La Plaza del Congreso de Buenos Aires amaneció completamente vallada, como cada vez que el se prepara para votar contra el pueblo trabajador Argentino. Desde temprano se concentraron frente al Congreso miembros de asambleas barriales, movimientos sociales y partidos de izquierda que rechazan el contenido de la ley. También estuvieron presentes las dos centrales sindicales del país, la CGT y la CTA, que no llamaron a un paro ni organizaron medidas de lucha serías, sino sólo una movilización. En lo que pareció una maniobra coordinada de antemano, ni bien se retiraron las centrales sindicales, pasadas las tres de la tarde, el gobierno desató una represión feroz contra los manifestantes que quedaban en la plaza.

Mientras tanto, dentro del Senado continuaban las negociaciones. Con una votación en general hasta ahora muy ajustada y empatada con 36 votos de cada lado, el gobierno tuvo que ceder con cambios en varios artículos para asegurarse las voluntades y evitarse algunas derrotas en la votación en particular.

Finalmente, la “Ley bases” de Javier Milei fue aprobada en general, aunque con un resultado muy ajustado y rodeada de escándalos y cuestionamientos que aportan más debilidad para el gobierno. Con 36 votos a favor y 36 en contra, debió desempatar Victoria Villarruel. La presidenta del Senado quiso dar un discurso antes de desempatar, pero no puedo por los gritos que inundaron el recinto. Es que Villarruel no puede dar un discurso, su rol solo es "ordenar el debate".

A pesar de tener que ceder en nuevos cambios para intentar sumar más voluntades y evitar salir derrotado, en la votación en particular se esperan más cruces. Una vez finalizada la votación en particular, será una sanción en los hechos, pero tendrá que volver a Diputados. Los cambios como el de quitar la eliminación de la moratoria previsional y sacar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina de las empresas a privatizar, todavía no están firmes. Tendrán que ser aceptados o rechazados por las y los diputados.

Hacia el final de la jornada el gobierno leyó otra tanda de cambios, esta vez en el RIGI (Regimen de Incentivo a las Grandes Inversiones). Acotaron el régimen a 5 actividades: agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología. Incorporaron que al menos el 20% del total de la inversión destinado al pago de proveedores locales. Este era un reclamo de cámaras empresarias como la UIA.

Al gobierno de Milei le reclaman hace rato que muestre “acuerdo político” del Congreso, tanto el FMI como sectores empresariales. La sesión del Senado no fue una buena señal para esas exigencias.

La aprobación en general se dio con un empate y con una masiva movilización de rechazo afuera del Congreso, que fue reprimida por el operativo de Patricia Bullrich.

Además, el “acuerdo político” de los 36 votos que acompañaron al gobierno están cuestionados y flojos de papeles. El caso de la senadora Lucila Crexell de Neuquén fue el más resonante: su voto está asociado al cargo de embajadora de la UNESCO con sede en Paris. Otro caso es el del peronista Edgardo Kueider, de Entre Rios. Mientras transcurría la sesión, se conoció un decreto presidencial que le otorgaba dos cargos en el directorio de la Comisión Técnica Mixta de la represa hidroeléctrica Salto Grande. También los gobernadores de muchas de las provincias que lo acompañaron desfilaron hasta un día antes de la sesión, por la Casa Rosada para cerrar convenios de obras públicas con el jefe de gabinete Guillermo Francos.

El PRO volvió a actuar casi como un interbloque con La Libertad Avanza, y la UCR aportó buena parte de los apoyos y colaboró para que salga la ley. En el caso de Martín Lousteau, aunque marcó sus diferencias y votó en contra, fue un aliado clave del gobierno para que pueda existir la sesión: sin él, no había quórum. En la votación también terminó ayudando al gobierno: para que sea válida una votación en el Senado se necesitan 37 votos emitidos de mínima por la positiva o la negativa. Si los opositores a la ley decidían abstenerse o retirarse del recinto podían hacer caer la sesión con sus 36 voluntades (33 de Unión por la Patria y los 2 santacruceños eran 35, si Lousteau se sumaba a esta estrategia se lograba).

Los dos santacruceños (Carambia y Gadano) estuvieron ausentes durante toda la sesión y recién bajaron al recinto para el momento de la votación. Habían anunciado el día anterior que no darían quórum. Otra de las irregularidades que sumó esta sesión fueron las denuncias de la senadora Gadano: publicó que recibió amenazas en sus redes de que iban a matar a sus hijos por oponerse a la ley.