El Gobierno de Mendoza reactiva su avanzada extractivista. Con la reciente reforma del Código Minero buscan concentrar el poder de decisión en el ejecutivo, legalizar el negocio de empresarios amigos con Impulsa Mendoza y lavar de verde a la avanzada con argumentos "verdes" y la Policía Minera. De qué se trata en detalle este nuevo Código Veamos...
Hace aproximadamente dos semanas, el día martes 23 de abril, mientras un millón de personas nos movilizabamos en el país en defensa de la educación pública, gratuita, laica y de calidad, en el senado de la provincia de Mendoza aprovechaban para aprobar la reforma del Código de Procedimientos Mineros propuesta por el gobernador Cornejo que ya tenía media sanción en la cámara de diputados. Ya había superado aquella instancia con el apoyo generoso del Partido Verde (sí, los que llegaron ahí pidiendo el voto antiminero) y del Partido Justicialista para finalmente aprobarse en la cámara de senadores ese martes, logrando el lobby minero y los políticos de turno una nueva herramienta para avanzar con la megaminería en la provincia donde decenas de miles dejamos en claro que no hay licencia social en 2019.
El argumento verde que utilizó el gobierno (y el Partido Verde para votar a favor en diputados) y que viene reproduciendo en los medios es desarrollar una minería sustentable con un “férreo control del Estado con su policía minera” para “asegurar el cuidado del ambiente”. De hecho en el documento que se presentó en diputados escribieron “En un contexto de creciente conciencia ambiental y la necesidad de avanzar hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles, la minería se convierte en un componente esencial de la transición energética a nivel global”. Hay autores que hablan de un nuevo Consenso del Cambio Climático de organismos supranacionales como la ONU al que adhieren todos los gobiernos sin importar su impronta política, que consiste en colocar a la necesaria transición energética como justificativo del saqueo de minerales como el cobre y el litio en países dependientes como Argentina.
Este nuevo Código de Procedimientos Mineros pretende centralizar el poder de decisiones en el ejecutivo, acelerar la aprobación de proyectos mineros, garantizar un negociado para Impulsa Mendoza S.A, crear una herramienta más para apropiarse de territorios de las comunidades originarias y lavar de verde al Estado Provincial creando una policía minera.
Vamos por partes…
¿Cómo pretenden centralizar las decisiones en el ejecutivo y acelerar la aprobación de proyectos mineros?
El artículo 2 de la Ley que sanciona el nuevo Código de Procedimientos Mineros de Mendoza dice “La Autoridad Minera de la provincia de Mendoza, es ejercida en primera instancia administrativa por el Director de Minería de la Provincia, bajo la tutela del Ministerio de Energía y Ambiente o el que en el futuro lo reemplace, quien atenderá y resolverá sobre los asuntos, peticiones y cuestiones que versen sobre los derechos mineros en todo el territorio provincial, y dictará las resoluciones definitivas que conceden, deniegan o declaran caducos los derechos mineros de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Minería y el Código de Procedimiento Minero de la Provincia, sin perjuicio de las restantes competencias, misiones y funciones que se establezcan mediante el respectivo Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, de conformidad a la Ley Orgánica de Ministerios. En segunda instancia, la autoridad será ejercida por el Poder Ejecutivo.”
Este artículo concentra el poder de decisión en manos del ejecutivo, concretamente en la Dirección de Minería a cargo de Jerónimo Shantal apodado “Chanta” por el activismo socioambiental por haber sido el abogado responsable, como asesor de la legislatura, que con falsas acusaciones tuvo en jaque a referentes socioambientales en las jornadas de diciembre de 2019 (defensa de la ley 7722) gracias a las cuales la referente de la Asamblea de Las Heras por el Agua pura, Nora Moyano, permanece imputada hasta el día de hoy. Cabe aclarar acá que esta reforma se debió hacer para que Shantal cumpla con los requisitos que el antiguo Código exigía para el cargo ya que es miembro del riñón de Cornejo y también es el abogado del proyecto Cerro Amarillo (propiedad de Lunding Group) que esta en etapa de exploración inicial. De esta manera, convierten al Consejo Minero en un simple órgano consultivo y ya no vinculante como era antes.
