Trece años han pasado desde el desarrollo del movimiento estudiantil universitario por la gratuidad de la educación (2011). En la Universidad de Chile, su fuerza se gestó algunos años antes. Los primeros signos fueron la respuesta universitaria al llamado Proyecto Bicentenario o Plan Bolonia (que contó también con estudiantes y funcionarios como detractores y una toma en Juan Gómez Millas y la Facultad de Artes que duró un mes). O la emblemática toma de la Facultad de Derecho comandada por quien ahora es el Presidente de la República y que terminó con Davor Harasic como decano luego de haber apoyado la toma estudiantil. A nivel nacional, ya se venían desarrollando las movilizaciones contra el CAE y el endeudamiento educativo. Los debates no han cambiado, estructuralmente la Universidad de Chile tampoco.
La institucionalidad que durante años administró la educación de mercado, también demostró su incomodidad. El rector Victor Pérez (2009) comenzó a hablar de la necesidad de una Ley de Universidades del Estado para lo cual propuso un Nuevo Trato con el Estado, consistente en el aumento de aportes basales a las universidades públicas: “Crear un aporte basal permanente, equivalente al menos al 50% del presupuesto actual de cada universidad pública, reajustado como porcentaje del PIB, establecido por ley y consignado en el Presupuesto de la Nación; destinado exclusivamente a las universidades públicas”.
Si el año 2009 la matrícula se estableció en 25.181 estudiantes de pre y posgrado, para el 2024 esa cifra casi se ha duplicado y las políticas públicas para abordar el desfinanciamiento, se aplicaron tibiamente. Hasta ahora la Universidad de Chile no cuenta ni con el 50% de aportes basales directos (AFD) propuestos por la política de Pérez en su propuesta de Nuevo Trato con el Estado, y muy lejos se está de la demanda del 100% de financiamiento a través de aportes basales directos que exigió el movimiento estudiantil del 2011, superando el programa de rectoría. En el periodo de Ennio Vivaldi (2017) se legisla la Ley de Universidades Estatales y la Ley de Educación Superior (que reglamenta la beca gratuidad).
Según la Fundación Sol, el aporte promedio por AFD recibido por los planteles estatales corresponde a $8.263 millones, mientras que en los planteles privados CRUCH asciende a $11.151 millones (2021). Valga preguntarse entonces: ¿Cómo han resuelto las nuevas autoridades la crisis histórica que vive la Universidad de Chile? La matrícula se ha duplicado. El autofinanciamiento, se mantiene. El financiamiento basal, cubre sólo un porcentaje reducido del funcionamiento de la Universidad. La Ley de Educación Superior, marca al sector privado como preferente. ¿Qué proyecto tiene la actual rectoría para fortalecer la universidad? Pareciera no tener.
De movilizaciones y excelencia, el sello social de la universidad con mejores resultados académicos en Chile
Las últimas semanas se ha concitado un debate público sobre la Universidad de Chile y las movilizaciones estudiantiles. La derecha en coro, utilizando sus medios de comunicación y a través de sus académicos, ha buscado estigmatizar, criminalizar, hostigar y calumniar a los estudiantes. Su temor: que vuelva el movimiento estudiantil a la escena. Su objetivo: atacar y desprestigiar a las universidades estatales por estar plagadas de “política”, organización y movilización universitaria (que es lo único que ha cuestionado su modelo de universidad empresa), quieren seguir resguardando el lucro y que la educación siga siendo un privilegio. Cuando claman por imponer el orden –incluso llamando abiertamente al desalojo y la persecución a quienes se movilizan–, quieren dar un mensaje a todo el país. Y es que aprendieron la lección: si en el pasado las movilizaciones estudiantiles ganaron la opinión pública y pusieron en entredicho la agenda de la derecha y los empresarios, hoy es fundamental evitar que algo similar vuelva a pasar. Sobre todo en momentos en que son los dueños de Chile y sus políticos quienes siguen imponiendo una agenda reaccionaria.
Rosa Devés y el gobierno de Boric se suman a la orquesta, tal cual se han visto presionados por la agenda de seguridad cediendo a cada ley propuesta por la derecha (Ley Naín Retamal, Ley de infraestructura crítica, Ley Antitomas, Militarización de la Araucanía…), esta vez condenó “las pintadas por pensar distinto”, como dijo el Presidente, replicando una fake news, sin siquiera saber qué es lo que verdaderamente está pasando en las universidades. Rosa Devés se mantuvo de viaje en plena crisis, en un momento de ataques a la Universidad de Chile, donde las voces más radicales abogan por seguir cercenando a la institución, como en dictadura. Sebastián Edwards afirma estar convencido de la necesidad de separar Beauchef de la Universidad de Chile; otros, hablan de que se está perdiendo la excelencia, pero es una afirmación contrafáctica.
Según la evaluación realizada por el University Ranking by Academic Performance (URAP) 2023-2024; la Universidad de Chile quedó en el lugar 418 a escala global y en el 9 de Latinoamérica; seguida por la Pontificia Universidad Católica (en el lugar 450); y la Universidad de Concepción (en el puesto 761). No sólo eso, luego de las movilizaciones del 2011, el año 2013, cuando la institución recuperó el primer lugar en puntaje promedio ponderado de la PSU, el rector Victor Pérez reabrió el debate sobre el financiamiento estatal a la Universidad de Chile denunciando un recorte presupuestario de los aportes basales de desempeño por razones ideológicas: “de manera arbitraria y autoritaria, se nos impuso esta fórmula, que no se condice con la realidad; por lo tanto, lo único que uno dice es que hubo una manipulación, e incluso nuestra comunidad siente que o hay incompetencia o hay un sesgo ideológico que busca perjudicar a la U. de Chile” (Revista Qué Pasa).
