La falta de preparación de los gobiernos ha exacerbado la crisis que viven millones de afectados. A pesar de las advertencias, las medidas preventivas fueron insuficientes y las acciones no alcanzan para recuperar lo perdido. La solidaridad desde abajo muestra otra alternativa.
Enfermeras llevando a sus pacientes al techo del hospital, gente mayor subiendo a los techos de sus casas esperando ser rescatados, rescatistas improvisados que salen en motos de agua a los gritos para transportar a quienes quedaron aislados. Escenas que se repitieron en todo el estado Río Grande Do Sul, en la catástrofe más importante del último tiempo y, quizás, de la historia de esa región.
Ciudades enteras como Canoas, Eldorado do Sul y Novo Hamburgo estuvieron sumergidas. Caxias do Sul, la segunda ciudad más poblada del estado, quedó completamente aislada cuando se derrumbó la última carretera que salía de la ciudad. Porto Alegre, la capital del Estado, tuvo más de 5 metros de agua y el lago Guaíba se desbordó, alcanzando el registro más alto en su nivel de agua, según el Servicio Geológico Nacional de Brasil.
El hidrólogo Pedro Camargo, de la Sala de Situación del Estado de Río Grande Do Sul, afirmó que se espera que pasen alrededor de 25 días para que el nivel del agua del Guaíba baje de los tres metros.
La realidad es desesperante pero así también la solidaridad que despierta. Desde todo el país se presta ayuda, con alimentos o donando lo poco que se tiene, rescatando animales, recibiendo a un vecino, yendo a limpiar y acondicionar los refugios. Sí, refugios. Brasil tiene hoy verdaderos “refugiados climáticos”.
Se calcula que 80.000 personas se encuentran en refugios improvisados. Entre las 450 ciudades afectadas muchas siguen con casas sumergidas y una severa escasez de suministros. Hubo personas atrapadas varios días en Canoas, Alvorada, el norte de Porto Alegre y las ciudades de Vale do Taquari.
Refugio improvisado. AP Photo/Carlos Macedo
Sin luz, agua o alimentos, la crisis de abastecimiento afectó a los equipos de rescate que no tenían linternas, agua potable, combustible, embarcaciones ni cuestiones básicas para adentrarse en los ríos que invadían lo que antes eran calles y avenidas.
En lo que parece una metáfora de la situación, los edificios públicos del gobierno desaparecieron de varios lugares. En Porto Alegre, por ejemplo, la legislatura municipal está bajo el agua.
La capital del estado tiene 1.332.570 habitantes según el último censo. No hay un solo residente que no se haya visto afectado de una u otra manera, ya sea porque tuvo que dejar su hogar, porque está albergando a alguien o porque asiste a quienes lo necesitan. En esta ciudad la desigualdad es evidente, son más de 100.000 las propiedades ociosas - vacías - que podrían convertirse en albergues para las personas que lo necesitan.
Un desastre anunciado…
Rio Grande do Sul enfrenta situaciones como ésta desde el año pasado, con inundaciones, falta de energía y agua, falta de vivienda y muertes.
El año pasado hubo más de 54 víctimas en las inundaciones, y aún así no alcanzó para que los gobiernos de las ciudades, el gobierno estatal de Eduardo Leite y el gobierno de Lula-Alckmin tomaran medidas para prevenir y proteger a la población.
La tragedia que se avecinaba tuvo avisos y advertencias. Los meteorólogos informaron sobre las lluvias y sus efectos. Los gobiernos sabían qué esperar, pero no hubo preparación. Cuando la inundación empezaba a producirse, hubo solo un aviso a la población: abandonen sus casas.
Cientos de miles perdieron todo. La solidaridad se expande pero también hay saqueos, desesperación y angustia. No faltan los oportunistas de ultraderecha con discursos proféticos y reaccionarios.
