Desde noviembre de 2019, con el congelamiento de las tarifas eléctricas en medio del estallido social, hasta agosto de 2022, con una alta inflación que parecía no tener techo, el sector eléctrico chileno ha vivido un complejo proceso de estabilización tarifaria. Durante casi cinco años, los esfuerzos por mantener las tarifas estables han acumulado una deuda significativa con las empresas generadoras de energía, alcanzando los 6.000 millones de dólares.

El Mecanismo de Protección al Cliente (MPC), creado para mitigar el impacto del congelamiento, fue implementado en abril de 2023, permitiendo un incremento del 2,5% para los clientes de uso domiciliario. Sin embargo, para los segmentos de mayor consumo, las alzas fueron mucho más significativas, entre el 10% y el 16%. Esta situación dejó en evidencia la acumulación de costos para los grandes consumidores.
Consultoras como Systep han cuestionado la efectividad del MPC, destacando que estabilizar las tarifas para el segmento de mayor consumo implicaría un costo doblemente elevado. Este segmento, aunque representa solo el 7% de los clientes regulados, consume el 58% de la energía regulada, lo que dificulta su inclusión en las medidas de estabilización sin un impacto financiero considerable.

El nuevo escenario tarifario, próximo a ser implementado, afectará a millones de hogares y pequeñas empresas en todo el país. Las alzas regionales revelan que los consumidores de entre 180 y 400 KWh mensuales serán los más perjudicados, con incrementos que superan el 40% en regiones como Valparaíso y Atacama, mientras que Tarapacá (con 27%), Arica y Parinacota (31%), y Los Lagos (30%), serán los menos afectados en ese segmento, pero con aumentos igualmente significativos. La Región Metropolitana, en tanto, tendrá un aumento de 36% en su cuenta tipo para ese segmento de consumidores. Este incremento significativo en las tarifas eléctricas plantea serias preocupaciones sobre la sostenibilidad económica de muchas familias y pequeñas empresas.

El encarecimiento del servicio seria algo inevitable según el ministro Pardow, que esta situación seria inevitable para mantener la sostenibilidad del sistema, pero la verdad es que las empresas que suministran la electricidad en el país, todas privatizadas durante la dictadura y reafirmadas durante los años de la concertación, han buscado sistemáticamente maximizar sus ganancias reduciendo costos, que han ido de la mano con la precarización del trabajo, subcontratando ampliamente las redes de asistencia de emergencia, evitando grandes inversiones para la renovación y/o actualización de la estructura del sistema, lo que ha provocado grandes problemas como extensos cortes o incluso la ausencia de la red en las zonas rurales.

De hecho, el caso de la región metropolitana es icónica, donde durante cada lluvia, son miles de hogares los que se ven con la luz cortada y la empresa, al no tener cuadrillas suficientes para reponer rápidamente el servicio, hay zonas que han estado incluso semanas sin reposición.