A su vez esta Dirección de Minería está bajo la órbita del Ministerio de Energía y Ambiente a cargo de la polémica Jimena Latorre, quien ejerce su cargo como Ministra al mismo tiempo que ejerce como Directora de la petrolera YPF S.A. Por este motivo fue denunciada en la Oficina de Ética Pública por Lautaro Jimenez junto a otros legisladores provinciales de mandato cumplido y en ejercicio. Solicitan que el organismo determine la incompatibilidad y conflicto de intereses de la Ministra que recibió un aumento del 400% por su cargo en YPF, ahora cobrará $70.000.000, la casta está de fiesta.
En el título II de “Protección Ambiental” el artículo 42 dice que las personas que deseen realizar prospección, exploración, explotación, desarrollo, extracción o almacenamiento mineral “deberán dar cumplimiento a los requisitos que en materia de protección ambiental establece el Título XII, Sección Segunda del Código de Minería. El procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) será iniciado ante la autoridad competente ambiental debiendo el interesado informar a la autoridad minera de los avances de dicho procedimiento”. Este es uno de los artículos que más alertó a referentes y abogados ambientalistas porque una de las interpretaciones que se hace al respecto es que con este punto se intentaría evitar regirse por la 7722 al no nombrarla y designar al Código Nacional de Minería, creado por el gobierno de Menem, como la norma rectora.
Lo que consideran distintos referentes de las asambleas es que el artículo que quieren esquivar de nuestra Ley guardiana del agua es el que exige un Informe de Impacto Ambiental por proyecto y el que establece una serie de pasos para llegar a ser ratificados como Ley por la Legislatura. Además requiere que se expidan con informes los municipios, el Departamento General de Irrigación (está también deberá ejercer el control específico y seguimiento de cada uno de los emprendimientos mineros) y de otros organismos Autárquicos.
Sobre esto abogados y abogadas ambientalistas hicieron una lectura con dos interpretaciones posibles:
1) Los mineros podrían intentar pasar por el costado de la 7722 remitiendo directamente código nacional de minería (siendo poco probable ya que se vulnerarían leyes nacionales, provinciales e incluso artículos constitucionales).
2) Aunque las leyes ambientales no estén expresamente nombradas no pueden pasarse por alto ni ignorarse, a riesgos de ser denunciados por inconstucionalidad. Aunque claro, se sabe que este tipo de denuncias pueden quedar años durmiendo en algún cajón. De una u otra manera la alerta es que se pretende impactar sobre nuestra Ley guardiana de agua y Ley 5961 de Preservación del Medio Ambiente.
Cabe aclarar que este martes el Gobernador anunció que ingresó a la Dirección de Minería el informe de Impacto Ambiental de Malargüe Distrito Minero Occidental. Una vez completada la Evaluación de Impacto Ambiental, se enviará a la Legislatura para la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental. Eso quiere decir que en los hechos el propio ejecutivo sigue los canales legales que establece la 7722.
Por otro lado, buscan darle celeridad a estos oscurecidos procesos estableciendo periodos de algunos días a procesos que antes exigían debates de alguna manera “más amplios”, prolongados y a la vista del pueblo mendocino y habilitando que toda la tramitación sea por expedientes electrónicos, cosa que no está reglada. Gracias a esto ha vuelto a trámite el expediente electrónico del proyecto San Jorge, que estaba “en guarda temporal” desde 2020, por ejemplo, sin volver a foja cero como debería. El objetivo del gobierno es conocer la situación legal-administrativa en la que están todos los proyectos mineros para poder actuar rápidamente, concentrar buena parte de estos en un gran proyecto minero que ocuparía la mitad de Malargüe y poder aprobarlo con una sola DIA y a firma de un miembro del riñón cornejismo.
Las alertas deben encenderse teniendo en cuenta que el propio gobierno, en boca de la vicegobernadora de la provincia, Hebe Casado quien, después de decir que la 7722 era un invento estúpido de los mendocinos, blanqueó en una entrevista en canal 7 que están haciendo un trabajo fino de “concientización”, “educación” y “andamiaje legal” para terminar derogando nuestra ley guardiana del agua. Esta es la verdadera intención detrás de la propaganda del gobierno provincial de la “minería sustentable”: convertir en letra muerta nuestra ley con la modificación de otras para en última instancia, derogarla, como se intentó en 2019 con ese pacto cianuro entre el PJ y el Radicalismo.
¿Qué lugar tendrá Impulsa Mendoza Sostenible S.A.?