No existe un impacto negativo en la excelencia luego de las movilizaciones estudiantiles. Sí podemos constatar que este argumento, contra el derecho legítimo a la manifestación por parte de estudiantes y la comunidad universitaria, se ha utilizado como excusa para reducir los aportes basales por desempeño. El rector Pérez llegó a acusar al gobierno de Sebastián Piñera de alterar los índices de desempeño para otorgar a la Universidad de Chile el tercer lugar y no el primero.
Por el contrario, la relación entre movilizaciones y generación del conocimiento marca el carácter de la Universidad de Chile. Son sus estudiantes, académicos y funcionarios los que imprimen un sentido social o “vocación pública” a la universidad y, el debate político, que se expresa también en formas diversas de manifestación, forjan profesionales que piensan sus áreas, al menos, desde un sentido crítico. Los más aventurados y consecuentes ponen el conocimiento y sus profesiones al servicio de los trabajadores y sectores populares.
Claro que no es generalizable, en una universidad donde “todas las verdades se tocan”, la derecha mantiene también sus intelectuales, debatiendo en el seno de la universidad pública a favor del mercado. Abogados defensores de grandes empresarios como Davor Harasic, que no tuvo problema en defender a Carlos Lavín y Carlos Délano, hoy día se pronuncia contra la movilización. O los columnistas estrella de la derecha chilena que buscan hacer pasar las movilizaciones estudiantiles como acontecimientos totalitarios, todo con el objetivo de que el debate educativo no se vuelva a desarrollar (que es lo verdaderamente antidemocrático), como Pablo Oyarzún, regalón de La Tercera.
El problema no es si las movilizaciones impactan el nivel de excelencia, el problema es que la universidad pública se encuentra asediada por el mercado, como han denunciado generaciones de rectores y la comunidad universitaria. Asediada, también, por autoridades sin proyecto educativo, como Rosa Devés, que por ausencia de una política educativa para fortalecer la universidad, responde con autoritarismo y calumnias negando cualquier diálogo. La disputa entonces está entre quienes quieren fortalecer la educación pública evidenciando la precariedad y la crisis en la que se mantiene inmersa la Universidad de Chile, exigiendo más democracia y más financiamiento, y quienes quieren que se caiga a pedazos. ¿Dónde se ubicará la rectora Rosa Devés?
Estudiantes y funcionarios reavivan el debate educativo
La Universidad de Chile siempre ha estado cruzada por tensiones y disputas, las autoridades hasta ahora han cumplido un rol objetivo de administrar la educación de mercado. Aunque algunos lo hicieron desde una perspectiva crítica y en constante emplazamiento a los gobiernos de turno. Ese fue el caso de Victor Pérez y Ennio Vivaldi.
Los estudiantes pasaron de un programa hegemonizado por posiciones reformistas que abogaban por el arancel diferenciado, a posiciones realistas que miraban que la única forma de fortalecer y defender la Universidad de Chile era a través de los aportes basales directos que cubrieran un 100% de la actividad de la Universidad.
El problema de las autoridades de hoy es otro, cargan con más de una década de movilizaciones que expusieron las enormes grietas que sufre la educación pública hasta el día de hoy, pero carecen de un proyecto alternativo para avanzar a fortalecer la Universidad de Chile. Luego de la legislación de la Ley de Educación Superior y la Ley de Universidades del Estado, la actual Rectora Rosa Devés se quedó sin política, sin proyecto, sin un norte.
Los estudiantes, funcionarios y académicos, junto a la denuncia del genocidio y la exigencia por la ruptura de los convenios con las universidades israelíes, están reavivando el debate educativo, y está siendo costoso. La derecha ha buscado golpear el prestigio de connotados académicos que apoyan la movilización. Faride Zerán denuncia “macartismo” entre las paredes de la casa de estudios contra académicos que apoyen a los estudiantes. Y la rectora, lejos de defender a la comunidad, la entrega en bandeja a los opinólogos de ocasión.
La disyuntiva es simple: o se defiende la educación pública o se baila a la música de quienes quieren destruirla. Las y los estudiantes movilizados han planteado con claridad que defender la educación pública ineludiblemente implica cuestionar el actual modelo universitario. La educación pública es incompatible con la complicidad con el genocidio. Por eso exigen la ruptura de los convenios con universidades israelíes implicadas en éste. La educación pública es incompatible con la precarización laboral. Por eso hay que exigir un plan de financiamiento a toda la educación pública, inicial, escolar y universitaria. La educación pública es incompatible con el autoritarismo y el gerencialismo empresarial. Por eso hay que luchar por el cogobierno triestamental.
La gesta que está llevando adelante la comunidad universitaria requiere de la más transversal solidaridad, de su triunfo depende que las universidades públicas puedan superar el ocaso generado por la crisis de modernización y el modelo neoliberal, y servir a los intereses de las grandes mayorías, de los trabajadores y el pueblo. |
