Once personas que en 2021 irrumpieron en un acto electoral de Vox en la localidad madrileña de Navalcarnero acaban de ser condenadas a penas de hasta cinco años y medio de prisión. La Audiencia Provincial de Madrid atribuye a los activistas delitos de atentado, daños, lesiones y desórdenes públicos, en algunos casos con la agravante de discriminación ideológica por irrumpir en un acto de campaña del partido de Santiago Abascal.

El partido de extrema derecha acudió a esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid el 21 de abril de 2021 ante lo cual vecinos y vecinas del municipio junto a activistas antifascistas se concentraron para protestar contra la presencia del partido de extrema derecha en la localidad. La Guardia Civil actuó contra los manifestantes como había sucedido dos semanas antes en una misma protesta contra otro mitin de Vox en el barrio de Vallekas en el que la policía concluyó cargando contra los manifestantes para garantizar el desarrollo del acto.. En el caso de Navalcarnero la Guardia Civil detuvo a quince manifestantes, de los cuales once hoy han sido condenados.

Las condenas de diez de los once encausados superan los dos años de cárcel, lo que implicaría su entrada en prisión. Dos de los encausados han sido condenados a cinco años y medio de prisión por desórdenes, atentado contra la autoridad, daños, y lesiones. Otro más a dos años y cinco meses de cárcel. Un grupo de siete acusados, a dos años y siete meses de prisión y un último encausado, a un año y nueve meses de prisión.

El juez ha decidido aplicar la circunstancia agravante de discriminación ideológica lo que aumenta las penas por los delitos considerablemente. Esa discriminación contra el partido de extrema derecha, según se ha pronunciado la Audiencia de Madrid, “se constata de manera clara en los insultos dirigidos contra los representantes del partido político Vox y contra los asistentes al mitin”.

La judicatura usa la acusación de delito de odio en este y otros procesos contra activistas antifascista, curiosamente acusados por protestar contra actos de Vox, partido de extrema derecha que despliega grandes discursos odio en sus actos. De hecho, esto es algo recurrente en estos procesos. Los mismos tribunales madrileños tienen otro caso pendiente en el que una persona se enfrenta a una acusación de delito de odio por criticar a Vox.

El caso de Navalcarnero además no es el único caso de represión a activistas que protestan contra Vox que termina en condenas de prisión. El pasado mes de febrero el Tribunal Supremo impuso condenas de cuatro años y nueve meses de cárcel y multas de casi 50.000€ a 4 jóvenes por participar en 2019 en una manifestación contra Vox. Estos jóvenes recientemente han entrado prisión.

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También hace apenas unos días, la judicatura impuso seis meses de cárcel a un hombre por cometer un delito de odio y seis meses más por amenazas, por una agresión a un dirigente de Vox en Ceuta.

La judicatura heredada del franquismo trata con guante de seda a empresarios, políticos y corruptos mientras aplica condenas brutales a quienes protestan contra actos de Vox como ocurrió con los antifascistas de Zaragoza o ahora con los jóvenes de Navalcarnero. También lo vimos esta semana con la ratificación de la condena de 3 años y medio de prisión a las 6 trabajadoras de La Suiza por parte del Tribunal Supremo. Son muchos los casos de represión política y sindical, lo que deja cada vez más evidente que su función es la de proteger los intereses de la extrema derecha, los empresarios y el status quo reprimiendo a los luchadores.

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