El artículo 39 del Código aprobado dice “En todos los casos de caducidad o revocación de permisos de exploración o declaración de minas vacantes (...) deberá notificarse a la empresa minera Impulsa Mendoza Sostenible S.A. (...) para que en el plazo de treinta (30) días hábiles exprese su decisión o no de declarar las áreas como de Investigación Geológica Minera (...) o bien solicitar las áreas de acuerdo al Código de Minería”. Las áreas con derecho a exploración caduco pasarán directamente a ser derecho de Impulsa en el Catastro Minero. Si la sociedad anónima no hace uso de su derecho de preferencia sobre las áreas deberá convocar a un concurso público “no pudiendo participar en porcentaje societario o asociativo de ningún tipo”, no hace la misma aclaración sobre accionistas de la misma.
El gerente de Impulsa Mendoza Sostenible S.A. es Emilio Guiñazú quien es también, convenientemente, el gerente de Potasio Río Colorado (PRC). La sociedad anónima con 51% de acciones del Estado Provincial y un 49% de acciones privadas, se dedicaría a ofrecer las áreas con los derechos mineros y las Declaración de Impacto Ambiental ya “tramitadas” a las multinacionales extractivistas (o a los propios) socios que actúan de los dos lados del mostrador. Hasta ahora ha sido la encargada de que avance PRC, Hierro Indio y el expediente ya mencionado del Proyecto San Jorge que lleva la firma de Guiñazú. A Sitio Andino, el propio Guiñazú confirmó que otro de los proyectos en los que trabaja Impulsa Mendoza es Malargüe Distrito Minero Occidental.
¿Cómo afecta el Código a las comunidades originarias y familia puesteras?
El artículo 54 del nuevo Código dispone que “Ante la identificación de comunidades originarias con personería jurídica otorgada con participación y reconocimiento de la Provincia de Mendoza, emplazadas e instaladas en el área del proyecto de interés exploratorio, se activará el Protocolo de Consulta Previa conforme con la legislación provincial y nacional”. El problema es que en el sur de nuestra provincia, donde viven, con anterioridad a la formación del Estado, múltiples comunidades mapuche de las cuales sólo 24 tienen personería jurídica reconocidas por la Provincia de Mendoza. El Código busca desconocer deliberadamente a otras 63 comunidades censadas y reconocidas por el INADI que están en conflictos territoriales y cuentan solamente con la prórroga de la Ley de Arraigo que impide los desalojos. Impedimento que es muchas veces violado por el Estado Provincial como ocurrió en febrero de este año cuando el gobierno intentó desalojar a las familias puesteras de la comunidad mapuche Yanten del Cerro Nevado a pesar de no existir una sentencia firme para que se ejecute. En aquel entonces la comunidad fue socorrida por una familia de puesteros de la zona que sufrio represalias por eso el día de ayer cuando la misma comunidad Malalweche denunció el brutal desalojo de la familia de puesteros en la zona de El Nevado Puesto la India Muerta. “Pobladores Ancestrales de estos Territorios violentamente tratado por las fuerzas de seguridad y el terrateniente Abrego, miembro de la Cámara de Comercio de San Rafael. Así actúan jueces y fiscales de la Injusticia, ordenando acciones con perfil político ideológico para favorecer a su CASTA social y empresarial”, denuncia en un comunicado dicha comunidad mapuche. A lo que agrega «DECIMOS BASTA DE ATROPELLO. Vamos a acompañar a la familia Veliz Peletay, que no sólo han sufrido el desalojo sino que, en el marco de esta acción represiva e impune, han visto que su madre y abuela Rosa Peletay ha sido lastimada sufriendo una fractura de cadera y tras horas de espera y falta de autorización por parte de las fuerzas policiales, fue trasladada de urgencia y se encuentra grave en el Hospital Regional Malargüe».
Esta comunidad y familia de puesteros viven en el área de Cerro Nevado donde se ubica el proyecto minero “Anchoris” o “Cerro Nevado” propiedad minera de Carotti y Rubinstein y además, en un área donde las comunidades denuncian que quieren realizar caza de coto.
El ataque racista y xenófobo del Estado Provincial tiene larga data pero en los ultimos años se ha intensificado pues en las áreas donde las comunidades realizan su labor de trashumancia, declarado patrimonio cultural de la humanidad, o donde se asientas ancestralmente, es donde se ubica el mapa del tesoro. Vienen siendo víctimas de expulsiones, aprietes, amenazas, estigmatizaciones con el objetivo de liberar las zonas de interés para los empresarios locales, los gobiernos de turno y las grandes multinacionales extractivistas.