Carlos Fabal/AFB/Metsul Meteorologia
¿Cuánto cuesta y cuánto vale volver a recuperar esas vidas? A nivel nacional, el gobierno de Lula y el Congreso debaten cuánto pueden comprometer el marco fiscal de Haddad, es decir, el ajuste fiscal de corte neoliberal que busca el “déficit primario cero". Se suspendió la deuda del Estado de Río Grande Do Sul por tres años y se anunció una inversión de miles de millones de reales. ¿Para la gente que perdió todo? En realidad, no.
El gobierno de Lula anunció la ayuda de 50,9 millones de reales, pero si se analiza con detalle el paquete y se descuentan los ítem estipulados previamente a la inundación, la suma extra es de 2,7 mil millones y la mayor parte de la misma es para subsidios a las empresas. Tan solo 200 millones de reales se destinan a proyectos de reconstrucción de infraestructura y recomposición económica.
Por qué no se evitó la tragedia
En Porto Alegre, situada en el delta del Jacuí, por donde discurren muchos de los principales ríos de Río Grande Do Sul, el sistema de defensa contra inundaciones establecido desde los años 1960 viene siendo desmantelado deliberadamente gobierno tras gobierno.
El complejo está formado por el Muro Mauá, diques, bombas de agua, compuertas y conductos superficiales y sumergidos, un sistema de 60 kilómetros de longitud que atraviesa la ciudad y depende de la Dirección Municipal de Aguas y Alcantarillados (DMAE), una empresa pública que el gobierno de la ciudad de Sebastião Melo (MDB) quiere privatizar.
Pero el desguace no es nuevo. En 2013 la DMAE contaba con 2.108 trabajadores, hacia 2017 bajo la gestión de Marchesa (PSDB ) el número se reduce a 1.738 y con Sebastião Melo hoy cuenta con tan solo 1.072 trabajadores, negándose a contratar a 443 nuevos empleados en 2022.
Además, Melo redujo el presupuesto para mejoras del sistema de 1,7 millones de reales en 2021, a 141.000 en 2022 y literalmente nada (R$ 0,00) en 2023. No es que falte dinero o que el DMAE esté en quiebra como afirma el relato del alcalde y de los liberales deseosos de hacer con las acciones del DMAE privatizado, hay 428,9 millones de reales disponibles para inversión en DMAE y la empresa pública presentó un superávit de más de 31 millones de reales.
Esta drástica reducción de sus trabajadores y de presupuesto afecta directamente la capacidad de la DMEA para realizar el mantenimiento de los sistemas y responder de forma inmediata ante cualquier emergencia.
Una situación similar también ocurre a nivel estatal luego de las privatizaciones de CEEE - empresa estatal de generación y transmisión de energía eléctrica de Rio Grande do Sul - y CORSAN - compañía estatal de saneamiento - por parte del gobernador Eduardo Leite (PSDB) a cambio de migajas, allanando el camino para el despido de 2.200 trabajadores.
Leite es quien aprobó apenas el 0,2 % de presupuesto para la prevención de eventos climáticos extremos y además reformuló el Código Ambiental del estado en 2010.
La reforma que se votó de manera exprés cambió 480 artículos de la legislación ambiental, flexibilizando normas ambientales en favor de los negocios capitalistas, bajo el relato de la necesaria “modernización” y el “desarrollo económico”. 37 diputados de siglas como PSL, PTB, PSDB, MDB, PP y DEM, partidos históricamente vinculados al agronegocio y la destrucción de derechos laborales y ambientales votaron a favor.
Lula Da Silva, presidente de Brasil, y Eduardo Leite, gobernador de Río Grande Do Sul
Según la Fundación Estatal para la Protección del Ambiente (Fepam), se realizaron cambios tan absurdos como el del concepto de Áreas de Preservación Permanente (APP) habilitando que empresas y grandes propietarios puedan intervenir estas áreas sin ningún tipo de autorización ambiental. También se liquidaron los apoyos financieros a centros de investigación y mantenimiento de ecosistemas, se otorgan créditos a empresas y al agronegocio incluso si su situación es irregular con respecto a la legislación ambiental, se eliminaron todos los artículos que trataban sobre las Unidades de Conservación (UC) y su protección, entre otros.
