El staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó este lunes que el gobierno de Javier Milei sobrecumplió las metas del primer trimestre del año y se espera la aprobación del directorio para que el Estado reciba, en las próximas semanas, el próximo desembolso del programa, por US$ 792 millones. El documento del Fondo es un apoyo a el rumbo económico que beneficia al capital concentrado a costa del pueblo trabajador y ya ha provocado que más de 3 millones de personas se vean sumergidas en la pobreza.
Es la primera revisión trimestral que da cuenta de los resultados de la gestión de Milei y la octava del programa de Facilidades Extendidas que fue acordado durante el gobierno de Alberto Fernández para refinanciar la deuda tomada por Macri. El FMI le dio el visto bueno a los números que ya había presentado el presidente, por los cuales el Estado registró superávit primario (más ingresos que gastos sin contar los pagos de deuda) cuatro veces superior a la meta fiscal, una acumulación de reservas en el Banco Central (BCRA) US$ 2000 millones superior a la exigida y una emisión monetaria reducida.
El plan de ajuste fue elogiado por la comisión que encabeza el venezolano Luis Cubeddu, subdirector del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI en los siguientes términos: “A pesar de heredar una situación económica y social altamente compleja, la firme implementación del plan de estabilización de las autoridades -basado en una sólida ancla fiscal, la ausencia de financiamiento monetario y la corrección de precios relativos- ha permitido avanzar más rápido de lo previsto en el restablecimiento de la estabilidad macroeconómica y reencauzar firmemente el programa”.
Pese a la buena nota recibida en el exámen, el problema para el oficialismo es que desde el Fondo ponen en duda la sostenibilidad del superávit fiscal. El Gobierno busca ganarse esa confianza para solicitar una ampliación del préstamo o un nuevo programa que lo ayude con su objetivo de levantar el cepo cambiario. Pero desde Washington temen que el recorte presupuestario y la profundización de la crisis social generada por el plan económico derive en estallidos sociales. Por eso afirmaron que: “"Es necesario que continúen realizándose esfuerzos para mejorar la calidad y la equidad de la consolidación fiscal, afinar los marcos de política monetaria y cambiaria, así como atender los cuellos de botella para el crecimiento".
El agravamiento de la crisis social es una consecuencia directa e indirecta del ajuste del gobierno. Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), sobre los primeros tres meses del año, hubo una caída en términos reales de jubilaciones y pensiones, salarios públicos, subsidios a la luz y el transporte, Potenciar Trabajo, transferencias a universidades y provincias. El documento detalló que los fondos destinados a jubilaciones y pensiones cayeron 31,4 % (interanual real) y los subsidios energéticos 66,7 % (interanual real), estando entre los principales los rubros que más incidieron en la reducción de los gastos. A su vez, la partida de transferencia a las universidades se desplomó un 33,2 % en términos reales. No son casuales las movilizaciones de las últimas semanas o la contundencia que tuvo el paro nacional del 9 de mayo.
Los tiempos para Milei y Caputo se acortan, mientras no logran aprobar aún la ley Bases y el paquete fiscal. El Estado deberá afrontar el vencimiento del swap con China por US$ 5.000 millones entre junio y julio -si no se llegara a un acuerdo para refinanciarlo- y el pago de US$ 2.600 millones con bonistas en julio, aunque la mitad está en manos del sector público. En 2025 se terminan los desembolsos pactados con el Fondo Monetario y a los pagos de intereses habrá que sumarles los pagos de capital; también es el año en que los vencimientos con los fondos buitres y acreedores privados comienzan a escalar.
Las políticas planteadas por Milei y el FMI sólo pueden llevar a un agravamiento de la crisis social y la pérdida de derechos conquistados. Es necesario declarar una ruptura con el organismo internacional y el desconocimiento soberano de la deuda, sobre la base de la movilización popular; para contrarrestar los ataques que están sufriendo las grandes mayorías. Un primer freno a los planes del Gobierno se podría lograr si las centrales sindicales convocan a un paro nacional, como parte de un plan de lucha, cuando se trate la ley Bases en el Senado.
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