Mientras tanto un grupo de parlamentarios, integrantes de la derecha de Chile Vamos y Republicanos, piden que se centre en el marco securitario, entre los cuales se suma el
diputado de la DC, Eric Aedo, señalando que esta será la “última oportunidad” para que Boric, centre su mensaje “en el combate frontal al crimen organizado y al terrorismo que opera en el país” agregando “y es el momento de una vez por todas que su coalición deje atrás la violencia y los símbolos de esa violencia, como el perro matapacos”.

Entre la agenda de la derecha y el programa de gobierno

El lunes 13 de mayo, tanto el Senado como la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobaron la nueva Ley Corta de Isapres, aprobación masiva de todos los sectores, desde el oficialismo hasta la oposición actuaron en conjunto para salvarle el negocio a las isapres y así entre la derecha y el gobierno poder darle garantías para la continuidad al negocio de la salud. Ante esto en una columna para CIPER, un médico especializado en salud pública, dice: “Se generan mecanismos para que cada individuo pueda asegurarse mejor mientras tenga más dinero y menos riesgo, lo que podemos denominar ‘isaprización’ del sistema”.

Todo esto fortalece el modelo neoliberal, instalado y heredado de la dictadura de Pinochet, dándole además más plazo para que las Isapres paguen su deuda a los afiliados que sufrieron un alza en sus planes de salud, una extensión de 3 años más de lo que inicialmente se había discutido de dejarlo en 10 años, algo totalmente abusivo con los usuarios afectados, utilizando sus fondos descaradamente.

Por si fuera poco, las alzas podrán ser mayores a las habituales en los siguientes tres años, además no se pagarían los excedentes, atacando los bolsillos de los usuarios y fortaleciendo el sistema privado, mientras el sistema público de salud está colapsado y los despidos e inestabilidad laboral son pan de cada día, sumándole a esto la urgencia de camas especialmente para salud mental, como es en el caso de Antofagasta, donde los pacientes tienen que esperar largas horas para el acceso a una, cabe recordar que en octubre del año pasado el Colegio Médico denunció que habían sólo 30 camas, cuando por norma debería tener entre 69 y 97 disponibles para pacientes. Todo esto mientras en el año 2019, una investigación liderada por profesionales del departamento de psiquiatría y salud mental de la Universidad de Chile señaló que las y los niños en Chile tienen la peor salud mental del mundo.

En el ámbito educativo no se ha quedado atrás, sigue llevando adelante la falsa desmunicipalización de Bachelet, implementando a toda costa los Servicios Locales de Educación Pública, a pesar del gran rechazo y a los grandes fracasos que se han demostrado a nivel nacional, desde sus inicios con el SLEP Barrancas o como lo mostró la movilización de Atacama, poniendo en conocimiento público el problema de la profunda e histórica crisis de la educación pública. Así también lo demostró el paro educativo en Antofagasta, que dejó ver la necesidad urgente de mayores recursos; mejoras en infraestructuras; mejora en la calidad de alimentación y la urgencia de contratación de especialistas de salud mental, algo que es transversal y que también afecta al área de la salud.

En cuanto a lo que el gobierno puede decir en la cuenta pública de la condonación del CAE, primero, el anuncio es reciente y por ende buscarán usarlo como caballito de batalla para mostrar que “han cumplido”, mientras este aspecto en el programa de gobierno, sólo considera al porcentaje de personas que llevan el pago al día, discriminando y dejando afuera la sector que no ha podido pagar por haber estudiado en la universidad.

Ante todas las necesidades urgentes de la población, vemos que el gobierno, conciliando con la derecha y la Democracia Cristiana, apuestan cada día más a la represión como salida al problema de la “seguridad”, dejando de lado los grandes problemas como salud pública que incluya la salud mental, educación, vivienda, etc. Dando gran parte de su peso al ámbito represivo, que se ha desarrollado a lo largo de su gobernanza, continuando la militarización en el Wallmapu y dándole más recursos a las fuerzas policiales, construyendo grandes comisarías y comprando camionetas y autos de último modelo y gran costo, mientras faltan escuelas y consultorios, dando más recursos para armamento y equipamiento policial, cuando las y los estudiantes viven el hacinamiento y la precariedad en la alimentación.

Todas estas condiciones degradan la calidad de vida de la mayoría de la población, dejando de lado las necesidades sociales reales, mientras las mineras generan grandes utilidades, concentrando las ganancias algunas grandes empresas nacionales y transnacionales, sumado a que se utiliza de los dineros fiscales un porcentaje no menor destinado para las fuerzas represivas y otros aspectos que no son necesidades directas de la población trabajadora. Plata hay, es urgente que se destine a las necesidades de la mayoría de la población, tales como educación, salud, vivienda, pensiones, etc.