El agronegocio, uno de los principales sectores interesados en esta contrarreforma, exportó el equivalente a 1,9 mil millones de dólares en soja en el cuarto trimestre de 2023, ese mismo trimestre despidió a 48.474 trabajadores y cerró con un saldo negativo de 1.583 trabajadores formales menos.
Por si fuera poco, el gobierno de Lula otorgó más de 350.000 reales con el Plan Safra, que en los hechos termina beneficiando a los sectores rurales concentrados. También a nivel nacional se flexibilizan leyes ambientales, la protección a áreas de preservación y se persigue a los pueblos indígenas con el llamado “Marco Temporal”, una tesis jurídica defendida por grandes sectores del agro para criminalizar y restringir derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Estas actividades privilegiadas por los gobiernos son predatorias del ambiente y precarizan la vida de millones.
Detrás de la inundación, la crisis climática
El agronegocio, la ganadería intensiva y la especulación inmobiliaria son las principales actividades económicas de la región que provocan deforestación y pérdida del poder de filtración de los suelos, todo lo cual contribuye a las inundaciones.
Solo en 2023, se destruyó el equivalente a 6 mil canchas de fútbol de bosque nativo para transformar esos suelos para el agronegocio. El mayor bosque tropical del planeta, el Amazonas, se encuentra en su mayor parte en Brasil, y solo en ese país, ya se perdió una superficie forestal más grande que toda Francia.
El cambio en los usos de los suelos, junto a la producción de hidrocarburos y actividades extractivistas son todos factores que aumentan la emisión de gases de efecto invernadero que producen la crisis climática. No solo no se restringen estas actividades sino que por el contrario gigantes como Petrobras se encuentran buscando petróleo en el Amazonas, sin atender a ningún estudio de impacto ambiental como piden las poblaciones indígenas.
Las lluvias intensas, así como las sequías y olas de calor, son eventos extremos que se vuelven cada vez más intensos y frecuentes por el calentamiento global y los costos los pagan las mayorías trabajadores y el pueblo pobre. Según el reporte de 2023 de la Organización Meteorológica Mundial, ya el año pasado hubo un aumento entre el 40 y 50 % de lluvias para la región del sur y sureste de Brasil.
Además de Río Grande Do Sul, hay 30 ciudades del estado de Maranhão que están en situación de emergencia por las lluvias, pero el gobernador, Carlos Brandão, del PSB (el mismo partido que el vicepresidente del frente amplio, Geraldo Alckmin), dijo que el hecho es menos preocupante que en momentos anteriores y que la población “ya ha pasado peores momentos”. ¿Hay que acostumbrarse a vivir de desastre en desastre?
Por una alternativa anticapitalista y socialista
Esta nota se escribió con la información y el aporte de numerosas voces reflejadas en Esqueda Diario, parte de la red internacional de La Izquierda Diario.
Quienes forman parte de Esqueda Diario buscan construir un partido político de la clase trabajadora y el pueblo pobre que cambie radicalmente las prioridades. “Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo” dicen y tienen un camino alternativo al de los gobiernos capitalistas y la ultraderecha oportunista.
Proponen un plan de emergencia de obras públicas controlado por trabajadores y financiado con impuestos a las grandes fortunas, confiscación a evasores multimillonarios y el cancelamiento inmediato de la deuda externa. Reclaman el fin del Marco Fiscal del gobierno de Lula-Alckmin y el Régimen de Recuperación Fiscal del gobierno de Leite, que restringe las inversiones públicas e imponen el ajuste.
Plantean la necesidad de presupuesto para robustecer el sistema de prevención de inundaciones y una planificación urbana racional para reconstruir las ciudades y los ecosistemas afectados.
Además la nacionalización de las grandes tierras que tiene el agronegocios bajo el control de trabajadores rurales y de la ciudad en perspectiva de la transición agroecológica, como única manera de orientar la producción en función de las necesidades populares y no del lucro privado, y para poder hacer frente a la crisis climática.
Son medidas que solo la clase trabajadora y el pueblo pobre pueden llevar adelante y que se vuelven cada vez más urgentes para no naturalizar la catástrofe en la que nos hunde el capitalismo.
