente y plural”, explica el estudio.
Argentina en el foco
La situación que refleja el informe respecto a la libertad de prensa se da en el marco de un complicado escenario que atraviesa el sector en el país bajo el gobierno de Javier Milei, que desde los primeros días de su gestión frenó la pauta publicitaria oficial a los medios de comunicación. Una medida con la que el gobierno intentó posar de anticasta y de negociación frente a los grandes grupos empresarios -a quienes la quita de la pauta oficial no afecta sustancialmente en sus ganancias- pero que implicó el desfinanciamiento de muchos medios comunitarios y cooperativas cuyo rol es fundamental en materia de acceso a la información.
Por otra parte, cabe recordar que el DNU 70/2023 deroga la ley 20.705 de empresas del Estado y dispone la transformación en sociedades anónimas de las empresas RTA S.E. (de la que forman parte la Televisión Pública y Radio Nacional) y TELAM S.E, en un claro intento de convertir a los medios de comunicación que cumplen una función pública en sociedades lucrativas. La designación de Diego Martín Chaher, un abogado y gerente ligado al Grupo América de Daniel Vila como interventor de los medios públicos se inscribe en ese plan. El ahora funcionario propone un “plan de reformulación”, “modificar el estatuto de personal”, entre otros ataques, en lo que fue calificado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) como "una decisión autoritaria que atenta contra el rol social de los medios públicos y contra el Congreso de la Nación".
Por otra parte, sin ir más lejos, la semana pasada el oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados la Ley Bases, que incluye entre las empresas estatales a privatizar a Radio y Televisión Argentina (RTA) - que controla la TV Pública y Radio Nacional y sus 40 repetidoras en el país- junto a ENARSA, Intercargo y Aerolíneas Argentinas, entre otras. El proyecto se comenzará a discutir la semana que viene en las comisiones del Senado, donde las alianzas que pueda tejer el oficialismo todavía no están claras y la movilización en la calle será un eje clave para definir el futuro de la ley.
El intento de privatizar RTA, con despidos en Radio Nacional y el recorte al presupuesto y programación de la TV Pública, se suma a la intención del presidente Javier Milei de cerrar la agencia de noticias estatal Télam, como anunció en el discurso del 1 de marzo durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.
Los trabajadores se encuentran realizando acampes contra el plan de retiros voluntarios y volvieron a poner en pie el portal “Somos Télam”, inaugurado durante los ataques de la presidencia de Mauricio Macri. Este viernes, el gobierno hizo correr la noticia de que cerraría todas las corresponsalías de la agencia en el interior del país.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció esta maniobra como una campaña psicológica para meterle miedo a los trabajadores: “El intento de cierre de las corresponsalías se inscribe en la misma lógica de ataque a las emisoras de Radio Nacional de todo el país. Atacan su rol federal, para que nuestros medios públicos carezcan de sentido social. Esta es una de las tantas formas que el gobierno de Milei despliega para avanzar sobre nuestra soberanía. Los medios públicos garantizan información propia de todo el país a través de las corresponsalías de Télam y las emisoras de Radio Nacional con su programación”.
La situación en los medios públicos se enmarca en un ataque al salario de los trabajadores de las empresas mediáticas en el país, que mantienen sueldos que no superan la línea de la pobreza, cierran ediciones impresas como en Ámbito Financiero o llevan adelante suspensiones y despidos arbitrarios como en América TV. Estos grupos mediáticos especulan con su alineación respecto al gobierno de Milei, mientras invisibilizan las luchas que llevan adelante trabajadores en todo el país contra los despidos, como en GPS-Aerolíneas Argentinas o la organización que empieza desde abajo en las asambleas barriales, por poner solo unos ejemplos.
Por eso, la pelea por defender la libertad de prensa no es una abstracción. Es fundamental rodear de apoyo a los trabajadores de los medios públicos contra el intento de su cierre y vaciamiento, como así también impulsar la autoorganización de los trabajadores de prensa junto a sus audiencias y lectores para discutir cómo defender los puestos de trabajo, el derecho a la información y a la libertad de prensa, y los derechos perdidos en los últimos años.
La coordinación de todos los sectores en lucha y del pueblo trabajador que se ven afectados por la política de hambre y subordinación al FMI del gobierno es fundamental de cara al próximo paro general del 9 de mayo y al tratamiento de la Ley Bases en el Senado, puntos de inflexión clave para profundizar la fuerza que puede derrotar el plan de Milei y sus aliados. | 
