La acusación, respaldada por la AFIP, alega que la empresa utilizó facturas falsas para obtener reintegros indebidos de IVA por más de 143 millones de pesos entre 2016 y 2019. La maniobra fraudulenta implicó el uso de 80 proveedores ficticios algunos con domicilios en lugares absurdos como el Océano Pacífico y una escuela según la investigación.
Entre los procesados se encuentran Daniel Buyatti, Alberto Macua, Roberto Gazze, Máximo Padoan, y varios miembros de la familia Vicentin. Todos enfrentan la posibilidad de penas de prisión de hasta nueve años, agravadas por la participación de múltiples personas en la maniobra delictiva.
Los procesados enfrentarán embargos de 100 millones de pesos cada uno, como parte de las medidas judiciales tomadas para asegurar el resarcimiento del daño al Estado. La resolución de este caso puede marcar un precedente importante para futuros litigios contra prácticas empresariales ilícitas. | 
