Según el propio Ministerio de vivienda y urbanismo, el déficit habitacional cuantitativo, que contemplaría viviendas que no se podrían recuperar, hogares de allegados, núcleos allegados hacinados y viviendas con hacinamiento no ampliable, se puede contabilizar por lo bajo a 552 mil viviendas. Una cifra que duplica las propuestas que el gobierno aún es incapaz de resolver. A esto además debe agregarse un total de 1.263.576 viviendas que hoy necesitan un plan de mejoramiento, ampliación y acceso a servicios básicos. Según el Catastro de Campamentos realizado el 2024, en el país existen 1.432 asentamientos irregulares, aumentando 630 campamentos a los años de la pandemia, donde las problemáticas y precarización de la vida se agudizaron. En simples palabras, los campamentos crecieron en un 56%, lo cual muestra la grave crisis que vive el país en vivienda.
¿La respuesta del gobierno?
El mes de mayo ha sido muy complejo para las familias que viven en campamentos, y es que el gobierno autorizó los desalojos de los campamentos en Cerro Navia, Peñalolén y Puente Alto.
El gobierno por su parte sólo ofrece mayor represión, la ley anti tomas ha servido para llevar adelante los desalojos. Todo esto en medio de una campaña social de “código azul” frente a las bajas temperaturas que se esperan. Las salidas de las municipalidades y gobiernos locales, además de la represión, son aumentar el gasto de albergues transitorios, que solo son píldoras para enfrentar realmente el problema.
Les compartimos este documental realizado en conjunto con el equipo de La Izquierda Diario para dar a conocer la lucha de los y las pobladoras del campamento dignidad.
Todo esto, a una semana que se realice la cuenta pública. Si bien el gobierno intentará quedar mejor parado frente a la promesa de cumplir con su programa, la forma que se está abordando dista mucho de llegar a una solución verdadera. Y es que con palos y mayor represión a pobladores, no se solucionará el sueño de la casa propia. Es necesario ya un plan de obras publicas que responda a las necesidades existentes. Este plan debe ser financiado por el impuesto a las grandes fortunas, además de gestionarse y organizarse por sindicato de trabajadores, pobladores y quienes pertenezcan a los comités de vivienda. Todo esto financiado con el impuesto a las grandes fortunas del país, que son los principales promotores de la desigualdad. |