La forma de proceder para registrar minas en nuestra provincia es solo un reflejo más de los intereses pero también de la ideología colonizadora de los políticos capitalistas. Basta con que el gobierno publique un pequeño anuncio en un diario buscando al propietario del terreno o informando sobre el registro para avanzar de forma legal en el registro y por lo tanto en la explotación por parte de la empresa. Dice el artículo 220 “Toda oposición que se plantee ante la Autoridad Minera deberá interponerse dentro de los (15) días de la notificación (en caso de conocerse el propietario) o última publicación de edictos”. Los políticos capitalistas hoy, al igual que en el siglo XV, actúan como verdaderos dueños y señores apropiándose de tierras,expulsando violentamente y entregando nuestros bienes comunes naturales a los pulpos megamineros.
Debemos recordar que el mega DNU del Presidente Javier Milei, que se niegan a tratar el resto de los bloques en Cámara de Diputados, derogó la Ley de Tierras que habilita la entrega de grandes extensiones de tierras a extranjeros aunque contengan grandes cuerpos de agua, o sean contenedoras de acuíferos o estén en zonas periglaciares, lugares donde se realiza la trashumancia.
El DNU 70 derogó la Ley de Tierras y empezó el desalojo de familias rurales y comunidades originarias. En un violento desalojo policial en Malargüe, #Mendoza, le fracturaron de cadera a Rosa Peletay y se encuentra grave en el hospital. Más violencia contra las mujeres. pic.twitter.com/eMBQZWjMxr
Otra de las demostraciones más escandalosas, que provocó la alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue la votación en marzo del año pasado en Cámara de Diputados de la provincia donde definieron que “los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos”, manifestaron su “repudio al Decreto nacional 805/21” en cuyos primeros artículos se declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país y suspende, por el plazo de la emergencia declarada (4 años iniciales que ahora se extendieron hasta 2025), el desalojo o desocupación de estas tierras.
¿Y la policía minera?
Dice el artículo 200 del nuevo Código que “La Autoridad Minera ejercerá el poder de Policía Minera por intermedio de los inspectores provinciales que al efecto se designen”. Es decir que se supone que Jerónimo Shantal bajo la órbita de Jimena Latorre serán los guardianes del medioambiente, del agua y de nuestros bienes comunes. Un abogado que cobra por el avance del proyecto Cerro Amarillo y una Ministra que renunció a su salario del Estado para cobrar como Directora de YPF. No podemos dejar los bienes que deben ser comunes en manos de una casta de funcionarios que se ubican de los dos lados del mostrador: son los encargados de aprobara Evaluaciones de Impacto Ambiental, conceder derechos mineros, de custodiar que las multinacionales que les pagan el sueldo “hagan las cosas bien”, buscar inversiones “defendiendo los intereses provinciales” desde una empresa estatal al mismo tiempo que gerencian empresas mineras.
Nora Moyano, referente de la Asamblea de Las Heras por el agua pura, manifestó sobre el nuevo Código “esto se ha concretado el 23 día de marcha épica y multitudinaria defendiendo nuestra universidad y nuestra educación pública, laica, gratuita y de calidad. Inmediatamente tomamos conocimiento de lo que han aprobado decidimos volver a informar a nuestro pueblo de Mendoza que ya está votado por la legislatura y exigimos que no se publique en boletín oficial y que no entre en vigencia porque evidentemente no se ha respetado tampoco el acuerdo de Escazú donde dice que deben dar participación en la información, que no tenemos, de los expedientes, áreas mineras y en la toma de decisiones. Tampoco se tiene en cuenta el convenio 169 de la OIT que establece la información previa, libre hacia las comunidades originarias. El primer paso es la difusión de este gravísimo avance de las mineras y el gobierno de la provincia de Mendoza, que con la complicidad de un sector del peronismo otra vez como en el 2019 han votado esta reforma. Por ese motivo estamos difundiendo para que todos tomemos conocimiento y en un determinado momento resolver las acciones para continuar defendiendo lo que por derecho y justicia es nuestro, el agua, los bienes comunes y las áreas naturales protegidas.”
