A solo horas de que comience la sesión, varios parlamentarios han adelantado su postura con respecto al proyecto propuesto por el Ejecutivo, el cual busca proporcionar un camino para cumplir con el fallo emitido por la Corte Suprema.
En entrevista con La Tercera la ministra de salud Ximena Aguilera planteo: “El Presidente no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de dejar caer a las aseguradoras privadas” es decir "un perdonazo" que tanto tiempo la ministra junto al gobierno planteaban que no lo era, pero ¿Qué nombre se puede dar a una acción que claramente busca rescatar a las ISAPRES de la bancarrota, instituciones que han defraudado a sus afiliados por miles de millones? Esto es realmente un perdón flagrante y descarado, una medida de rescate para entidades criminales que lucran con nuestro derecho a la salud.
De acuerdo con información publicada por CIPER, en el año 2022, la mayoría de las ISAPRES tenían fondos cercanos al mínimo estándar del 100%, mostrando una tendencia a la baja en comparación con 2021. Esto sugiere que todas están al borde de incumplir, lo que podría llevar a una intervención directa de la Superintendencia en su administración debido a su situación de inviabilidad e insolvencia.
Según el fallo de la Corte Suprema, la deuda asciende a 1 billón 485 mil millones de pesos ($1.485.000.000.000), todas estas ganancias son producto de cobros ilegales por parte de las ISAPRES a sus afiliados. Desde el inicio, los empresarios de la salud, junto con políticos de derecha y algunos de la ex Concertación, han tratado de proteger los intereses de las ISAPRES, discutiendo sobre cómo reducir la deuda, ofreciendo facilidades de pago, entre otras medidas. En este contexto, el gobierno del Frente Amplio, el Partido Comunista y los antiguos partidos de la Concertación nuevamente han cedido. Aunque su discurso apunta a cumplir con el fallo, al mismo tiempo buscan mantener el modelo actual. Incluso han propuesto reducir la deuda a 1 billón 168 mil millones de pesos, lo que implica aumentar los cobros a miles de afiliados al igualar todos los planes al 7%.
El colapso del sistema privado no es más que un chantaje empresarial perpetrado por grandes conglomerados económicos, tanto nacionales como internacionales, que emplean diversos artilugios legales para fragmentar y ocultar sus inversiones y beneficios.
Estos gigantes empresariales se han enriquecido a expensas de la salud de la población, no solo mediante estos cobros ilegales, sino también aprovechándose de la transferencia de fondos públicos a través de FONASA, las pensiones de nuestros jubilados, la vivienda, entre otros medios. La derecha y el gobierno están respaldando el poderío de estos consorcios.
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